Ninguna canción dice que treinta años no es nada, porque treinta años es mucho, sobre todo para una causa judicial. El 17 de marzo de 1992 a las 14.50 una camioneta cargada de explosivos destruyó la embajada de Israel en Buenos Aires, una casona a la francesa en la esquina de Arroyo y Suipacha. La bomba mató a quienes trabajaban en la sede, al párroco de la iglesia de enfrente, a transeúntes. Fue el peor atentado en la historia argentina hasta que fue superado por el todavía peor contra la Amia un par de años después. Como no hay certezas sobre nada en la causa, un ejemplo de incompetencia, el acto de los treinta años se centró en el deber de la memoria de las víctimas. Y en acusar a Irán, algo que los oradores israelíes repitieron y repitieron... y repitieron.
La zona del acto estuvo tomada por la seguridad desde el martes, cuando se cerró todo con barreras y los vecinos tuvieron que explicar dónde iban. A la hora del acto, el jueves, las calles estaban cortadas por blindados verdes de la Policía Federal pintados de verde y hasta con hachas y picos atados a los flancos. Un helicóptero médico esperaba sobre Carlos Pellegrini, mientras que otro sobrevolaba el barrio. La seguridad era francamente asombrosa: fuerzas especiales de la federal vestidos de fajina verde, con esos cascos norteamericanos tan raros, policías de la Seguridad Aeorportuaria, más federales de boina, más federales de quepí. De todos modos, los controles concretos parecían a estar a cargo de civiles, varios evidentemente israelíes.
Daba la impresión de que había más policías que asistentes, y en este caso no hubiera sido exagerado. Unos pocos cientos de personas, más de la mitad de los colegios de la comunidad judía, ni llenaban el espacio reservado al público. El palco, en cambio, mostraba una delegación oficial de primer nivel: el canciller Santiago Cafiero, el ministro del Interior Eduardo de Pedro, el de Defensa Jorge Taiana, el de Justicia Martín Soria. También estaba Sergio Massa, el vicecanciller Pablo Tettamanti, diputados, senadores, representantes del poder judicial y el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. La parte israelí estaba representada por la embajadora Galit Ronen y por el ministro de Justicia y también primer vicepremier del país Gideon Sa'ar.
El lugar de privilegio y el único con asientos estaba reservado a los sobrevivientes y a las familias de las víctimas. Esta vez, se mezclaban los argentinos con los israelíes, que viajaron especialmente al lugar donde perdieron a alguien. Después del minuto de silencio, de los himnos nacionales argentino e israelí, de un kaddish y una oración católica en memoria de los muertos, la primera oradora fue justamente una israelí que perdió a su marido en el atentado. Al anunciar que se leerían los nombres de las víctimas, el locutor repitió el constante error de decir que eran 29, algo que luego se repitió con uno de los oradores. Por supuesto, se leyeron 22 nombres, el número real. Luego se colocaron ofrendas florales de todas las partes.
La siguiente oradora fue la embajadora Ronen, que habló de "un día muy triste, muy duro para los familiares y los sobrevivientes, un día difícil para los israelíes y los argentinos". La embajadora pensó en estos "treinta años en que vivimos el vacío, en que pensamos en lo que podría haber sido y no fue", como ver crecer a los hijos, como conocer a los nietos. Pero la diplomática llegó pronto a su verdadero mensaje: "Este atentado y el de la Amia tienen nombre y apellido. El nombre es Hezbollah, el apellido es Irán", Como para agravar la cosa, la diplomática recordó que ahora se negocia, otra vez, el programa nuclear iraní, "mientras ese país llama abiertamente a la destrucción de Israel". Detener la negociación internacional que levante las sanciones a Irán es política constante de los gobiernos derechistas israelíes.
El ministro Soria, siguiente orador, evitó la trampa de prometer justicia después de treinta años, débil de por sí, y se ciñó al tema de que el absurdo fracaso de la investigación es otro argumento para una fuerte reforma de la justicia argentina. "Es la Justicia la que debe investigar y encontrar a los culpables de este atentado y del de la AMIA, Es el poder político del Estado el que tiene que garantizar todo el apoyo posible para encontrar y castigar a los responsables". Soria afirmó que nuestro Estado estaba diciendo "presente" y elaboró que "nuestros pueblos (el argentino y el israelí) saben por su historia que la memoria debe ser acompañada de verdad y justicia",
Soria explicó que "la falta de respuestas rápidas, la falta de justicia, seguramente influyó para que en 1994 sufriéramos también el atentado a la AMIA". El ministro destacó que el actual gobierno reactivó la Unidad Especial de Investigación del Atentado a la AMIA, que fuera cerrado en 2018 por el gobierno de Mauricio Macri, y está avanzando en la preservación del inmenso archivo judicial alrededor de los dos atentados. "El gobierno está construyendo una justicia que avance".
El cierre estuvo a cargo del ministro de Justicia Sa'ar, que reveló ser hijo de argentinos y habló en inglés. "Israel y Argentina comparten el peso del dolor. Existe la obligación moral de ir tras quienes cometieron este delito; exigimos que sean llevados a juicio por sus crímenes contra la humanidad. Este atentado no estuvo sólo dirigido a Israel, sino también a la Argentina y a la humanidad misma", arrancó el embajador. Pero Sa'ar también siguió "en mensaje" y aclaró que los que tienen que ser juzgados con Irán y Hezbollah. El ministro dijo además que es "peligroso" el acuerdo nuclear "entre las grandes potencias e Irán". Si Irán se libra de las sanciones, tendrá "un flujo de dinero nuevo que consolidará el terror en el mundo". Como cortesía final, recordó que Argentina es el primer país latinoamericano en crear un Registro de Terroristas que incluye a Hezbollah, y que la historia de los atentados se enseña en las escuelas.
El presidente no estuvo en el acto, pero dijo a la tarde que ratifica su "compromiso contra la impunidad" y que "seguimos reclamando justicia y buscando a los responsables de este hecho atroz". Fernández recibió el miércoles a las autoridades del Congreso Judío Latinoamericano y este viernes recibe al ministro Sa'ar.
La farsa de la causa
Como las embajadas son legalmente territorio extranjero, la Corte Suprema de Justicia es la única que tiene jurisdicción sobre ellas. Por eso, la causa del atentado fue a manos de los supremos, donde murió en un cajón. En treinta años, sólo se pudo establecer que el auto-bomba fue una Ford F100, comprada por un brasileño y estacionada a la vuelta de la embajada hasta el momento del atentado. Nunca hubo detenidos, apenas hubo sospechosos que nunca pudieron ser interrogados y el fallo de 1999 es una suerte de collage de informes de inteligencia argentinos, norteamericanos e israelíes, más las opiniones genéricas de académicos.
Las vacilaciones de la corte dieron origen la versión de que la explosión ocurrió adentro del edificio de la embajada, la famosa "implosión" que sigue deleitando a los antisemitas. Hasta se dijo que los muertos fueron 29, y tomó años determinar que fueron 22.
