El Gobierno nacional lanzó una estrategia de abordaje integral para que la salud mental se convierta en política de Estado en Argentina. Con una perspectiva territorial y una mirada transdisciplinaria, el Ministerio de Salud que lidera Carla Vizzotti, en articulación con otros ministerios, sociedades científicas, expertos, redes de usuarios y la sociedad civil, impulsa una transformación que podría ser “revolucionaria”. Para ello, la implementación de la Ley Nacional de Salud Mental, que prevé la externación de los 12 mil usuarios internados, será fundamental. La marcha hacia la “desmanicomialización” busca consolidar sus pasos, bajo la idea de que “el encierro no cura”. La apuesta a “Menos encierro con más Estado” que fomenta el gobierno prevé un cambio de paradigma: el reemplazo de las instituciones monovalentes (de una sola especialidad, psiquiatría) y la restitución de derechos. "Vamos a cuidar la salud mental desde la perspectiva de derechos, libre de violencias, y desde el respeto a las diversidades", explicó el presidente Alberto Fernández al presentar el plan.

La iniciativa se apoyará de la única manera en que se pueden apoyar las iniciativas: con fondos. A los 3.700 millones de pesos que el gobierno destinaba a salud mental, se sumaran 4 mil millones más. Se alcanzarán los 7.660 millones y, en efecto, se fortalecerá el presupuesto actual en Salud Mental que el Ministerio de Salud dispone en un 107 por ciento.

Las acciones, según señalaron desde Salud, se orientarán en varios niveles. Por un lado, se buscará la puesta en marcha de dispositivos de cuidados de urgencia y guardias interdisciplinarias en los hospitales nacionales, por lo que será clave la formación de recursos humanos y profesionales capacitados en perspectiva de territorio; se creará una línea 0800 gratuita las 24 horas; se optimizará el funcionamiento de la telemedicina y programas de interconsulta; se ampliarán las residencias interdisciplinarias en salud mental en 12 jurisdicciones; se crearán cuatro diplomaturas en salud mental comunitaria en todo el país; se duplicarán los psicofármacos que se entregan a través de los botiquines del Plan Remediar.

En este marco, además de los objetivos específicos, también existen metas estructurales vinculadas a promover que los hospitales nacionales cumplan con la Ley de Salud Mental vigente; fomentar el trabajo comunitario en los barrios, es decir, crear un enfoque más humano para atender a la salud mental, en el que la sociedad civil también tenga protagonismo. Asimismo, revertir el estigma social de la salud mental, a partir de la capacitación de los trabajadores y las trabajadoras del Estado en el paradigma de la inclusión. También se promoverá, según anunciaron desde el Ministerio de Salud, la promoción de una mejor atención de aquellas personas con consumos problemáticos.

En este marco, el Hospital Nacional en Red Lic. Laura Bonaparte cumplirá un rol central: será la institución que articule con las jurisdicciones para que cada una de las provincias adecue su situación a lo que prevé la ley. Se anunció, en este sentido, una obra de 14 millones de pesos para la construcción de un nuevo edificio destinado a la atención de niños, niñas y adolescentes con un abordaje integral de salud mental.

Articulación

Con la cartera sanitaria como principal articuladora, la participación de los diferentes ministerios es clave para que la Salud mental se convierta en una política de Estado. El ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat se encargará de la construcción de dos mil viviendas asistidas para tener la capacidad de alojar a los 12 mil usuarios y usuarias que en el presente se hallan internados. La desmanicomialización que impulsa la Ley de Salud Mental fue un aspecto controvertido porque uno de los principales desafíos es que, al adecuar los hospitales monovalentes a la polivalencia, existía el temor de que las personas quedaran desprotegidas, sin lugar a dónde ir. Con esta iniciativa, se busca atender el problema antes de que se convierta en uno: para reemplazar a los manicomios, primero deben existir los espacios de acogida.

Con los ministerios de Desarrollo Productivo y el de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, se están desarrollando planes para favorecer la inserción laboral de las personas externadas, desde una perspectiva de inclusión laboral, con lo que implica que un individuo que quizás hace mucho no accedía a un trabajo pueda hacerlo en las condiciones adecuadas. En diferentes provincias, hay emprendimientos de huerta, carpintería, artesanías, panadería y vivero, aunque aún no están formalizados. 

Mediante una nueva resolución del Instituto Nacional de Activismo y Economía Social (Inaes), se buscará fortalecer el sector. Con el ministerio de Obras Públicas, se acordó con el fin de construir nuevas locaciones y realizar las adecuaciones de infraestructura correspondientes para que los hospitales monovalentes pasen a ser polivalentes.

Con Educación, se realizarán capacitaciones en todos los niveles para mejorar la escucha de la sociedad civil, así como mejorar las capacidades de prevención, identificación y contención de personas con problemas de salud mental. Con el ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Conicet se realizará un relevamiento de todas las investigaciones en salud mental que se efectuaron durante la pandemia para reflejar el estado de situación y aportar evidencia científica al respecto. Con Cultura, se consensuó una agenda común, con el propósito de impulsar piezas culturales (como obras teatrales) que contribuyan a la concientización social sobre la salud mental y para que las personas dejen de ser etiquetadas. La casa oscura y El loco y la camisa son dos obras que relatan los padecimientos y exhiben cómo, en estos casos, operan las barreras para el acceso a los derechos.

Reactivación

Tras el paréntesis que implicó la pandemia y todos los esfuerzos concentrados en el combate de la covid, el gobierno procura fomentar el robustecimiento del campo de la salud mental, históricamente segregado. Tres muestras institucionales que permiten advertir la reactivación del sector: primero, por primera vez se realizó una reunión presencial de especialistas en salud mental y miembros de la sociedad civil de la Comisión Nacional Interministerial en Políticas de Salud Mental y Adicciones (Conisma), dependiente de Jefatura de Gabinete. Segundo, a partir de esta semana, el Consejo Federal de Salud Mental y Adicciones (Cofesama), comenzará a sesionar dos veces por semana. Y tercero: el país aguarda la llegada de Devora Kestel, la psicóloga argentina que dirige el Departamento de Salud Mental y Abuso de Sustancias de la OMS, como muestra del apoyo que el organismo internacional ofrecerá en la materia.

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