medios y comunicación
La ventana
A partir del análisis de dos productos televisivos actuales, Ricardo Haye sostiene que los estadounidenses comienzan a percibir un nuevo modelo de relato que les está proponiendo que “el terror viene de nosotros mismos”. Diego Rossi alerta sobre los “proyectos fantasma” del Gobierno sobre la producción cultural en todos sus rubros mediante la desregulación del financiamiento, la baja del fomento y de las cuotas de contenidos argentinos, en el marco de una reforma tributaria ortodoxa y neoliberal.
Imagen: Daniel Paz

Por Ricardo Haye* Desde Roca (Río Negro)

Indicios de mutación en el relato

Desde siempre una marca poderosa atraviesa a los relatos audiovisuales norteamericanos. Gran porción de ellos están asentados sobre la enorme desconfianza que la mayor parte de la ciudadanía de aquel país manifiesta ante “los otros”.

A lo largo de la historia, la categoría ha demostrado ser bastante inclusiva. En ella cupieron los que no nacieron en su suelo, los que hablan otros idiomas, los que profesan otra religión, los que pertenecen a otra raza. Alguna vez “los otros” fueron los indios. Después vinieron los alemanes y los japoneses. Durante la guerra fría, el objeto de preocupación fueron los soviéticos. Ahora, los musulmanes y los chinos. 

Los relatos más obvios ni se preocuparon en enmascarar o maquillar al antagonista. Otras historias construyeron alegorías sustitutorias, como la de los alienígenas que, en tantas series y películas, elegían a los Estados Unidos como víctima de sus atrocidades.

Las fábulas, en todo caso, expresaban los miedos intensos de un sector importante de la sociedad americana: la aprensión a rebajarse en la mezcla, el temor a contaminarse, el recelo a perder posiciones dominantes. 

Pues bien, algo parece estar transformándose.

Dos productos televisivos actuales están cambiando el objeto de los resquemores. 

El primer episodio de la serie “Blindspot” nos muestra a una mujer que ha perdido la memoria y tiene el cuerpo repleto de tatuajes. Cada uno de ellos encierra una clave para resolver algún crimen. Hasta allí, podría ser una serie más del montón, con intrigas policiales unitarias. Pero lentamente comienza a develarse que detrás de la muchacha y su cuerpo adornado de inscripciones hay una organización cuyo principal objetivo es destruir el sistema de gobierno norteamericano.  

En “Designated survivor” un atentado con explosivos acabó de una vez con el poder ejecutivo y el poder legislativo americano. Solo ha quedado vivo un ministro escasamente relevante y él deberá hacerse cargo de la presidencia de la Nación. Muy al modo de Hitckcock, el nuevo mandatario es un hombre ordinario atrapado en una situación extraordinaria. En principio, la sospecha acerca de la autoría del ataque se dirige a un grupo islámico. Sin embargo, antes de concluir la primera temporada ya sabemos que la responsabilidad es exclusivamente local. Dentro de Estados Unidos hay grupos fundamentalistas locales que quieren imponer una dictadura. 

Ambas historias parecen apostar a un cambio en el paradigma narrativo hegemónico. El monstruo ya no es negro ni mucho menos verde, habla en inglés, no le reza al Corán y es muy difícil de identificar en la calle pues se parece a millones de ciudadanos de la Unión. 

Desde “Blindspot” nos dicen que la líder del ataque es una mujer militar, la Mayor General Ellen Briggs, conocida como Shepherd. En “Designated survivor” quien comanda el golpe de Estado es Patrick Lloyd, el empresario fundador de una fuerza militar privada que intervino en numerosos conflictos bélicos. Ambas designaciones destacan dónde residen los factores de poder en el país más poderoso de la Tierra. 

Tantas veces temerosos ante “otros” de cualquier naturaleza, ahora los estadounidenses comienzan a percibir un nuevo modelo de relato que les está proponiendo que “el terror viene de nosotros mismos”. 

* Docente-investigador de la Universidad Nacional del Comahue.


Por Diego Rossi* 

Negocios globales y soberanía digital

Diversos protagonistas y organizaciones del cine, la producción de contenidos de televisión, la radio comercial y comunitaria, de la música y del teatro están en alerta ante los “proyectos fantasma” del Gobierno para la desregulación del financiamiento, la baja del fomento y de las cuotas de contenidos argentinos, en el marco de una reforma tributaria ortodoxa y neoliberal.

