En el pico más álgido del malestar social y político en la región Rosario por los incendios intencionales en el delta del Paraná, la Corte Suprema de Justicia de la Nación reaccionó ayer con una resolución acerca de un amparo presentado hace dos años por una organización civil. La decisión ratifica el mandato para las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, y para los municipios de Rosario y Victoria, que dentro de los próximos 15 días se constituyan en un comité de emergencia ambiental, y los emplaza rendir información de lo actuado cada treinta días.

La resolución parte del expediente 468/2020, un recurso de amparo presentado ese año por la Asociación Civil Equística Defensa del Medio Ambiente contra "provincia de Santa Fe y otros", por las quemas recurrentes en el humedal que en esos días también arreciaban como ahora, y cubrían de humo buena parte del litoral santafesino.

La Corte atendió el planteo y ordenó a los estados referidos se constituyan "de inmediato" en un comité de emergencia para que "adopte medidas eficaces para la prevención, control, y cesación de los incendios irregulares". Y mandaba a hacerlo en el marco del PIECAS (Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná).

Esto no pasó más allá de las intenciones, no hubo tales "medidas eficaces", control a medias, y el fuego solo cesó cuando llovió.

Algo de esto se ventilará esta tarde en el piquete convocado por la Multisectorial Humedales y aprobado en asamblea popular del miércoles pasado en el Monumento. 

Como aquella vez las autoridades no cumplieron la orden "de inmediato", ahora la Corte las emplazó a que en 15 días presenten "un informe sobre el cumplimiento de la medida ordenada, la constitución del Comité de Emergencia Ambiental y las acciones efectuadas", dice el texto.

El tribunal supremo ayer renovó este mandato y además requirió al Ministerio de Ambiente de la Nación, y a las provincias y municipios involucrados a "informar cada treinta días corridos de las actividades desarrolladas por el Comité de Emergencia Ambiental y del grado de efectividad de las medidas adoptadas". Algo tendrán que mostrar.

También la resolución del máximo tribunal depara un mensaje a la Cámara Federal de Paraná, para que tome en serio el asunto y active las medidas cautelares y la investigación penal por la denuncia que la Asociación Civil Cuenca Río Paraná radicó contra el empresario Rufino Baggio y otros, sin novedad en algún cajón del juzgado federal n° 2 de la capital entrerriana.

El mismo reclamo corre para las cortes supremas de Santa Fe y de Entre Ríos, que coordinen e informen otras causas penales o civiles iniciadas en sus jurisdicciones, siempre referidas al ecocidio en el humedal, y el estado de las mismas. 

El mandato de la Corte en 2020 incluía reforzar con recursos locales el trabajo de los brigadistas de Parques Nacionales y profundizar sus planes provinciales de manejo del fuego, crear cortafuegos en las islas y establecer el sistema de faros de conservación, algo que sí está vigente desde el año pasado. 

La Municipalidad de Rosario hasta ayer avanzada la tarde no había sido notificada de la resolución firmada por los cuatro ministros de la Corte nacional. No obstante, consultado por Rosario/12, el secretario de Gobierno, Gustavo Zignago, consideró la reacción judicial en el marco de la causa que el Ejecutivo rosarino inició por este flagelo.

"Es positivo que se sigan sumando actores institucionales, al igual que el grupo de intendentes costeros. Con sus competencias y responsabilidades aporten ideas y herramientas para resolver semejante ecocidio. Y es muy positivo que se le dé continuidad al PIECAS", valoró el funcionario municipal.

El Ejecutivo local volvió el mes pasado hasta la fiscalía federal de Victoria –vacante y en subrogancia del fiscal de Rosario Claudio Kishimoto– para renovar la denuncia penal por los incendios en las islas. 

Lo que la Corte vino a convalidar ayer ya lo tenían en mente algunos oradores de la asamblea pública del miércoles pasado en el Monumento a la Bandera, como Matías De Bueno, del Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario: que la Justicia había ordenado reactivar el PIECAS y que los estados involucrados reaccionaran y constituyeran una fuerza interjurisdiccional para intervenir con mayor eficacia para prevenir los incendios en el humedal.