Juan José, sentenciado a 8 años de prisión por el homicidio de Diego Torres, quiere ser indultado. La petición fue presentada la semana pasada ante el gobernador Ricardo Quintela por su abogado defensor, Emilio Pagotto, basado en las atribuciones constitucionales que le permiten “conceder indultos y conmutar penas, previo informe del Tribunal Superior de Justicia, con excepción de las que recaigan con motivo de los delitos referidos en el artículo 12º de la Constitución y de los cometidos por funcionarios sometidos al procedimiento del Juicio Político”.

El mandatario, según la publicación de sus redes sociales, anticipó a los letrados que sus equipos técnicos analizarían la situación. En caso de otorgarle el indulto sentaría un precedente para La Rioja porque no existen antecedentes sobre esta medida excepcional. La petición llega porque sus abogados entienden que el hombre actuó “en legítima defensa porque era "permanente hostigado por Diego Torres”. 

El caso no deja de tener repercusión porque puso en la agenda mediática y social  la inacción estatal. El 31 octubre de 2017 en el barrio Yacampis de esta capital Juan José Cano apuñaló a Diego Torres  y lo mató. Durante el juicio, Tamara Torres, una de las hermanas declaró que  “Torres llegó de un instituto de adicciones en Buenos Aires, pero no tenía causas penales por robo”. “Mi mamá lo hizo detener porque no quería que se drogue. Después falleció y me quedé yo sola con mis hermanos, pedía ayuda por todos los medios para que me den una solución”. En esa audiencia también declaró que sus problemas con las adicciones estaban relacionados con el fallecimiento de su mamá y el abandono de su padre”.

Cano, afirmó en su declaración que todo se desencadenó cuando su hijo “fue a comprar en la bicicleta al kiosco, volvió y contó que Torres le puso el cuchillo en el cuello”. Sostuvo que fue a hacer la denuncia, que incluso se encontró con un móvil, pero la policía nunca intervino. Fue a pedir explicaciones, le tiraron con piedras, volvió a su casa y agarró el cuchillo "por seguridad". 

Para poder otorgar un indulto, la persona debe contar con una sentencia firme y no debe estar apelada. El caso de Cano, condenado a 8 años con prisión efectiva por homicidio simple y violación de domicilio, por la Cámara de Tercera en lo Criminal y Correccional de la Primera Circunscripción Judicial, está en casación ante el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia por lo que su defensa debería renunciar a ese recurso. 

En este sentido, Emilio Pagotto, en declaraciones periodísticas adelantó que “la causa está en casación y en caso de tener respuestas favorables del Gobernador, van a desistir de esa medida de casación y la sentencia quedaría firme, lo que daría el escenario para el mandatario pueda hacer uso de ese indulto”. Agregó además que su cliente “ya fue purgado, porque está detenido desde octubre del 2017".

Quienes están a cargo de las gobernaciones pueden todos los años realizar reducciones de pena, medida denegada por los últimos tres gobernadores con Quintela incluido y que no es lo mismo que un indulto que es el perdón absoluto de la pena impuesta.