Después de 45 años de luchar, finalmente Francisca Teresa Toledo presenciará en pocos días el inicio formal del juicio por el crimen de su esposo, Fidel "Toto" Yazlle. El comerciante, dirigente de básquet y militante radical fue asesinado entre el 11 y el 12 de febrero de 1977, en el norte salteño, por el terrorismo de Estado que imperaba en el país bajo la dictadura cívico militar.
En la causa están imputados el oficial de la policía Mario Víctor Palermo, que en 1977 era jefe de la Unidad Regional 2 con asiento en Orán, y Andrés del Valle Soraire, quien era oficial principal de Metán al momento del asesinato y ya cuenta con condenas por otros delitos de lesa humanidad. Ambos están acusados por privación ilegal de la libertad agravada y homicidio agravado.
También fueron señalados por el crimen los fallecidos Adolfo Zenón Ávila, comisario del pueblo de Morillo (Coronel Juan Sola), y Fortunato Saravia, policía e integrante de la Guardia del Monte, grupo de tareas que dirigía Soraire y que tenía su centro de operaciones en Metán, en el sur de la provincia.
Ayer se realizó la audiencia premilinar, en la que se definió que el juicio comenzará el próximo 5 de abril, a las 9.30, en la sala de juicio del Tribunal Oral en lo Federal 1 de Salta, ubicada en la calle Deán Funes 140. El tribunal estará integrado por Mario Marcelo Juárez Almaraz, Federico Díaz y Martha Liliana Snopek. En este proceso participa como querellante la Secretaría de DDHH de la Nación, representada por el abogado Gastón Casabella.
"Te dije que íbamos a llegar a juicio", le dijo el fiscal federal Carlos Amad a Francisca Toledo ni bien finalizó la audiencia, mientras la viuda aún se encontraba firme en las primeras filas de la sala del TOF 1. En diálogo con Salta/12, Toledo afirmó que ver cómo se prepara el juicio oral es sumamente valioso, pero también recordó que sufrió una "fuerte violencia institucional" y fue "daminificada tremendamente por la dictadura dejándome con mis tres hijos chiquitos".
Durante la audiencia se pidió que se fije un cronograma de presentación de los testigos para facilitar el trabajo de las partes que participan en el proceso y también que se incorpore un cuarto juez, una figura que es habitual en los juicios de lesa humanidad, para evitar nuevas demoras. Está previsto que Palermo y Soraire asistan al juicio de manera remota. La familia Yazlle insiste en que estén en la sala de audiencia en persona. Toledo dijo que quiere verle la cara a Palermo para que le "explique por qué me mentía tanto cuando decía que investigaba. Que lo explique delante de los jueces".
Por otro lado, la fiscalía pidió que se tenga en consideración el contexto social en el que se cometió este crimen. La defensa de Palermo, a cargo de Horacio Daniel Morales, no estuvo de acuerdo e insistió en que se trata de un delito común no comprendido en la figura de lesa humanidad. Sin embargo, el 6 de julio de 2010 la justicia provincial de Salta declaró su incompetencia en esta causa por entender que "corresponde ser investigado por la Justicia Federal por revestir este la característica de delito de lesa humanidad".
Después de esperar más de 40 años por el juicio, Toledo se refirió a ella misma como una persona "presa con todos los expedientes acumulados". Dijo que se encuentra en esta condición "porque hasta la fecha los tengo (a Palermo y Soraire) afuera". Por tal razón, volvió a insistir en que el crimen de su esposo fue llevado a cabo por un "grupo de policías organizados, a los que reconocí en otros juicios (de lesa humanidad) en Metán".
A la espera del 5 de abril, la mujer anheló que se llegue a la verdad de lo sucedido. "A mí me han muerto a mi marido, a la persona que amaba, que era trabajador y buena persona con sus empleados". "Ahora no tengo miedo, no voy a renunciar y hay que lograr que se haga justicia por las personas que ya no están", sostuvo al tiempo que afirmó que para esa tarea "estamos los familiares y toda persona comprometida que quiera trabajar en este tema".
El cuerpo de Yazlle fue arrojado a las vías del ramal C25 para que lo arrollara el tren que iba a Formosa. Siguiendo la línea del ferrocarril, él tenía un negocio en Coronel Juan Solá, pueblo crecido alrededor de la Estación Morillo. Toledo viene denunciando que en realidad el plan contra su esposo era secuestrarlo, asesinarlo y desaparecerlo, y que no pudieron hacer esto último por la gran contextura corporal de Yazlle, que pesaba unos 130 kilos.
La mujer sostuvo que tras el homicidio, los represores tuvieron que llevar adelante una "investigación simulada" de los hechos, buscando distintas excusas "inventadas y de toda índole, con evidentes tintes de malicia", pretendiendo explicar que el crimen había sido cometido por "ajustadores de cuentas".
El 10 de febrero unos hombres que andaban en una camioneta Ford "gris plomizo" interceptaron a la esposa de Yazlle, que residía con sus hijos en Orán, para preguntarle dónde podían encontrar a su marido. La noche del 11 de febrero, dos empleados de un almacén de ramos generales en Morillo vieron a dos "forasteros" que preguntaron por la casa de Yazlle. También andaban en una camioneta.
Toledo se enteró de su muerte el 12 de febrero de 1977, por la Policía, que la llamó para entregarle las ropas, y el cuerpo destrozado. La mujer relacionó la muerte con amenazas que su marido había recibido de parte del comisario Ávila. En 1986 Toledo pudo identificar a uno de los hombres de la camioneta: Fortunato Saravia, reconociéndolo como parte de la Guardia del Monte. La Guardia usaba habitualmente una Ford gris, una camioneta similar fue vista en el secuestro de Yazlle.
Los motivos del crimen
Para la familia, el crimen de Yazlle estuvo motivado en su participación política en la zona de Morillo junto Julio Buryailde, quien fue destituido del cargo de intendente por el jefe comunal de facto Humberto Lazarte. Tanto Yazlle como Buryailde lo denunciaban como corrupto y también a Ávila, que, según supieron, fue trasladado de la capital salteña a Morillo como "castigo" por su mala conducta.
El militante radical acompañó reiteradas presentaciones contra ambos hombres. "Es un hecho que (estas notas) molestaban, y mucho, a los jefes policiales zonales y centrales de la provincia", expresó Toledo. La familia también relató que los vecinos hicieron una presentación formal ante Gendarmería de Embarcación solicitando la destitución de Ávila y Lazarte. Además, Yazlle sonaba como posible candidato a disputar el cargo de intendente en el futuro.
La mujer dijo que todas esas denuncias estaban en el negocio de su marido, pero que el mismo 12, Ávila se presentó en el lugar y "se apoderó de toda su documentación", como el documento de identidad y las copias de las presentaciones. Además de que el comisario, "con la documentación personal sustraída, se apersonó ante el Registro Civil del lugar e inscribió la defunción" de su esposo.
Por este hecho, en noviembre de 2017 el juez federal Julio Bavio procesó a Palermo y dictó la falta de mérito a favor de Soraire, confirmada en 2018 por la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, en una resolución que en 2020 fue revocada por la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal.
El tribunal aceptó un recurso de la Fiscalía y decidió anular la falta de mérito respecto de Soraire y "reenviar las presentes actuaciones al Tribunal a quo para que dicte un nuevo pronunciamiento conforme a derecho". Entre otras consideraciones, Casación sostuvo que "la valoración de los elementos y constancias de la causa" realizada por los jueces inferiores en lo que respecta a Soraire fue "arbitraria y carente de fundamentación".
