El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso designó a Diego Ordóñez a cargo de la flamante Secretaría Nacional de Seguridad Pública y del Estado. La nueva institución, creada este martes mediante un decreto, tiene como objetivo planificar y coordinar temas de seguridad en caso de crisis o conmoción nacional.

Lasso anunció la creación de la cartera del Estado que deberá encargarse de la planificación integral de Seguridad, en coordinación con otros ministerios. En este sentido, el mandatario señaló que la nueva secretaría “articulará esfuerzos y definirá acciones con Fuerzas Armadas, Policía, ministerios de Gobierno, Relaciones Exteriores y Defensa; autoridades de la Asamblea Nacional y Corte Nacional de Justicia”.

Ordóñez, exdiputado oficialista que trabajaba como consejero del gobierno, dijo que su gestión buscará enfrentar "multidimensionalmente las amenazas de la inseguridad producto del crimen organizado y sus delitos asociados, de la violencia generada por intereses políticos y también de los riesgos naturales".

“No hay libertad sin seguridad, no hay bienestar sin seguridad”, sentenció el nuevo secretario. Desde la asunción de Lasso en abril de 2021, el gobierno se ha enfrentado a una ola de criminalidad por parte de bandas narcotraficantes internacionales y locales que disputan el puerto de Guayaquil y que derivó también en una crisis carcelaria con más de 300 muertos en motines.

Asimismo, organizaciones indígenas se han enfrentado al gobierno contra las políticas económicas y sociales de Lasso. El último choque fue un paro de 18 días, que culminó a fines de junio, donde se registraron cinco muertos y varios choques con la Fuerza Pública.

Crisis de Seguridad

Ecuador es el tercer país con mayores incautaciones de droga en el mundo, detrás de Estados Unidos y Colombia, según un informe de las Naciones Unidas (ONU). El informe también concluye que Ecuador "dejó de ser un país de tránsito y es un país considerado ya de exportación" de droga.

Ecuador tiene fronteras con Colombia y Perú, los dos mayores productores de cocaína a nivel global. El puerto de Guayaquil es utilizado por organizaciones ilegales internacionales para la salida de droga.

Guayaquil es una de las principales localidades para la salida de droga, luego del puerto de Buenaventura, en Colombia y delante de Cartagena (Colombia) y Santos (Brasil). En abril, Lasso decretó el estado de excepción en tres provincias por la ola de delincuencia organizada, que incluía a las provincias costeras de Guayas, cuya capital es Guayaquil, Manabí y Esmeraldas, fronteriza con Colombia.

Medios locales informaron que en los primeros tres meses del año se registraron 300 asesinatos en la denominada Zona 8, compuesta por Guayaquil, Durán y Samborondón, 260% más que en el mismo período del año pasado.

Una investigación del portal Insight Crime reveló que la organización criminal ecuatoriana Los Choneros, una de las principales bandas que opera en el país, transporta cocaína exclusivamente para el mexicano Cartel de Sinaloa.

Sus rivales, un grupo conformado por Los Lobos, Los Tiguerones y Los Chone Killers, abastecen de cargamentos de cocaína al Frente 48, compuesta por disidencias de las FARC colombianas y al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de México, según esa investigación periodística.

Además, en 2021, las cárceles ecuatorianas fueron escenario de sangrientas guerras de poder entre presos de bandas vinculadas al narcotráfico, que dejaron más de 320 muertos en algunas de las peores masacres carcelarias de América Latina.

Paro y protestas

Por 18 días consecutivos, indígenas y campesinos adhirieron a un paro contra el gobierno, impulsado por Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y otras 53 organizaciones.

Durante las manifestaciones se constataron disturbios y choques con la Fuerza Pública. La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos registró al menos 64 vulneraciones a los derechos humanos, cinco fallecidos, 166 personas heridas, 108 detenciones y cinco desaparecidos.

El mandatario conservador hizo "un llamado a la comunidad internacional para advertir este intento de desestabilizar la democracia” y, además, acusó a la Conaie de buscar "el derrocamiento del Gobierno" con financiamiento de partidos opositores.

La organización respondió: "si el paro duró 18 días no fue por un financiamiento externo sino por la inoperancia, el desinterés y la falta de voluntad del gobierno, los logros alcanzados no son ningún favor, son producto de la lucha y presión social que obligaron a ver la realidad del país".