Al menos dos empleados de la municipalidad de San Ramón de la Nueva Orán, presentaron denuncias penales contra el intendente de esa ciudad, Pablo González, y el encargado del cementerio municipal, David Bermejo. Los acusan de obligarlos a profanar tumbas de personas fallecidas durante la primera etapa de la pandemia de la covid-19.
Uno de los denunciantes aportó documentación, y requirió que se secuestre el teléfono celular de Bermejo “para extraer pruebas”. También pidió que se dicte una medida cautelar sobre el cementerio “para que no se modifique el lugar del hecho”.
En un caso, los acusaron por incumplimiento de los deberes de funcionario público y en el otro, por amenazas. Sin embargo, por lo que dicen los denunciantes, trabajadores municipales que oficiaron de exhumadores en 2021, las figuras penales serían apenas la punta de un iceberg hecho de padecimientos físicos y de los otros, que parecen ser los peores.
Es que desde aquellos días de terror, en los que participaron del desmembramiento de cuerpos, de engaños a familiares y de una lista de otras irregularidades, no tienen paz, por eso, en un intento por reivindicarse decidieron denunciar estos hechos, como “acto de justicia”.
Las presuntas irregularidades en el cementerio municipal de Orán ya fueron objeto de denuncias de familiares de personas fallecidas en la pandemia, pero es la primera vez que las denuncian los trabajadores que ejecutaron las órdenes de exhumación y nuevas inhumaciones.
El 9 de junio un trabajador acusó por incumplimiento de los deberes de funcionario público al intendente y al encargado del cementerio municipal. Al día siguiente otro empleado acusó a Bermejo por amenazas.
Según se cuenta en la primera denuncia penal, todo comenzó el 15 de julio de 2021, cuando el arquitecto Carlos García llamó, “por orden del intendente, doctor Pablo González”, a un grupo de trabajadores municipales (algunos de planta permanente y otros con contratos) para exhumar cuerpos de personas fallecidas por covid en 2020 que habían sido enterradas en fosas comunes, la mayoría acondicionadas en bolsas y unas pocas, en cajones. “Los cuerpos eran enterrados apilados de a 5, 6 y 7 en una sola fosa, sin cajón, solo envueltos en bolsas mortuorias” que eran “identificadas con nombre y apellido, DNI y fecha de deceso de cada persona. Así venía identificado desde el Hospital”, describió este denunciante.
El abogado Pablo Cardozo, que asesora a los trabajadores, explicó a Salta/12 que a raíz de la exhumación del cuerpo de un policía de apellido Toro para inhumarlo en el Cementerio Parque de Orán, otros familiares comenzaron a requerir que sus parientes fueran colocados en tumbas individuales. El reclamo fue ganando volumen y, al parecer, ya a mediados de junio, obligó a comenzar un proceso de exhumación de los cadáveres enterrados en fosas comunes para individualizarlos y sepultarlos nuevamente por separado (https://www.pagina12.com.ar/349595-en-oran-exhuman-cuerpos-del-sector-covid-en-el-cementerio-mu).
“El día que íbamos a empezar con las exhumaciones de covid, el arquitecto nos presenta al señor David Bermejo, quien en ese momento era el encargado del Mercado de Abasto”, pero que iba a estar a cargo de ellos, contó este denunciante.
Las exhumaciones comenzaron, relató, por el cuerpo del vecino Bernabé Saván, que “se realizó de manera correcta”. El procedimiento preveía que una vez exhumado, era reconocido por un familiar y se lo volvía a inhumar, ya en una tumba individual. “Luego de eso empezaron las irregularidades”, dijo: buscaban el cuerpo de Walter Coyuri, pero no lo encontraron, entonces Bermejo les ordenó hacer “como un acting para que a la familia le dé impresión y no se acerque al cuerpo” y no advirtiera que se trataba de restos óseos de otra persona.
“Así pasó con varias personas, que no fueron encontradas ni identificadas correctamente, y se les entregaba a los familiares otro cuerpo”. Pero hubo personas que advirtieron el engaño, como ocurrió con “el caso del señor Stameslakos Ángel, quien era esposo de una ex jueza. Ella se presentó y dijo que no era él y efectivamente no era él”, pero se hizo un acting para que la viuda no insistiera con reconocerlo, sostuvo el denunciante. En declaraciones públicas añadió que la mujer terminó por aceptar el cuerpo que se le entregaba, y se lo enterró en una tumba individual identificado como Ángel Stameslakos. Y luego, cuando apareció el cuerpo de este hombre, lo entregaron a otro familiar, con distinta identidad.
El denunciante aseguró que Bermejo “sacaba fotos de los cuerpos con su teléfono” y “preguntaba a los familiares características de los difuntos para luego buscar un cuerpo similar” y “dejarlos conformes con la identificación, la cual era incorrecta”.
En declaraciones en Radio Cadena NOA los denunciantes afirmaron que Bermejo les dijo que dejaran un cuerpo a mano de manera de poder desenterrarlo “cuando hiciera falta” para exhibirlo ante familiares. Y que para que se acomodara a las características de la persona fallecida que buscaban lo “achicaban” o “estiraban”. “Prácticamente era una estafa todo”, aseguraron.
