“Acá estamos como en una cárcel”, dice a PáginaI12 Marta, que prefiere reservar su apellido por el miedo que, según cuenta, le tiene a la Policía de la Ciudad. Ella era mantera de Once y ahora está recluida en el galpón de la calle La Rioja al 70, uno de los lugares adonde fueron ubicados los vendedores tras el desalojo de enero pasado. El otro está en Perón y Boulogne Sur Mer. A cinco meses del operativo y del promocionado reciclaje, que incluyó un curso de capacitación, los manteros no tienen a quien venderle: los galpones están en zonas poco transitadas y casi nadie entra a comprar. Para remediarlo, algunos se animan a volver a la calle. Pero se encuentran con represión policial, amenazas, secuestro de la mercadería y hasta detenciones. 

En el puesto de Marta cuelgan perchas con camperas, pantalones de friza, buzos y camisetas de fútbol. Desde la entrada, repasa los pasillos con la vista. De vez en cuando pasan los empleados de Espacio Público del gobierno de la Ciudad encargados de vigilar el galpón. Marta habla en tono bajo y pausado. “Tres veces por día toman lista; a la mañana, al mediodía y a la tarde. Si en un mes tenés cinco faltas te sacan el puesto”, cuenta cuando se asegura que el empleado ya pasó de largo. En una de las paredes del predio hay pegadas dos hojas A4, con una veintena de nombres en lista. Todos ellos, informa la nota sellada por Espacio Público, perdieron sus puestos. “A los que han intentado salir a vender a la calle les quitaron la mercadería; si la reclaman los golpean y hasta se los llevan presos. ‘Negro de mierda, ¿por qué no te volvés a tu país?’, nos dicen los policías. Cuando nos desalojaron nos sacaron todo y no nos devolvieron nada. Tuvimos que sacar préstamos para volver a comprar la mercadería”, relata Marta. 

El tinglado es amplio; ocupa más de media manzana y tiene entradas sobre la avenida Hipólito Yrigoyen y la calle La Rioja. Cuenta con un total de 452 puestos que se reparten en dos pisos. Son cubículos de alrededor de un metro y medio de ancho por dos metros de profundidad, hechos con rejas delgadas y una estructura de aluminio pintada de amarillo. “Arriba no venden nada, por eso muchos buscan ocupar puestos abajo. Pero acá tampoco vendemos. Muchos compañeros no llegan a conseguir la plata para darle de comer a su familia y entonces salen a vender a la calle, por más que sepan que los va a perseguir la policía. Estamos desesperados”, explica la vendedora. 

El mes pasado, luego de una lluvia intensa, el galpón se inundó por el desborde de las napas que rebalsaron en el baño de planta baja. Los vendedores que tienen sus puestos en ese piso perdieron, una vez más, toda la mercadería. “Los de Espacio Público nos dijeron que nos iban a pagar todo lo que perdimos, pero al final nos dieron 400 pesos por puesto, nada más”, recuerda Marta.

Adentro del predio hace tanto frío como afuera. En todos los pasillos de la planta baja se ven puestos vacíos, y en el piso de arriba son pocos los ocupados. Clientes, casi ninguno. Más allá de los vendedores, se pueden contar con los dedos de una mano a las personas que circulan por los corredores. “Si allá están mal –sostiene Daniel, otro vendedor, en referencia a los locales de Pueyrredón–, acá estamos peor. El predio está muy alejado de la estación y esta zona es de barrio, no es una zona comercial”. Pero a falta de compradores, indica Daniel, sobran policías: “Hay agentes de civil, están los de la Ciudad, a veces los de la Federal y se suman los inspectores de Espacio Público, que son los que toman lista. Andan persiguiendo a los compañeros, muchas veces de civil para que no los reconozcan, los agarran y les sacan la mercadería”.

Según cuentan los ex manteros, desde hace unos meses reconvertidos en puesteros, la violencia policial tuvo un fuerte aumento en 2015, dos años antes del desalojo definitivo en enero de este año. “De la gente de acá, según me contaron, allanaron las casas de seis o siete compañeros”, señala Daniel, que participó de los relevamientos que realizó Vendedores Libres, paralelo al censo que hizo el gobierno de la Ciudad antes del desalojo.

