A un año del deceso de Maradona, la causa por la muerte es cualquier cosa menos pacífica. En el escrito judicial se reproduce un textual de Polémica en el Bar: “...hubo plata sobre la mesa, para archivar la causa, hubo plata sobre la mesa, tres millones de dólares...”. De inmediato, el redactor del escrito, Mario Baudry, representante de Verónica Ojeda, madre de Diego Fernando, el menor de los hijos de Diego Maradona, intentó dejar en claro que no estaba hablando de soborno, aunque lo estaba sugiriendo. Y, en consecuencia, pidió el apartamiento de los fiscales que intervienen en el expediente de la muerte del Diez. Su argumento central es que los fiscales favorecen al abogado de Diego, Matías Morla, a quien deberían involucrar --dice Baudry-- en el fallecimiento porque supuestamente Maradona fue perdiendo bienes, eso lo deprimió y fue cayendo en “un abandono pronunciado de su salud”. 

Los fiscales, en cambio, se concentran en los hechos concretos que terminaron con la vida de Maradona y que tuvieron que ver con la catastrófica atención médica del final, con la reclusión en un lugar totalmente inadecuado en el que ni siquiera se le suministró un diurético ante el hecho evidente de que retenía líquido, estaba hinchado, con el peligro para su corazón que terminó no resistiendo.

La pelea entre los herederos

La recusación de los fiscales Laura Capra, Patricio Ferrari y Cosme Iribarne tiene paralizado el expediente por la muerte de Maradona. Es que la cuestión ahora tiene que ser resuelta por el juez Orlando Díaz, que en los próximos días convocará a una audiencia que se prevé más que caliente. Estará Baudry y estarán los fiscales. Pero la situación tiene una curiosidad: las tres hijas de Maradona, Dalma, Giannina y Jana, no están de acuerdo con la recusación, sostienen que los fiscales deben continuar, lo que además evidencia las discrepancias entre los herederos. Las hijas piensan que todo demora el expediente y aunque pueden estar un poco más o un poco menos de acuerdo con los fiscales, avalan lo hecho.

Los fiscales, coordinados por el fiscal general de San Isidro, John Broyard, sostienen tácitamente que todo lo que tiene que ver con el conflicto entre Morla y los herederos de Maradona se tramita en otras causas, por estafa, administración fraudulenta o lo que sea, pero no en el expediente de la muerte. Por ejemplo, los médicos, en sus indagatorias, ni siquiera lo mencionaron a Morla ni aparece jugando un papel en lo ocurrido. El abogado sí tenía relación con Leopoldo Luque pero no fue el que se lo presentó a Maradona, no conocía a la psiquiatra Agustina Cosachov, sí fue el que introdujo al psicólogo Carlos Díaz y no tuvo la menor relación ni con los enfermeros ni con los coordinadores. El criterio de los fiscales --según se ve en sus escritos-- es que la responsabilidad pesa sobre los profesionales de la salud, que son los que estudiaron para preservar las vidas y suministrar un tratamiento adecuado.

Desde el punto de vista procesal, pasó un año de la muerte de Maradona y la causa está lista para la etapa de las definiciones. Se tomaron todos los testimonios y todas las indagatorias, se analizaron los celulares y los mensajes, y, sobre todo, se hizo una junta médica, algo siempre muy difícil, que demora bastante y que trae polémicas.

"Homicidio simple con dolo eventual"

A partir de las conclusiones de la Junta Médica, los fiscales calificaron lo ocurrido como homicidio simple con dolo eventual, con una pena posible de ocho a 25 años de prisión. El dolo eventual significa que actuaron con negligencia y pese a que veían el peligro de muerte, no hicieron nada por evitarlo. Esto último se constata --según el equipo de fiscales-- por los mensajes de texto que circulaban en el equipo que atendía a Maradona. Se agrega que, tras la operación en la cabeza realizada en la Clínica Olivos, los profesionales de esa institución le advirtieron a los médicos de Diego y a su familia que el Diez no debía ir a una vivienda privada sino que correspondía internarlo en un centro de rehabilitación, porque requería controles permanentes debido a la adicción al alcohol. A raíz de esa postura, se firmó un acta en la que dos hijas de Maradona, Luque y Cosachov se hicieron responsables de llevar a Maradona a la casa de Tigre, que era evidentemente inadecuada, Diego se levantaba poco y nada de la cama y cursaba una gravísima depresión.

Hay un punto que estará en el centro de la polémica: los médicos dirán que Diego no aceptaba internarse, que no quería ver médicos, que rechazaba cualquier tratamiento. Del otro lado, el de la acusación, se sostendrá que Maradona no estaba en condiciones de decidir, algo que se vio el día de su cumpleaños en la cancha de Gimnasia Esgrima de La Plata.

El juez Díaz tiene que resolver la recusación y después los fiscales pedirán la elevación a juicio. Tendrán que opinar las partes: los hijos y la defensa de los siete imputados. Habrá apelaciones a la Cámara Penal y seguramente a la Casación. Y habrá que ver cuál es el delito: abandono de persona seguido de muerte, homicidio por dolo eventual y lo más leve, homicidio culposo por negligencia. El juicio es casi seguro que recién se hará en 2023, pero es difícil que se aclare la inexplicable muerte del ídolo de apenas 60 años.