El proceso abierto para nombrar dos auditores que complete la renovación de los integrantes del máximo organismo de control provincial, repercutió en una serie de cuestionamientos que llegaron al Senado, por ser el que aprobará los pliegos propuestos y a la Convención Constituyente, debido a que analiza modificar los artículos de la Carta Magna que refieren a la composición de la Auditoría.

Los convencionales se encuentran en un cierre de tarea frenético, ya que en 13 días tienen que sancionar los cambios a la Constitución, y aún no se ponen de acuerdo en las distintas comisiones sobre los puntos claves a modificar.

Por lo que fue poco oportuno que en pleno proceso de revisión de la elección de los Órganos de Control Estatal por parte de la Asamblea Constituyente, la comisión de Auditoría de Diputados elevara al Senado para su aprobación, el pliego de dos nombres propuestos por sectores afines al gobierno para reemplazar a los que se les cumple el mandato en diciembre.

Estos son, Elsa del Valle Pereyra Maidana, la renovadora que en las últimas elecciones nacionales acompañó a Felipe Biella en el frente SI+PRS, y Marcos Antonio Segura Alzogaray Mendía, quien renovaría su cargo, al que llegó de la mano del Partido de la Victoria (PV), pero que ahora fue propuesto por el bloque Más Salta. 

Ese bloque y el del Partido Renovador, son objetados por los sectores opositores de la Cámara de Diputados, como Juntos por el Cambio+, el Frente de Todos y hasta algunos renovadores disidentes como Cristina Fiore, ya que ambos integraron las filas oficialistas en las elecciones provinciales. Más Salta fue junto al Frente Gana Salta, y los Renovadores en las listas de Unidos por Salta.

A las quejas de los integrantes del Frente de Todos, que proponían para reemplazar a Alzogaray al abogado Juan Pablo Marco y no fueron escuchados, se sumaron las del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas, y la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC).

Los representantes del Consejo de Profesionales y del Colegio de Graduados de Ciencias Económicas, Juan Pablo López López, y Sergio Armando Simesen de Bielke, enviaron una carta al presidente de la Cámara de Senadores, Antonio Marocco, solicitando que “mantenga en suspenso la designación de los dos nuevos Auditores Generales hasta tanto concluya el proceso de Reforma Constitucional, no encontrando justificación en la urgencia de la cobertura de los dos cargos en cuestión”.

Argumentaron que “resultaría contradictorio que, por una parte, se esté tratando por los Convencionales Constituyentes la reforma del artículo 169, apartado III, 7° párrafo, y por otra parte, y de manera apresurada se nombren dos personas –abogados- a tan pocos días de conocer el texto resultante de la Reforma mencionada”.

En la nota, recuerdan que las instituciones que representan informaron durante largas horas a la comisión de Organismos de Control de la Convención, que el cuerpo colegiado de Auditores de la Provincia debe estar integrado mayoritariamente por contadores públicos y no por abogados, “ya que son quienes poseen la incumbencia en auditoría financiera (…) otorgándole la necesaria formación técnica que requiere la labor de auditoría de la gestión económica, financiera, patrimonial, presupuestaria y operativa de la Hacienda Pública”.

Agregaron también, la necesaria transparencia “que debe demostrarse en la selección de los interesados”, mediante concurso Público de Oposición y Antecedentes “que concluya con un Dictamen debidamente fundamentado y que establezca un orden de mérito, en el entendimiento que la idoneidad debe demostrarse”.

Más tarde, y en el mismo sentido, el secretario General de APOC, Máximo David Padilla, envió una nota a Marocco, esta vez como presidente de la Asamblea Constituyente, para manifestarle su oposición a la manera en que se designan los auditores, que “desvirtúa” el propósito de ese Órgano de Control “impidiendo garantizar a través de su función los principios de imparcialidad e independencia”.

En la carta, que ingresó formalmente ayer a la Convencional, proponen que se designen las autoridades vía Concurso Público provincial abierto. Y que se cree un consejo técnico especializado “integrado por organismos capaces de realizar la selección de miembros idóneos que ingresarán al Colegio de Auditores”, para que designen a dos de los auditores.

Que otros dos sean elegidos por la Legislatura, uno por cada Cámara. Mientras que el quinto saldría de los mismos empleados de la Auditoría a través de una elección. El período de su mandato sería de cuatro años con la posibilidad de ser reelegidos solo una vez pero con la itinerancia de al menos un período.

A las voces disidentes en cuanto al apuro oficialista por nombrar los dos cargos vacantes en la Auditoría, se acopló la convencional constituyente, Sonia Margarita Escudero, quien advirtió que “si esto se concreta hasta dentro de cinco años no operaría la nueva Constitución”. Y pidió que el Senado no apruebe esta decisión, “porque hay senadores que son convencionales constituyentes y no pueden aprobar estas designaciones”.

La comisión de Organismos de Control ya debate al respecto siete proyectos presentados por oficialistas y opositores, y deberá resolver si suma el de APOC. Entre esta y la semana que viene deberían emitir dictamen.

La hora de la Corte

Mientras tanto, también continúan las discusiones en la comisión de Poder Judicial. Allí si bien ya se consensuó que en ningún caso los Jueces podrían a llegar a tener cargos vitalicios, la discusión está en la cantidad de años que pueden estar al frente de sus funciones, la forma en que deben ser designados y si puede o no haber reelecciones.

En la actualidad hay seis proyectos en danza dentro la comisión y en estos días se presentarían los dictámenes, “veremos si hay posibilidad de algún consenso”, acotó Sonia Escudero a Salta/12. Mientras el bloque mayoritario de Gana Salta pide 15 años, los demás van desde los 6 a los 10.

En el caso puntual del Frente de Todos, piden 8 años sin posibilidad de ser reelectos. Que la selección sea a través de un Consejo Asesor conformado por el gobernador, 2 diputados y 2 senadores, con participación de la minoría, y 3 representantes del colegio de abogados. Así como que la composición debe garantizar la paridad de género, y la prohibición de designar parientes dentro del cuarto grado.

Otros proyectos plantean que deben ser elegidos por el gobernador, con acuerdo del Senado por mayoría agravada o con los dos tercios; y están los que piden que la selección sea a través de un tribunal académico y con acuerdo de los dos tercios de la Asamblea Legislativa.

El representante por el Frente de Izquierda, Carlos Rubén Zarzuri, planteó un mandato de 6 años, con posibilidad de reelección por idéntico periodo. Y que la elección de jueces de Corte sea a través de comicios a realizarse en fecha separada de las elecciones de cargos ejecutivos y legislativos, con posibilidad de revocación de mandatos.