El presidente de Perú, Pedro Castillo, criticó el allanamiento realizado este martes en el Palacio de Gobierno por la Fiscalía y el Equipo Especial de la Policía Nacional del Perú (PNP) para buscar a su cuñada Yénifer Paredes.

“Hoy Palacio de Gobierno y la casa presidencial, una vez más, han sido violentados con un allanamiento ilegal avalado por un juez, coincidentemente cuando se está solicitado el pedido de mi inhabilitación por cinco años para arrebatarle al pueblo peruano su legítimo gobierno”, señaló el mandatario en un mensaje oficial.

Castillo aseguró que intentan "doblegarlo" y denuncia que existe una confabulación entre una parte del Congreso, la Fiscalía de la Nación y un sector de la prensa para desestabilizar el orden democrático. “Quienes hoy buscan quebrantar el orden constitucional y democrático son los mismos que denunciaron un fraude electoral inexistente para desconocer mi elección, recurriendo con tal fin incluso a los organismos internacionales”, afirmó.

El mandatario sostuvo que durante más de un año ha querido establecer el diálogo. “Sin embargo, hemos recibido como respuestas las acciones orientadas a la vacancia presidencial, a la acusación constitucional, la inhabilitación, la suspensión y la renuncia”, añadió.

“Todos los peruanos somos testigos de la continua puesta en marcha de un plan mediático que apunta a tomar el poder de manera ilegal e inconstitucional”, señaló Castillo. El mandatario hizo un llamado “a la fuerza democrática” a unirse en defensa del Estado de derecho, el orden democrático y la voluntad popular. “Podrán tener medios, podrán tener dinero, pero no tienen al pueblo”, expresó al culminar su mensaje.

El equipo de Fiscalía y de la PNP no logró ubicar a Paredes, quien ahora se encuentra prófuga de la justicia. La cuñada del presidente afronta una investigación preliminar por el presunto delito de tráfico de influencias.

La justicia ordenó la detención por 10 días de Paredes, del alcalde de Anguía, José Medina, y de los hermanos Hugo y Anggi Espino Lucana, dos empresarios amigos de la hermana de la primera dama Lilia Paredes y los principales investigados en el caso del presunto ofrecimiento de obras en Chota.

Pedido de inhabilitación

Este martes se presentó el informe parlamentario que propone inhabilitar por cinco años de la función pública a Castillo. La denuncia constitucional contra el mandatario es "por presuntas infracciones constitucionales y delito de traición a la patria en agravio del Estado". La acusación se basa en que Castillo dijo en enero que podría darle una salida al mar a Bolivia, previa consulta popular.

El informe fue respaldado en la subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso por los legisladores opositores Wilson Soto (Acción Popular), Norma Yarrow (Avanza País) y José Cueto (Renovación Popular).

Eduardo Pachas, uno de los abogados del mandatario, presentó un recurso de habeas corpus ante la subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que se anule la denuncia.

Castillo se negó a responder preguntas sobre el informe parlamentario al salir de un evento oficial en Arequipa, donde la prensa le consultó sobre el asunto. “Yo no voy a responder esos temas que están en investigación. El pueblo sabe que hemos venido a impulsar el desarrollo del país y ver de qué manera seguimos trabajando”, señaló.