Si fuera tan sencillo como lo pretende la lógica de la gente común, la Justicia, como instituto del Estado, estaría solazándose en las plazas con los ojos descubiertos, sin balanza, y con los pies en una fuente, y no con una venda de hipocresía, una espada que elige a quien cortar, y una balanza desajustada que lo único que hacen es alejarla y elevarla por encima de la sociedad. Un fallo del Tribunal Oral 7 de Lomas de Zamora decidió mantener presa a la presunción de inocencia, y junto con ella se cargó a Marcos Bazán, a quien ordenó mantener en la cárcel (lo está desde hace 5 años) pese a que un tribunal superior, la Cámara de Casación, había ordenado adecuar a las normas constitucionales su detención, habida cuenta de que había anulado el juicio por irregularidades gravísimas de parte del mismo TOC7. El fallo de Casación no necesariamente significa su inocencia, sino tan solo se esfuerza en no condenar de antemano. Como respuesta, el TOC7 sostuvo que liberar frente a la posibilidad de una condena es prueba suficiente de que se fugará. Y no ofreció pruebas. Al contrario, sospechó que el apoyo de organizaciones sociales sobre su inocencia era el camino para la fuga.

El fallo dividido del TOC7, con el voto por la condena con la firma de Claudio Fernández y Daniel Mazzini, y en disidencia, Santiago Márquez (quién votó por la domiciliaria), ordenó mantener en el penal al acusado hasta que se lleve adelante el juicio. El fallo en sí mismo es un manual del esfuerzo judicial por hacer lo que todo buen albañil desaconseja: dar maza bajo sus pies, contra la pared que lo sostiene. El argumento fundamental de Fernández y Mazzini contradice la decisión previa de los mismos jueces, quienes el 24 de junio pasado habían decidido desoír lo dispuesto por Casación y ordenar que continuara la preventiva, pero morigerada. En esa línea, el mismo tribunal, por entonces por unanimidad, había ordenado que Bazán fijara domicilio, y que la asistencia social verificara si dicho domicilio cumplía con las condiciones necesarias para albergarlo, y con las necesidades técnicas que requiere el Servicio Penitenciario Bonaerense para utilizar la tobillera electrónica.

En su fallo, el TOC 7 cita los informes positivos, tanto de la Asesoría Pericial Departamental, sobre el domicilio requerido, como del SPB, que arrojaron que la vivienda se encontraba "apta". Es decir, cumplía con los requisitos que esperaba el TOC7 al ordenarlos. Con esos informes en mano, Fernández y Mazzini decidieron de todas formas rechazar la detención domiciliaria.

Los dos jueces insistieron en justificar la detención por el peligro de fuga y la posibilidad de interferir en el proceso judicial, pese a que en su decisión del 24 de junio los mismos datos no habían constituido obstáculo para ordenar las medidas de la morigeración.

"La posibilidad de entorpecer el proceso como argumento para justificar el peligro de fuga es totalmente errónea porque a esta altura prácticamente todas las pruebas ya fueron concretadas, no hay nada en lo que pueda incidir Bazán", dijo a Página/12 Fabio Fallavelli, abogado del área de Política Criminal y Violencia en el Encierro, del CELS.

Por otro lado, el mismo tribunal utilizó como fundamento que Bazán es apoyado por organizaciones sociales, como argumento de la capacidad de maniobra y dinero con que contaba el acusado, lo que el tribunal consideró un riesgo para la prosecución del proceso. "Es muy peligroso lo que hace el tribunal -sostuvo Fallavelli-, sostener como acusación que las organizaciones sociales lo acompañen en su inocencia. Buscan el disciplinamiento de quienes recurran a las organizaciones, porque después un pibe detenido, que perdió injustamente su escaso trabajo y lo poco que tenía, va a dudar en apoyarse en las organizaciones sociales para probar su inocencia."

El CELS, que acompaña a Marcos Bazán como amicus curiae en la causa, sostuvo en su cuenta de Twitter @CELS_Argentina que "agotado todo plazo razonable para permanecer en prisión preventiva, el poder judicial muestra un fuerte ensañamiento sobre Marcos, quien siempre estuvo a disposición de la Justicia." Continúa sosteniendo que "aunque no tiene ingresos desde que fue detenido en 2017, en la resolución del TOC 7, el voto de la mayoría sostiene que Bazán contaría con los medios económicos para fugarse. También plantea que el apoyo que tiene de organizaciones sociales podría facilitar esa posibilidad." Y cierra denunciando que "estos casos muestran la irracionalidad con la que opera el poder judicial: personas inocentes, que no fueron sometidas a juicio, están presas durante años sin fundamentos, incluso cuando las instancias superiores ordenan la revisión de las preventivas."

Entretanto, las organizaciones sociales apuntadas por los jueces del TOC 7 convocaron para el jueves 14 a las 9 a concentrarse en la Plaza Lxs Pibes, en 115 y diagonal 80, de La Plata, para marchar a los Tribunales de Casación, en reclamo por la libertad de Bazán.