“Además, una vez identificado el cuerpo por el familiar, se le hacía creer que se lo enterraba en un cajón individualmente”; pero cuando el familiar se retiraba, el cuerpo era sacado del cajón, se lo ponía nuevamente en una bolsa y se lo enterraba en una fosa individual, y el cajón se usaba otra vez para “hacer la misma maniobra con otros cuerpos ahorrándose así la municipalidad el presupuesto del cajón”. “Esta operación se hacía bajo las órdenes del señor David Bermejo, quien vía telefónica se comunicaba con el señor Pablo González”, insistió el primer denunciante.
Por otro lado, una vez que hubo resistencia de los trabajadores a continuar con las exhumaciones, se resolvió usar una máquina excavadora. El denunciante contó lo que pasó con pilas de cajones metidos en una misma fosa: “la máquina, cuando metía la pala, los desmembraba (a los cuerpos) sacándoles las cabezas o piernas. En el caso de Rojas Pascual le sacaron la mitad del cuerpo, el cual para que los familiares lo identifiquen se armó con otra parte de otro cuerpo”, detalló.
El segundo denunciante sostuvo que Bermejo lo obligaba “a extraer los cuerpos de las fosas, abrir el cajón y exhibirlo a los familiares” para que los reconocieran, y que “en más de una ocasión” le indicaba que sacara “cualquier difunto” y lo hiciera “aparentar como familiar de algún visitante”.
Por otra parte, este denunciante contó que como los cajones se desarmaban al sacarlos de las fosas, “quedaban restos óseos, de los cuales tenía la orden de tomar esos restos y colocarlos en cualquier cajón que se encontraba abierto”.
En declaraciones públicas los denunciantes afirmaron que Bermejo tenía motivaciones económicas, que “cobraba por la venta del terreno (las parcelas), por la exhumación, todo eso cobraba”. “En realidad lo que era la estafa ahí era el tema de los cajones”, dijo uno.
Fosas vacías
En la primera denuncia el trabajador también dejó asentado que “existen actualmente fosas en la segunda fila del nuevo lugar de covid, donde no hay cuerpos pero los familiares creen que sí”. Es lo que pasa con los lugares donde se señaló que están los restos de Pedro Guerra o de Emanuel Núñez, “entre otros”.
“No hay nada, y lo más triste es que están yendo al cementerio a visitar a sus familiares siendo que en algunas de las fosas no existe ningún tipo de cuerpo, eso es lo más triste y eso es lo que nosotros queremos tratar de rectificar y hacer acto de justicia para que la gente ya esté más tranquila y recupere cada una a sus familiares”, dijo uno de los denunciantes.
“Varias” fosas están vacías, añadió. Incluso hay personas que levantaron una “covacha” (lápida), “pero no hay nadie ahí”. “El otro día cuando fui al cementerio vi a una persona que estaba en la covachita esa (…), no sé, me dio una gran tristeza y después fui a mi casa”. “No es que nosotros quisimos hacer, sino que nos obligaron por todo el tema de trabajo. Que sepan los familiares que nosotros también hemos quedado mal, nosotros hemos soñado con los finados, uno vivía día a día con eso. Y más la tristeza es de ver a los familiares que van a prender velitas donde no hay nada”.
Si bien hay lugares donde hay cuerpos, no son los que la gente cree. “Hay muchos que no son”, insistió. “Desde esa fecha no tenemos paz mental, no podemos dormir tranquilos. Tengo problemas de salud a causa de este trabajo”, dejó aclarado el primer denunciante. “No importa lo que pase, sino que se haga justicia nomás, que se haga justicia con lo que se hizo ahí y nada más”, confirmaron los dos.
Temor a represalias
El primer trabajador que recurrió a la Justicia también denunció “el maltrato” que sufrían “todos los compañeros” convocados a exhumar los cuerpos, que no recibían las herramientas adecuadas para el trabajo, ni apoyo psicológico, y les daban de comer “sándwiches y gaseosas en una jornada de todo el día, de 7 AM a 19 PM”. Además, recibían un pago $750 por cada cuerpo extraído. “Y si algún compañero protestaba era inmediatamente expulsado de este trabajo y después venían represalias y lo sometían a persecución en el trabajo”, algo que ocurrió en al menos tres casos, aseguró.
El segundo denunciante ratificó que no fueron provistos de elementos de bioseguridad, y por este motivo “sufrió quemaduras en su pierna izquierda por el contacto con el líquido cadavérico” y sufrió “otras lesiones por el peso que tenía que alzar sin ningún tipo de ayuda ni maquinarias”.
Además de solicitar que se investiguen estos hechos, el primer denunciante pidió protección porque dijo que teme que haya represalias “tanto físicas como económicas”.
El segundo denunciante añadió que “constantemente era amenazado” por el encargado, que le decía que “si decía algo relacionado a lo que estaba sucediendo, lo iba a hacer despedir, valiéndose de la condición por ser cuñado del intendente de esta ciudad”.
Solicitó que “se adopten las medidas legales en contra de los acusados, ya que siente temor por su estabilidad laboral”, agregó que hizo todo eso por “órdenes directas del intendente municipal” y que Bermejo lo amenazaba diciéndole que “si no hacía las cosas” lo iba a dejar sin trabajo y sentía un “temor fundado ya que dos compañeros fueron despedidos sin motivo alguno”.
La semana pasada el Concejo Deliberante de Orán aprobó por unanimidad un proyecto de resolución presentado por el concejal Samuel Huerga (PO) que exhorta “al intendente municipal” a que “se abstenga por sí o por cualquier otro medio, de ejercer actos que puedan significar la persecución laboral o violencia sobre los agentes municipales o sus familias”. Y solicita el “urgente apartamiento” de Bermejo.