En su cálculo de vendedores cuyas casas fueron allanadas, sin embargo, no había contado a Marta. A fines de 2015 –“ya había pasado Navidad”, recuerda la vendedora–, estaba por terminar de cenar con su hijo cuando tres hombres irrumpieron en su casa. “Entraron encapuchados, con pasamontañas y me mostraron una orden judicial. Se llevaron la mercadería, pero también robaron plata, celulares, computadoras, hasta mi televisor. Me pedían que les señalara en dónde estaba la caja fuerte de mi casa, y yo qué voy a tener caja fuerte. Obviamente hice la denuncia, vinieron peritos a mi casa y todo. Pero después quedó en la nada”, relata la vendedora.

Los otros casos que recogió Daniel tuvieron la misma metodología. En su opinión, “mucha gente no conoce sus derechos, y los amenazan por ser extranjeros. A un compañero le robaron hasta las alianzas y los juguetes de los chicos”.

“El gobierno viene intensificando la represión sobre los vendedores ambulantes, su objetivo es exterminar la venta callejera”, aseguró en diálogo con PáginaI12 el secretario general de Vendedores Libres, Omar Guaraz. “Sin embargo, la necesidad hace que los compañeros sigan saliendo a la calle, no tan visible como manteros, sino buscando modalidades que tienen cierta cobertura legal como la venta ambulante. El gobierno no permite ni siquiera esa modalidad de venta legal. Los manteros vuelven a trabajar en la calle con un clima de violencia constante. Todos los días entre cinco y seis compañeros, dato que pudimos recopilar, son detenidos”, añadió. 

Guaraz explicó que la persecución y el desalojo por parte del Gobierno de la Ciudad empezó en 2009, “cuando Diego Santilli era ministro de Espacio Público”. “Además de los inspectores del ministerio, contrataron barrabravas para hacer los operativos en conjunto. Ahí empezaron a apretarlos, a robarles la mercadería sin hacerles actas contravencionales”, apuntó Guaraz. Otra de las formas en las que, según describió, opera el gobierno para desalojar a los manteros, “es a través del armado de causas express policía y fiscales. Tanto los policías de la Ciudad, antes de la Metropolitana, como los inspectores de Espacio Público van a sacarles la mercadería a los manteros sin identificación; esperan a que reaccionen para reducirlos de manera violenta y detenerlos. Ahí se comunican con los fiscales y les dicen datos falsos para iniciar las causas judiciales”. 

Durante el mismo período, desde 2010, se hicieron allanamientos en  lugares en donde guardaban la mercadería, con el argumento de que los vendedores callejeros estaban amparados por “mafias organizadas”, explicó el representante de Vendedores Libres. “El negocio de los vendedores ambulantes es igual al de los vendedores en locales: compran mercadería en puntos de venta mayorista a un precio más bajo, y la venden más caro. No hay mercadería ilegal ni clandestina, es el mismo proceso que el de cualquier comerciante”, detalló. “Hasta el día de hoy calculamos que se allanaron cerca de 800 lugares, en su mayoría casas particulares de los manteros, de donde no sólo se robaron mercadería, sino también a los trabajadores sus pertenencias y la plata que encontraban. Nos queda claro que el Poder Judicial vino a legitimar el discurso del PRO”, aseguró luego Guaraz y apuntó que la intención era, y es, “demonizar a los vendedores callejeros y enfrentarlos con el resto de la ciudadanía”.    

Una de las constantes en estos procedimientos represivos, según indicaron a este diario vendedores y vendedoras que los sufrieron en carne propia, es la discriminación de la policía a quienes vienen de otros países. El DNU 70/2017 firmado por Mauricio Macri y publicado el 30 de enero, que modificó la Ley de Migraciones (ver aparte), es para Guaraz la herramienta legal que sumó el gobierno para “exterminar todo tipo de venta callejera en la Ciudad”. “Con el decreto pueden deportar a los extranjeros que tengan una causa penal, aun cuando no se haya probado que son culpables.”

Informe: Juan Funes.