A casi dos años del motín en la cárcel de Devoto --cuando los reclusos subieron a los techos y colgaron una bandera que decía "nos negamos a morir en la cárcel" porque intramuros los contagios por la covid-19 se habían acelerado de manera exponencial--, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) sistematizó la información sobre el impacto de la pandemia en los lugares de encierro. Así verificó la evolución de casos y fallecimientos en comparación con la vida social en general, y detectó que la tasa de mortalidad fue superior entre las personas privadas de su libertad, y la edad de los fallecidos fue inferior. Durante 2020 y 2021 se produjeron 104 protestas, varias de ellas por la suspensión de las visitas, y en esa circunstancia murieron 16 personas al ser reprimidas. "Estaban abiertos los boliches y nosotros no podíamos ver a nuestras familias", fue el reclamo. Y en esta etapa, como a las cárceles todo llega más tarde, todavía hay restricciones que ya fueron levantadas afuera de las unidades penales.

En relación a las muertes por la pandemia de coronavirus, en el período considerado se registraron 120 muertes clasificadas como covid-19, de las cuales 70 ocurrieron hasta diciembre de 2020 y 45 durante 2021. Si bien el incremento de casos de contagio y muerte intramuros tiene relación con las olas registradas en el país, los registros muestran que la ocurrencia de fallecimientos en cárceles durante 2020 creció más rápidamente que en el conjunto de la población. Esto podría tener que ver con una más rápida propagación del virus en espacios de alojamiento carcelarios, que afectó especialmente a personas de riesgo por edad o comorbilidades.

La letalidad del virus en el encierro carcelario resultó mayor que en el medio libre: para 2020 se registró 2,9% en Argentina frente a 3,7% en unidades penitenciarias, aumentando la diferencia en 2021, con 1,9% en Argentina y 3,8% en unidades penitenciarias. "Esto abre importantes interrogantes respecto del cumplimiento de protocolos y el agravamiento de los procesos salud-enfermedad bajo custodia penitenciaria", dice el informe al que accedió Página12. El incremento de casos de contagio y muerte intramuros tiene relación con las olas registradas en el país. Sin embargo, el comportamiento de las muertes en Servicios Penitenciarios y en el resto del país, excluyendo la población menor de 18 años, fue distino: la ocurrencia de fallecimientos en cárceles durante 2020 creció más rápidamente que en el conjunto de la población.

Morir protestando para vivir

En los últimos dos años, el CNPT registró 104 hechos de protestas o medidas de fuerza. Entre las principales causas registradas, se destacan los pedidos judiciales, problemas vinculados a la atención de la salud, a la escasez de elementos de higiene y las restricciones en las visitas. También hubo reclamos por contagios producidos por el ingreso de guardias enfermos. La ausencia o debilidad de los mecanismos de resolución o mediación ante los conflictos, con la participación de todas las partes involucradas, contribuyó ala rápida extensión de este tipo de medidas de fuerza en todas las jurisdicciones del país. Muchos casos de protestas concluyeron con personas heridas de gravedad e incluso con fallecimientos. El total de muertes --16 personas-- en situación de protesta por la covid-19 tuvo lugar en servicios penitenciarios de jurisdicción provincial, mostrando una cantidad proporcional mayor en Santa Fe (unidades de Coronda y Las Flores) y Salta (Unidad carcelaria 1).

En las primeras protestas los reclusos demandaban productos de higiene, alimentos y el cumplimiento de protocolos de cuidado, movilizados en torno a consignas tales como "nos negamos a morir en la cárcel", y “que se implementen las medidas sanitarias correspondientes al ministerio de salud y la OMS”. En la provincia de Buenos Aires ocurrieron 35 de las 104 protestas, tres de ellas en unidades del Servicio Penitenciario Federal. En Mendoza hubo 11, en Río Negro 8 y en Córdoba 7 motines. "Frente a este contexto global, cabe señalar la prevalencia de categorías discriminatorias y estigmatizantes en el tratamiento periodístico, generando dificultades para abordar integralmente las diferentes aristas de esta problemática", indicó el CNPT. 

De acuerdo con las recomendaciones de organismos internacionales del ámbito de la salud, derechos humanos y desarrollo ligadas a la reducción de la población carcelaria, el hacinamiento es uno de los principales obstáculos para responder adecuadamente a las medidas de prevención de la covid-19. Por esa razón, entre las medidas sugeridas figuraba la posibilidad de reducción de prisiones preventivas, la puesta en libertad a reclusos con un riesgo particular, así como personas mayores, con afecciones preexistentes, y detenidos que no suponen un riesgo para la seguridad pública, como aquellos condenados por delitos menores y no violentos, en particular mujeres y niños. Esto generó una polémica mediática sostenida en la falacia de la liberación masiva de presos peligrosos. Si bien a nivel oficial no se explicitó el tipo de delitos de los liberados, éstos no superaron el 3 por ciento de la población total de personas encarceladas.

La peor parte

La declaración de la emergencia sanitaria por la pandemia de la covid-19 en marzo de 2019 significó una restricción al ejercicio de derechos en la sociedad, y tuvo un impacto significativamente mayor entre las personas privadas de la libertad: las visitas de familiares y personas allegadas debieron ser suspendidas como así también las salidas transitorias o extraordinarias y el ingreso de docentes a los establecimientos penitenciarios. En consecuencia, se habilitó el ingreso de teléfonos celulares y el acceso a internet para la población lo que permitió el contacto con el mundo exterior y la concurrencia a clases dictadas de modo virtual. 

Con la evolución de la situación epidemiológica, el descenso de los contagios y los avances en la vacunación, se restablecieron las visitas familiares con algunas restricciones. "Considerando el contexto epidemiológico actual, la vigencia de regímenes de visitas muy restrictivos, en lo referido a frecuencia y duración, constituye una obstaculización al ejercicio de este derecho no justificado en razones sanitarias. A su vez, el retiro de los celulares o la restricción del uso de internet impacta también en el acceso a la educación ya que constituyen herramientas indispensables para participar de clases virtuales y acceder a material de estudio", expresó el organismo.