Ayer, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Observatorio de Violencia Contra las Mujeres presentó su sexto Informe Anual, en el que describen en base a datos la realidad de la violencia de género en la provincia. En esta ocasión, el documento refleja las estadísticas más relevantes del primer semestre del 2021.

Una de sus directoras, la representante por el Senado, Inés Bocanera le contó a Salta/12 que desde que comenzó a funcionar ese Observatorio, creado en el 2016 tras la Emergencia en Violencia que se declaró en el 2014, hubo una tendencia al alza en la cantidad de denuncias. En el período relevado este año (enero-junio), la Oficina de Violencia Familiar y de Género de la Justicia ya había recibido 12.338 denuncias, lo que, haciendo una proyección anual, “y teniendo en cuenta que siempre los últimos meses del año son en los que más se denuncia”, significaba ya un 56% de las recibidas en el 2020 (21.935 en todo el año).

Por lo que el total de este año sería superior, demostrando lo que vienen relevando desde que comenzaron a realizar sus estudios. En el 2016, se produjeron 14.695 denuncias; en 2017, 11.510; en 2018, 14.584; en 2019, 21.707; en 2020, 21.935 y hasta junio de 2021, 12.338. Bocanera aclaró que en el 2020 se produjo un amesetamiento debido a las restricciones de la circulación producidas por la pandemia de coronavirus, que generó que muchas de las bocas de recepción de denuncias se encuentren cerradas o con horarios y personal limitados, a lo que se sumó la dificultad para salir o conseguir transporte.

La violencia doméstica se documentó en más del 95% de las denuncias y en el 61% del total se indicó daño psicológico. El Sistema de Emergencias 911 durante el primer semestre relevado respondió 78.789 requerimientos por violencia familiar en curso, violencia familiar histórica y violencia de género. El 49% de las denuncias fueron tomadas en comisarías, el resto las realizaron en las bocas de denuncias habilitadas en los últimos años.

Las denunciantes en su mayoría son mujeres: el 73,3%. Y el 26,7% restante varones. Aunque aquí se señala que no se registra el género autopercibido de las personas, por lo que ese último porcentaje no es tan claro. El 37% denunció a su ex pareja; seguido de la familia nuclear (28%), y en tercer lugar, la pareja actual, conviviente o no (18%).

En cuanto a los femicidios registrados a través del protocolo que elaboró ese organismo, en donde se consignan Muertes violentas, Femicidios, Transfemicidios y Trasvesticidios. En lo que va del año ocurrieron 13 muertes violentas, de las cuales 10 ya fueron caratuladas como femicidios por el Ministerio Público Fiscal, y las otras tres están siendo investigadas.

La directora destacó que más de la mitad de las víctimas (58%), tenían entre 20 y 39 años, marcando que son las jóvenes las que más sufren la violencia extrema, mientras que el 17% tenía entre 14 y 17 años, y solo el 8% 50 o más. “En su mayoría son sus ex parejas”, contó Bocanera. El 50% de los femicidios se produjo en la propia vivienda, el 33% en la vía pública y el restante 16% en el lugar de trabajo.

Si bien subrayó que la comparación anual no es lo que ellas ponen de manifiesto, el dato es que con respecto al 2020 aumentaron los asesinatos a las mujeres, porque el año pasado se produjeron 11 femicidios, mientras en lo que va de este  ya se contabilizan 13.

Políticas Públicas en deuda

La directora del OVCM, expresó que de acuerdo a su monitoreo de políticas públicas, es necesario reforzar en todos los dispositivos relacionados tanto al poder Ejecutivo como al Judicial “el seguimiento posterior a las denuncias”. “Una persona que denuncia supone que luego va a recibir protección, sin embargo se encuentra con una situación de vacío“, y entre otras cosas la asoció a la falta de información así como de mecanismos de contención.

“Hay una batería de instituciones que asisten a las víctimas y reciben denuncias, pero luego son contadísimas las que pueden contener y proteger a esas mujeres una vez que realizaron la denuncia”, añadió Bocanera. “Por ejemplo, no saben que tienen la posibilidad de volver a denunciar en caso de una nueva agresión, y que esa denuncia implica que ese agresor violó quizá una medida judicial y que por lo tanto implica un delito”, detalló.

Tampoco se olvidó de seguir mejorando los mecanismos y la calidad de los servicios de seguridad, como los botones antipánico de los “que debe haber disponibilidad y tienen que funcionar”, o “que llamen al 911 y que llegue en el tiempo que corresponde”. Sobre ese aspecto, Bocanera mostró esperanza en que se produzca un cambio profundo en las estructuras de Seguridad tras la llegada del ex procurador Abel Cornejo, con quien ya acordaron un encuentro la semana que viene, pero que ya tenían un trabajo aceitado cuando era jefe de fiscales.

En el informe se destaca que tan solo dos ministerios cuentan con un presupuesto sensible a las mujeres, género, y diversidades que representa el 0.02% del presupuesto total de la provincia. Por lo que en la presentación, las directoras volvieron a recordar la importancia que tiene jerarquizar la problemática desde el presupuesto provincial, “así como en estructuras más consolidadas”.

De los hospitales públicos de la provincia, solo el San Bernardo cuenta con un sistema de registro de situaciones de violencia de género, “se trata de una herramienta fundamental para la detección temprana y prevención”, resalta el documento. Y de los 64 centros de salud, solo 8 garantizan interrupciones voluntarias y legales del embarazo. Del mismo modo, solo 8 profesionales no son objetores.

Por último, otro de los datos relevantes fue en relación a los abusos sexual, en el primer semestre el sistema de emergencias 911 recibió 1.038 requerimientos; y se denuncian en promedio 13 abusos sexuales simples por mes, observándose en marzo y septiembre puntos superiores a la media.

Un Senado patriarcal

Inés Bocanera ocupa el directorio del OVC representando a la Cámara de Senadores, lugar al que accedió tras un concurso que luego ratificó. Y reconoció que allí está faltando perspectiva de género a la hora de la representatividad.

En primer lugar atribuyó la falta de senadoras mujeres (solo una en 23) a la Ley de Paridad en los cargos electivos, que no contempla los casos de listas uninominales, tal como sucede en la Cámara alta, en donde solo se elige un representante por departamento. Ya que en los demás obliga al 50% de cada género en las listas. “Entonces puede darse lo que pasa en el Senado de manera repetida”.

Para ello ya se están estudiando un par de proyectos que plantean “la paridad horizontal”, eso es, que se intercale por departamentos y mandatos las paridades, “para que existan elecciones en donde en algunos departamentos se postulen mujeres y en otros varones y en la elección siguiente se intercalen”. “Pero eso hoy no está planteado en la Ley, y hasta que no exista una reforma, esto puede seguir dándose”, explicó.

Pero con respecto a lo que fue uno de los reclamos de la oposición en la última elección de autoridades, en donde la mayoría decidió por votación elegir a tres varones para ocupar las vicepresidencias, excluyendo a la única senadora mujer, la representante por San Carlos Sonia Magno, Bocanera lamentó que no haya prevalecido esa mirada para equiparar al menos un poco la casi inexistente representatividad de género en el recinto.