Apenas comenzó la sesión de ayer, la Cámara de Diputados de Salta aprobó una comisión investigadora para abordar la denuncia de violencia de género que pesa sobre el diputado Daniel Sansone, luego del cruce que tuvo en una red social con la ex diputada Liliana Mazzone.
Allí el legislador, en un mensaje de audio, calificó con fuertes insultos a Mazzone, luego de que ella festejara la renuncia de Sabrina Sansone, hija del diputado, como secretaria de Cultura. El violento intercambio se viralizó rápidamente y derivó en una denuncia en la Justicia por violencia de género de la ex diputada.
Por ese motivo la jueza de violencia familiar y de género, Carolina Cáceres Moreno, resolvió que Sansone no puede acercarse a por lo menos 300 metros “del domicilio particular o laboral de la víctima” y dispuso una consigna policial para que realice rondas periódicas en ambos puntos restringidos para velar que el acusado cumpla con la perimetral.
La jueza ordenó también pericias psicológicas para ambas partes, intimó al diputado a que se abstenga de realizar cualquier acción que afecte o dañe a Mazzone y lo obligó a realizar una capacitación específica sobre violencia de género.
Independientemente de lo que se disponga en el ámbito judicial, la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, integrada por Socorro Villamayor, Gladys Paredes y Verónica Saicha, deberá arribar a una conclusión y podrá solicitar sanciones que después serán votadas en el recinto, cuya expresión más grave sería la expulsión del legislador.
La propuesta de iniciar la investigación fue a instancia de la presidenta de la comisión de la Mujer, Mónica Juárez, y obtuvo el apoyo unánime del cuerpo. Inclusive el propio Sansone dijo que acepta la decisión “con el mayor gusto” para que se investigue a fondo, y señaló que le hubiese gustado a él pedirla que se conforme, pero Juárez se le adelantó.
En cuanto a antecedentes recientes sobre denuncias de violencia de género a diputados hubo tres en 2017. La primera fue contra Jorge Guaymás que se resolvió cuando la denunciante retiró la demanda. También se inició otra investigación judicial, con imputación incluida, contra César Córdoba, representante de Los Andes.
Finalmente Tomás “Turi” Rodríguez, exdiputado por la capital, resultó condenado con un año y seis meses de prisión condicional luego de ser encontrado culpable de agresiones a su ex pareja, en este caso la sentencia llegó en 2021, dos años después de que finalizara su mandato, por lo que no tuvo repercusión dentro del cuerpo.
Rodríguez complicado
La de ayer es la segunda comisión investigadora que se aprueba en el mes, ya que hace un par de semanas se constituyó una para indagar sobre la denuncia de estafa que hizo una mujer al diputado Fabio Rodríguez, debido a que sostiene se apropió indebidamente de su sueldo.
La denunciante dijo desconocer que se encontraba contratada como asesora del legislador bajo la modalidad de agrupamiento político, y que en ese tiempo no cobró ninguno de los sueldos depositados mensualmente, que sin embargo sí eran retirados por alguna persona.
A pesar de que se especulaba con que la mujer iba a retirar la denuncia, ayer el fiscal penal de Rosario de la Frontera, Nicolás Rodríguez López, en el marco de la investigación que lleva adelante, informó que la denunciante fue citada a sede fiscal y que en su declaración ratificó en todos sus términos lo vertido en sede policial.
El fiscal explicó que la investigación se encuentra en curso y que se trabaja en el análisis de las distintas medidas probatorias dispuestas para lograr el esclarecimiento del hecho, entre las que se cuenta la solicitud de informes a la institución bancaria, a la Cámara de Diputados y otras diligencias.
De esta manera la comisión integrada por las diputadas Laura Cartuccia, Carolina Ceaglio y Alejandra Navarro continuará con su tarea para dilucidar si efectivamente hubo una irregularidad de parte de Rodríguez.
Denuncia por maltrato laboral
El lunes en tanto ingresó una nota al presidente del cuerpo, Esteban Amat, en la que una empleada de la comisión de Salud apunta a Mónica Juarez por violencia laboral.
La denunciante consigna en la nota que fue víctima de reiterados actos maltratos de parte de la diputada, y que esto le habría ocurrido también a otros trabajadores, por lo que pide a Amat que garantice que cese esa actitud de Juárez y que se garantice un ambiente laboral sano.
Empleo joven
En cuanto a la tarea legislativa, la Cámara Baja aprobó el proyecto para implementar en la provincia el Programa Primera Oportunidad Laboral (P.P.O.L.), presentado por la diputada Mónica Juárez.
Este tiene como objeto promover en jóvenes de entre 18 y 30 años, sin experiencia laboral, herramientas de capacitación y entrenamiento en el ámbito laboral privado, potencializando aptitudes para el ingreso al primer trabajo registrado en relación de dependencia.
La iniciativa establece que las empresas que se adhieran al programa podrán recibir a los jóvenes interesados bajo la modalidad de "Capacitación y Entrenamiento Laboral”, que tendrá un plazo de 12 meses sin generar relación de dependencia o estabilidad ni con el receptor ni con el Estado Provincial.
Bajo esta opción, el beneficiario percibirá una asignación económica no remunerativa mensual determinada por la Autoridad de Aplicación de acuerdo a un porcentaje del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) vigente a la fecha del otorgamiento. Cumplido ese período, o antes, podrá ser contratado formalmente por el receptor bajo la normativa laboral vigente. La carga horaria será de hasta cuatro horas diarias o 20 semanales.
La otra modalidad posible es por “Contrato de Trabajo por Tiempo Indeterminado”, en la cual sí se establece una relación laboral formal entre el receptor y el beneficiario, pero la empresa percibirá un subsidio económico por cada trabajador de hasta 12 meses, el cual será determinado por la Autoridad de Aplicación en un porcentaje del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) vigente a la fecha del otorgamiento. La carga horaria y remuneración será la que corresponda según el régimen laboral legal aplicable a la actividad.
Dicho subsidio deberá ser contemplado en el presupuesto anual de la provincia mediante la asignación de un Fondo Especial.
La selección de beneficiarios se hará mediante la creación de un registro que se renovará anualmente tanto en lo referido a los postulantes como a las empresas que quieran formar parte.
Los diputados coincidieron en que esta herramienta facilitará a los jóvenes poder conseguir su primer trabajo y acumular experiencia en el currículum, y de esta manera saltear ese círculo que se genera cuando las empresas solicitan trabajadores con experiencia previa, que les impide insertarse en el mundo laboral.
Las objeciones en tanto, apuntaban a que la iniciativa podría facilitar la precarización laboral, tal como sucede actualmente con el régimen de pasantías, ya que les permitiría a las empresas conseguir mano de obra no calificada sin generar una relación laboral, para de esta manera renovar el personal permanentemente sin pagar indemnizaciones.
