El intendente de la localidad pampeana de Lonquimay, Luis Enrique Rogers, el mismo que defendió públicamente hace unos años al prostíbulo de su pueblo con el argumento de que era un lugar de “esparcimiento espiritual”, estará sentado desde hoy en el banquillo de los acusados. Rogers, que fue reelecto en las últimas elecciones por el justicialismo y va por su tercer mandato, empezará a ser juzgado como cómplice de una red que explotaba mujeres en el burdel “GoodNight” junto al entonces jefe policial local, Carlos Alaniz. El caso devela la trama de connivencia política y policial que suele proteger a las mafias que lucran con la esclavitud sexual de chicas en situación de vulnerabilidad social. “Sin esa connivencia estatal no es posible el delito de trata. Es un enorme avance que demuestra la seriedad de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas y de la Fiscalía Federal, un punto de inflexión. Es para que tomen nota el resto de los funcionarios públicos”, destacó a PáginaI12 la periodista Mónica Molina, ex subdirectora de Políticas de Género de la Municipalidad de Santa Rosa, e impulsora en La Pampa del cierre de los cabarets. 

De la investigación judicial surge que el intendente de Lonquimay habilitó el funcionamiento de “GoodNight”, firmó libretas sanitarias que exigían para las “alternadoras” cuidados ginecológicos propios de la actividad prostibularia, y tuvo llamadas cruzadas –se conocían y dialogaban con frecuencia–, con el dueño del prostíbulo y con el ex jefe policial, que también protegía su funcionamiento. “Pese a la contundencia de la prueba, el camino hasta llegar a la elevación a juicio fue largo y lleno de demoras judiciales. Necesitó de varias presentaciones por parte de los fiscales federales, Juan José Baric, Alejandro Cantaro y mías, incluso, solicitando a los anteriores jueces intervinientes, en varias ocasiones, escritos de “pronto despacho”, recursos de casación y de queja, porque frenaban la investigación”, señaló a este diario el titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Marcelo Colombo.

Lonquimay, un pueblo de 1500 habitantes, está ubicado sobre la ruta 5, a unos 60 kilómetros de Santa Rosa. Rogers llega al juicio en libertad y ejerciendo su cargo. El debate estará a cargo del Tribunal Oral Federal de Santa Rosa, que escuchará la declaración de unos 35 testigos. 

La causa judicial tiene la característica de casi todos los casos en los que se investiga a funcionarios públicos con poder territorial involucrados en redes de trata: demoras en convocar a los funcionarios a indagatoria y en procesarlos. “De hecho, la Cámara Federal de Bahía Blanca había resuelto, en un fallo vergonzoso, una falta de mérito que fue dejada sin efecto por la Cámara de Casación. Las demoras en la investigación fueron corregidas con la llegada al Juzgado Federal de Santa Rosa de Luis Salas, que fue el juez que la elevó finalmente a juicio con celeridad”, precisó el titular de la Protex. Para Colombo, el caso es un “importante precedentes” para demostrar que cuando se habla de connivencia de funcionarios públicos “esa complicidad no se agota en las fuerzas de seguridad ni en los primeros anillos de protección judicial”. 

La causa del prostíbulo de Lonquimay tuvo idas y vueltas. En 2012, el entonces juez federal subrogante Marcelo Piazza llegó a negar en dos oportunidades el pedido de indagatoria a Rogers, y a Alanís, quien fuera titular de la comisaría de Lonquimay en 2009, con un argumento inaudito: el magistrado decía que como era subrogante y no sabía si seguiría subrogando, no iba a decidir. De esa forma, Piazza desobedecía una resolución de la Corte Suprema de Justicia, que el 5 de julio de 2011 había ordenado profundizar la responsabilidad de ambos funcionarios involucrados en la posible comisión del delito de trata. Piazza fue precandidato a senador por el GEN, en las últimas PASO pampeanas, en 2015.

La causa por la que llega a juicio Rogers se inició en 2009. El 4 de julio de ese año se intervino el teléfono del propietario del cabaret GoodNight, Carlos Javier Fernández. Unos meses después, en septiembre de 2009, una joven oriunda de Salta denunció que había sido explotada sexualmente allí y que su dueño no la dejaba salir y mucho menos regresar a sus hogar.

En 2009, el testimonio de la muchacha reavivó los intentos de cierre del cabaret en Lonquimay. En ese entonces, otras ciudades de La Pampa -la primera fue Santa Rosa- estaban dictando ordenanzas para prohibir whisquerías, cabarets y otros eufemismos que se suelen usar para encubrir burdeles en los que se explotan sexualmente mujeres, muchas veces víctimas de trata. El Concejo Deliberante de Lonquimay amagó con votar una norma en ese sentido, que le pondría la faja de clausura a GoodNight. Pero sorpresivamente fue el propio intendente Rogers quien salió a defender el funcionamiento del local nocturno, con declaraciones que tuvieron repercusión nacional. Dijo que no iba a cerrarlo porque era “un lugar de esparcimiento para jóvenes y camioneros”. Y fue más allá: “Un cabaret es un lugar de contención espiritual, de satisfacción y de alegría, para gente que está sola y busca tener un rato de esparcimiento”, sostuvo públicamente. Estas declaraciones son parte de la imputación de los fiscales en su contra.

La tercera causa que se abrió en torno del GoodNight se originó a partir de una denuncia judicial realizada el 24 de octubre de 2009 por una mujer que trabajó desde el año 2007 en la comisaría de Lonquimay. La mujer dijo que Alanís tenía una relación muy fluida con el intendente Rogers y con Fernández, dueño del cabaret.

Las causas finalmente se unificaron. El 28 de octubre de 2009 se realizó un allanamiento en GoodNigth, donde se encontró a tres mujeres que estaban en calidad de “coperas”. Las tres habían llegado al cabaret desde Salta. Una de ellas declaró que al llegar a la terminal de ómnibus de Santa Rosa la estaba esperando Fernández, quien las trasladó en su vehículo particular hasta Lonquimay. Por los servicios que realizaba en ese local, esto es tomar copas que invitaban los clientes y luego servicios sexuales fuera del lugar, le tenía que dar el 50 por ciento a Fernández, sumas que le eran abonadas al finalizar la temporada, es decir a los tres meses de estar allí. En el allanamiento se secuestró su libreta de “pases” y “copas”. El burdel fue cerrado a fines de 2009.