La Justicia ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) que garantice soluciones habitacionales para los vecinos y vecinas de la traza de la Ex Autopista Nº3, proyecto que impulsó y abandonó la dictadura cívico militar. La traza nunca concretada atraviesa la Ciudad desde Saavedra hasta Nueva Pompeya, donde el plan del intendente de facto Osvaldo Cacciatore dejó un tendal de expropiaciones, desalojos y demoliciones. Ahora, la Justicia porteña hizo lugar a un amparo colectivo presentado por vecinos y vecinas del Sector Nª4 de la traza y el GCBA deberá elaborar un plan habitacional para ellos, algo que ya está previsto por ley desde hace más de diez años.

El juez Martín Furchi, del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 16, ordenó al Ejecutivo de Horacio Rodríguez Larreta que, en el plazo de 180 días, "elabore y remita a la Legislatura el proyecto de rezonificación definitiva, el proyecto de renovación urbana y el Plan para la concreción de soluciones habitacionales para el Sector N° 4 de la traza". El magistrado justificó principalmente su decisión en los "más de diez años de demora" desde que "el GCBA debió haber enviado el proyecto de rezonificación".

Es que en el año 2009 la Legislatura aprobó la Ley N° 3.396, que estableció el plan de viviendas para las familias del Sector Nº5 de la traza, de General Paz a De Los Incas. En esa misma norma, los legisladores establecieron que el Ejecutivo debía fijar un plan similar para las familias del Sector Nº4, el tramo más largo de la traza. La ley en cuestión respondía, además, a una norma inicial aprobada en 1999: la "Ley de Recuperación de la Traza de la Ex AU3". Esa norma establecía que el Ejecutivo porteño debía presentar "un proyecto de rezonificación definitiva y un proyecto de renovación urbana" para las zonas habitadas por familias llegadas al lugar antes de 1996.

"Hace diez años el GCBA solucionó el Sector N° 5 de la traza porque tenía el interés inmobiliario de vender diez manzanas de la zona que terminaron formando el nuevo barrio Donado - Holmberg. El dinero de esas ventas también estaba destinado para las viviendas de las familias del Sector N° 4, pero el GCBA decidió cambiar este destino", señaló en este sentido Jonatan Baldiviezo, abogado del Observatorio del Derecho a la Ciudad y de "El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos", que presentó el amparo junto a las familias agrupadas en la Asamblea de Vecinos Comprometidos del Sector N°4.

La Ex AU 3, proyectada en 1977 por el el brigadier Osvaldo Cacciatore, entonces intendente de la Ciudad, iba a cruzar Buenos Aires como prolongación de la Panamericana hasta el Puente Alsina. Ese mismo año se expropiaron y demolieron viviendas y edificios, pero en 1981 el plan fue abandonado y muchas de las familias originales regresaron a los terrenos mientras que otros fueron ocupados durante la década de los '80. "Ahora la Justicia ha decidido que la vivienda es un derecho humano y que una política pública habitacional creada por ley debe cumplirse", indicó Baldiviezo.

"Pasaron más de veinte años de la aprobación de la Ley 324 sin que el GCBA haya dado respuestas a las familias. Lamentablemente, para que el GCBA deje de incumplir las políticas habitacionales ordenadas por ley debemos recurrir a la justicia. Existen leyes que llevan décadas incumplidas", señaló, por su parte, María Eva Koutsovitis, investigadora del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas y coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, organización que también impulsó el amparo.

La ingeniera Koutsovitis recordó otros casos en los que el GCBA incumple leyes de reurbanización de barrios populares, como "la Ley Nº 5.235 de Barrios Nuevos y el Código Urbanístico que ordena la reurbanización de la totalidad de las villas. Hace unas semanas, en el marco de una acción judicial, el GCBA decidió cumplir con la Ley Nº 2.240 de emergencia urbanística y ambiental del Barrio de La Boca convocando a la Unidad Ejecutora. Esta ley había sido sancionada en el año 2006". "Mitigar la crisis habitacional no es una prioridad de este gobierno", concluyó Koutsovitis.