En foros públicos como la Asamblea Permanente en Defensa del Cine Nacional, los comunitarios de Interredes, o los multisectoriales del audiovisual se desconfía crecientemente de las intenciones y plazos prometidos y prorrogados por Cambiemos. 

Los funcionarios ya resolvieron para 2018 una convergencia de amigos (telefónicas, Clarín y AT&T-DirectTV), pero deben mantener el simulacro de la consulta democrática prelegislativa y la institucionalidad. Ante ello, en encuentros convocados en Diputados por Liliana Mazure y en Senado por Pino Solanas, maduraron ideas para actualizar los derechos a la diversidad cultural y a la producción nacional y regional, frente a la nube de humo de la tecnocracia de libre mercado dependiente.

Los principios de soberanía en las comunicaciones digitales no surgen de cero: hay volumen histórico en fuertes tradiciones regulatorias del cine y el audiovisual argentino; también se acumulan experiencias de políticas estatales implementadas en países europeos y latinoamericanos.

El debate de ideas tiene su lado económico: legisladores y actores culturales coinciden en que “sin recursos no hay producción cultural; los derechos conquistados se sostienen con fondos genuinos”. La cuestión tributaria comienza con dimensionar el volumen del negocio actual y el problema de la territorialidad: las empresas de mayor facturación en el mundo digital no están obligadas a radicarse en la Argentina, y son alcanzadas parcialmente por la AFIP.

Los recursos de miles de anunciantes locales en Google-YouTube y Facebook se facturan afuera o remiten ganancias al exterior. También, un millón de suscriptores giran mensualmente su abono a Netflix o a Spotify que no tienen oficinas comerciales en el país (¡la semana pasada llamé al 0800 que Netflix ofrece como atención al cliente y me atendió un mexicano que sólo podía derivarme a California!). Paradójicamente, por cuestiones técnicas vinculadas a la reducción de la latencia –delay de transmisión– y a la calidad de imagen, estas empresas cada vez más instalan cachés almacenadores de películas y contenidos en servidores argentinos.

El visionado se hace próximo y local, pero el negocio se paga afuera, no tributa, no cumple reglas de cuota de pantalla ni reinvierte en nuestra industria. 

Tienen big data sobre los hábitos de consumo de sus amplias clientelas, pero no están sujetos a obligaciones públicas, no divulgan cantidad de abonados o suscriptores, no muestran auditorías de terceros.

El Grupo Clarín sabe de esto aunque no lo critica: prefiere asegurarse de que el Gobierno cumpla con el pacto de descalzar normativamente a Cablevisión como empresa de TV por cable para reducir su tributación como “servicio TIC”. Eso sería trágico para los fondos específicos. 

A mayo de 2017, el International Advertising Bureau local y la Cámara Argentina de Agencias de Medios, no brindan información consolidada sobre la publicidad digital cursada en 2016. ¿No han podido medir o no se han puesto de acuerdo en unificar un discurso con cifras convincentes? Por estimaciones conservadoras sabemos que sería un 25% del total de la torta publicitaria, concentrada fuertemente en las dos grandes norteamericanas. (El Gobierno también conoce esta concentración y cursa millones de pesos en ellas. La ley de publicidad oficial en revisión en Diputados debería restringirlo)

Por otro lado, si prosperara el proyecto de alcance a las plataformas de streaming como exhibidores cinematográficos con el 10% de su facturación, presentado por Mazure y empantanado en la Comisión de Presupuesto a cargo del oficialismo, ya en 2016 sólo por Netflix se hubiera engrosado el 12% del presupuesto del Incaa destinado al fomento de producciones nacionales de ficción y documentales. El cálculo es mayor al incorporar a Cablevisión Play y las más de 150 plataformas que comercializan contenidos digitales en el país. 

Si concebimos al derecho a la comunicación como parte de los derechos humanos, y asemejamos la acción política y la movilización en su defensa a lo sucedido con el “2x1”, los próximos meses derivarán hacia una mayor resistencia organizada.  

* Docente e investigador FSOC-UBA y Undav. @diegodrossi