El Tribunal Oral Federal número 3 dictará en la tarde de este jueves un veredicto de trascendencia: los magistrados dirán si hubo o no delito en el caso de Oil Combustibles. A lo largo de los dos años y medio que duró el juicio, decenas de testigos y una pericia fueron desarmando la acusación de fraude al estado y desnudaron la trama de persecución que se desarrolló dentro de la AFIP. Antes del mediodía, los tres imputados, Ricardo Echegaray, extitular de la AFIP; Cristóbal López y Fabián De Sousa, dueños de Oil, dirán las últimas palabras y luego los jueces fijarán un horario para que el presidente del tribunal, Fernando Machado Pelloni, lea el veredicto final. Lo que se decida será apelable a la Cámara de Casación.

Las dos audiencias, la de la mañana y la de la tarde, serán virtuales, es decir que Echegaray y sus abogados, León Arslanián y Martín Arias Duval; Cristobal López, defendido por Fabián Lértora y Fabián De Sousa, asistido por Carlos Alberto Beraldi, no estarán en Comodoro Py, y tampoco estarán en forma presencial los otros dos jueces del TOF 3, Javier Ríos y Andrés Basso. Por la tarde, en la lectura del veredicto, es posible que los tres magistrados estén en el recinto.

En la audiencia de la mañana, Echegaray, López y De Sousa harán uso de su derecho a decir las últimas palabras, pero los tres serán breves: unos 15 minutos cada uno. La lógica indica que volverán a poner el acento en lo que fue la persecución política y empresaria que sufrieron. López y De Sousa estuvieron casi dos años en el penal de Ezeiza, mientras todas las empresas del grupo Indalo fueron bloqueadas con embargos y una cantidad enorme de medidas judiciales que los dejaron totalmente sin el control del grupo. Por ejemplo, fue toda una batalla lograr que se permitiera el uso de una cuenta bancaria para pagar los sueldos del personal, que tuvo que cobrar sus haberes mensuales en cuotas. Hubo momentos en que los sindicatos jugaron un papel preponderante para canalizar los fondos y que los trabajadores pudieran cobrar.

El mismo tiempo, la estrategia del macrismo fue ahogar a todo el grupo para obligar a López y De Sousa a vender las empresas. No sólo la petrolera, sino también el canal C5N y las radios, principalmente Radio 10, que no acompañaban la política del macrismo. Por supuesto, todo fue acompañado por la aparición de supuestos empresarios, amigos del gobierno de Mauricio Macri, que se ofrecían a comprar las empresas precio vil.

Según la pericia que realizaron expertos de la Corte Suprema, el grupo Oil no tenía deuda exigible al momento de las acusaciones que fueron encabezadas por el diario La Nación. La empresa petrolera y todo el grupo Indalo se acogió a facilidades de pago ofrecidas por la AFIP. En concreto, dos planes a los que se accedía de forma automática, por la web, y dos planes particulares, idénticos a los que se acogieron otras 1.200 empresas y personas físicas. Por esa razón es que las defensas insisiteron una y otra vez en que no hubo delito alguno.

El veredicto de hoy es de importancia porque pone sobre el tapete, una vez más, el papel de la justicia en toda la región. Comodoro Py fue cabeza de la persecución judicial-mediática-política en la Argentina, con un claro alineamiento con el macrismo. Fue la misma matriz que se utilizó en Brasil para encarcelar a Luis Ignacio Lula Da Silva, en Ecuador contra Rafael Correa o en Bolivia para perseguir a Evo Morales. Basta ver que mientras López y De Sousa estaban presos por una supuesta evasión impositiva que calificaron de fraude, el hermano de Mauricio Macri, Gianfranco, blanqueó 31 millones de dólares, es decir que tenía miles de millones de pesos escondidos, evadiendo impuestos, fondos con los que, además, expandió el imperio Macri en negocios que el expresidente benefició de forma grotesca desde la Casa Rosada: peajes, parques eólicos, rutas aéreas. En paralelo, la madre de los Macri, Alicia Blanco Villegas, blanqueó otros 25 millones de dólares más. Y, además, parece evidente que lo blanqueado es sólo una parte de lo oculto: en Panamá Papers aparecieron sociedades y cuentas en paraísos fiscales y fideicomisos en Lichtenstein desde los que se manejaban empresas en Argentina.