La reunión en Rosario de la Corte Suprema y los magistrados federales convocados por la Asociación de Jueces Federales de la República Argentina (Ajufe) sigue teniendo repercusiones a casi cuatro días de realizada. Hasta una carta del Papa Francisco mereció el cónclave y un repudio del senador kirchnerista Oscar Parrili que deslizó sobre el encuentro sus sospechas políticas. Durante los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri “no dijeron una sola palabra sobre narcotráfico. Lo que quieren es esmerilar la imagen del gobierno”, lanzó el legislador y presidente del Instituto Patria.

Aquí en Santa Fe la diputada provincial y ex defensora oficial en la justicia federal Matilde Bruera lamentó que la facultad de Derecho de Rosario recibiera a “los jueces del 2x1” en referencia a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkratz que convalidaron en su momento computar dos años por cada uno de cárcel a los represores condenados por delitos de lesa humanidad. También Bruera acusó que la justicia federal “nunca tuvo una política criminal contra el narcotráfico”.

Sin embargo, para el gobernador Omar Perotti y para el intendente Pablo Javkin los objetivos se cumplieron. No fueron ellos los que organizaron el encuentro pero en sus reuniones con el presidente Alberto Fernández y sus declaraciones constantes para nacionalizar el flagelo, fueron preparando el terreno para que se determine el lugar del encuentro máximo de la justicia federal y las repercusiones múltiples que tuvo. También lograron saltar la grieta y los cuestionamientos políticos a miembros de la Corte nacional y alcanzar el nuevo paradigma que no había sido ensayado por gestiones provinciales anteriores: determinar que el del narcotráfico es un problema que tiene Argentina y no sólo Rosario y la provincia. Aunque no reniegan de sus responsabilidades.

En esa dirección, uno de los discursos de esa reunión que no tuvo tanta repercusión aquí fue el del único juez federal de Eldorado (Misiones) con competencia en la Triple Frontera. Miguel Ángel Guerrero se acomodó en el estrado frente a los miembros de la Corte Suprema Nacional, el gobernador Perotti y el intendente Javkin, entre otras autoridades, y lanzó: “En diez años vamos a tener un problema muchísimo más grave que el que vive Rosario”. La declaración impacta primero porque ni siquiera en una zona "pesada" para el narcotráfico internacional se vive lo que se vive en Rosario. Y segundo porque empalma con las declaraciones del intendente este fin de semana a un diario nacional. “Lo que sucede en Rosario anticipa situaciones que Argentina está viviendo en otros lugares”, le dijo Javkin a Clarín.

Como un auto viejo

El ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Daniel Erbetta aseguró que la presencia de casi la totalidad del Poder Judicial nacional en Rosario es importante "en la medida en que se ejecuten los compromisos que se tomaron simbólicamente”. A la manera de la exquisita serie cómica de Larry David (Modere su entusiasmo), Erbetta destacó que si bien es muy importante cubrir las vacantes y dotar de más recursos a la justicia federal de Rosario y la provincia, hay cambios importantes que hay que hacer porque “si no sería como seguir poniendo plata en arreglar un auto viejo que no anda más”.

El fiscal federal Federico Reinares Solari coincide en que el fuero federal de Rosario requiere de un cambio institucional tanto como de recursos para funcionar de otra manera. El fiscal cree que se debe determinar claramente el objeto de persecución penal en la justicia federal de Rosario. En otras palabras, en ese fuero se insume mucho tiempo en cuestiones importantes pero menores al lado del flagelo del narcotráfico. Si no, cómo se entiende que la justicia federal de esta ciudad no esté claramente pugnando por pedazos de la voluminosa causa que construyeron los fiscales provinciales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery contra el capo narco Esteban Alvarado, para el que pidieron cadena perpetua por numerosos crímenes imputados.

¿Me hablan a mí?

Precisamente en esa causa, el testimonio de un jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) dejó muy mal parado al juez federal Marcelo Bailaque, al que en 2013 le pidieron con pruebas que habilite instrumentos para profundizar la investigación contra Alvarado y se negó en cuatro oportunidades. Bailaque participó del encuentro de magistrados el jueves y eligió hacerse el distraído ante la consulta de los periodistas.

Marcelo Sain que no sólo es exministro de Seguridad de Santa Fe y ex titular de la Oficina de Investigaciones del MPA sino creador de la PSA, cree que la situación de Bailaque es más comprometida aún. El actual funcionario del ministerio de Seguridad nacional sostiene que en realidad el juez federal rosarino “habilitó las investigaciones” de la Policía de Seguridad Aeroportuaria contra Alvarado entre 2013 y 2016 y cuando “estaba a punto caramelo para tumbar la banda, Bailaque mató la causa”, publicó Sain en su cuenta de Twitter. 

El atraso total

La frustrada designación al frente del Servicio Penitenciario provincial del teniente coronel José Alberto Bernhardt no sólo representó un oprobio para los organismos de Derechos Humanos y vastos sectores políticos -aún de los que integran el gobierno de Santa Fe- por la pertenencia de este militar al Batallón de Inteligencia 601 durante la última dictadura militar, sino que reveló hasta qué punto las fuerzas políticas carecen de formación de cuadros en toda la cadena de la seguridad democrática.

Por más que el secretario de Asuntos Penales y Penitenciarios Walter Gálvez haya defendido la designación, aludiendo a que Bernhardt "no tiene ninguna causa penal iniciada", la justicia santafesina ya había intentado que compareciera por diversas denuncias vinculadas a causas de lesa humanidad, cuando era funcionario de Obeid.

Pero no sólo se trata del pasado. Ante la crisis que representa que gran parte del delito se siga gestionando desde las cárceles -aunque en gran medida se trate de presos de alto perfil alojados en penales de otras provincias- el gobernador Perotti intentó echar  mano al nombramiento de un "duro" que tuvo actuación en la seguridad de los 90 en los dos gobiernos de Jorge Obeid y en uno de Carlos Reutemann. Aunque en realidad se trate de un jubilado que hasta ayer hacía un sueldo extra a cargo de la seguridad de un barrio privado en Santo Tomé.