El Ministerio de Desarrollo Territorial avanza en el camino para reducir el déficit habitacional. Con el ojo puesto en el primer eslabón, la oferta de suelo urbano, firmó una resolución para implementar, junto con gobiernos locales, estrategias que permitan ampliar la cantidad de suelo público y privado apto para desarrollos urbanísticos. Prevé además conformar bancos de tierras municipales y provinciales y asistirlos en el diseño e implementación de estrategias e instrumentos de planificación urbana, gestión de suelo y regularización dominial.
La cartera de hábitat busca de esta manera formalizar canales de trabajo con gobiernos locales, que son los que tienen la potestad de decidir cómo organizar del desarrollo urbano. Desde el gobierno nacional los acompañan con ideas, programas y recursos. "Como gobierno hemos definido por primera vez tener una política de suelo urbano explicita y eso marca un rumbo que arrancó y va crecer. Sin suelo urbano de calidad y a valores accesibles no va a haber ninguna política de hábitat exitosa. Hay sectores a los que el mercado no atiende y no les da una solución", aseguró en diálogo con PáginaI12 Luciano Scatolini, el secretario de Desarrollo Territorial firmante de la resolución.
Primer paso, la Ley
Una de las estrategias que buscan afianzar el gobierno nacional es la presentación de proyectos de ley provinciales sobre planeamiento territorial que puedan dar el marco para realizar relevamientos e implementar políticas. Es que hay veinte de las veinticuatro provincias argentinas que no cuentan con legislación sobre planeamiento y organización territorial. Desde el ministerio impulsan este punto como inicial para poder avanzar en el desarrollo urbano. Gracias a este impulso, La Rioja votó en junio la Ley de Desarrollo Territorial, y se encuentran dos en debate en las legislaturas de Chaco y Catamarca. "Que haya legislación es un paso clave para empezar a planear estrategias", afirmó Scatolini.
El secretario adelantó que con ese tema resuelto, un segundo paso es realizar un relevamiento de datos espaciales que permitan detectar lotes o tierras con posibilidad de ser utilizadas para construir desarrollos urbanísticos. En la provincia de Buenos Aires, que cuenta con legislación avanzada al respecto- la ley de Acceso Justo al Hábitat-, "llevamos adelante un relevamiento de datos espaciales que nos permitió detectar que hay mas de 180 mil lotes subdivididos y aprobados que están en estado de no uso y abandono hace más de 70 años, con pliegos del año 40 y 60", aseguró el Secretario. Hecho esto, otra de las estrategias es la de trabajar junto con los municipios para poder establecer criterios de uso dada las normativas vigentes.
Para este paso de la estrategia, es decir el de analizar cada caso particular tras hacer un relevamiento del suelo y lotes disponibles en cada provincia, existen por lo menos dos instrumentos que pueden dar un marco para permitir poner en uso o darle valor con potencial para solucionar las problemáticas habitacionales locales. La ley de hábitat de cada jurisdicción y la ley de usucapión a nivel nacional. Esta última es una forma de adquirir derechos reales como la propiedad a través de la posesión del bien durante un tiempo determinado por la ley.
Esta decisión se suma como un componente más del Plan Nacional de suelo urbano, lo que permite entre otros beneficios que el gobierno nacional pueda encargarse de financiar la estructura de servicios que requieran las tierras identificadas y seleccionadas dentro del plan de organización urbana de cada jurisdicción. El Plan Nacional de Suelo Urbano, que busca vincular la política de suelo con el desarrollo territorial para ampliar el acceso de la población a suelo urbanizado y construir así ciudades más compactas, equitativas y accesibles, ya cuenta en su haber con 30.000 lotes en ejecución en todo el país, a los que se sumarán 18.188 de esta segunda etapa por una inversión total de 77.200 millones de pesos del gobierno nacional.
Uno de los considerandos de la resolución resume su espíritu: "La ampliación de la oferta de suelo apto es condición prioritaria para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, económicos, sociales y culturales, promoviendo ciudades compactas, equitativas y sostenibles".
