Desde la llegada de Mauricio Macri a la casa de gobierno, el mercado de trabajo no ha hecho más que deteriorarse. Numerosos funcionarios se han propuesto desmentir esta realidad aludiendo a la supuesta generación de empleo “genuino”. Sin embargo, los datos expresan un claro proceso de destrucción del empleo, particularmente en el sector industrial. Esto no tiene que ver con un “error” de gestión, sino que responde al rol asignado a la industria de forma premeditada en el actual modelo de “crecimiento”. El gobierno pretende convertir a la Argentina en un país de servicios, propuesta cristalizada en el Plan Productivo Nacional a partir de una “reconversión productiva”, donde la destrucción del empleo industrial forma parte de los objetivos de política económica.
La evolución de la industria ha ido en picada durante todo 2016 hasta la actualidad. El EMI (Estimador Mensual Industrial) muestra una evolución negativa ininterrumpida desde marzo de 2016 y la capacidad instalada manifiesta un deterioro con picos en diciembre de 2016 y enero de 2017. Ramas particularmente intensivas en mano de obra como la textil (además considerada “sensible” por el gobierno nacional), ha tenido un bajo desempeño asociado al menor nivel de ventas por la caída de consumo en el mercado interno y el incremento de las importaciones. Sumado a ello, la caída en la cantidad de trabajadores en la industria ha sido constante. Según fuentes oficiales del Ministerio de Trabajo, se computan 48.706 trabajadores menos en el sector industrial entre noviembre de 2015 y marzo de 2017.
Este marcado deterioro de la industria y los trabajadores vinculados al sector no es casual ni responde a un “error” de gestión. Por el contrario, se trata de la política económica desarrollada a conciencia por el gobierno nacional, tal como queda expresado en el “Plan Productivo Nacional” presentado por el Ministerio de Producción en 2016.
El primer elemento a considerar es la enorme distancia entre los objetivos propuestos para el período 2015-2019 y la realidad. Primero, se propone aumentar el PIB un 4 por ciento cuando en 2016 se observó una caída de 2,3 por ciento, debiendo crecer 6,19 por ciento al año para alcanzar los objetivos previstos. Segundo, se estima un crecimiento de las exportaciones de 8,7 por ciento anual, cuando la variación en el primer año de gestión fue del 1,7 por ciento de aumento (aún con devaluación mediante). Tercero, se propone reducir la informalidad laboral 6 puntos porcentuales sobre la base de achicar costos laborales, receta aplicada durante los años noventa y que condujo a un aumento de casi 15 por ciento de la misma. Cuarto, plantea aumentar la inversión del 18 al 25 por ciento, cuando en 2016 la formación bruta de capital fijo se redujo a 15 por ciento. Ninguno de los objetivos propuestos resulta consistente con el escenario macroeconómico actual.
Pero el elemento fundamental a considerar del plan presentado por Francisco Cabrera radica en la denominada “Reconversión Industrial”. Este apartado contiene precisiones sobre la destrucción del empleo “excedente” en determinadas ramas de la industria, sin hacer ninguna mención sobre la creación complementaria de puestos de trabajo. La premisa fundamental que organiza este objetivo es reducir la economía a aquellos sectores que son competitivos a nivel internacional. Se explicita de ese modo en qué medida para el gobierno de Cambiemos la destrucción del empleo industrial forma parte de los objetivos de política económica.
El Plan Productivo Nacional, se concentra en cuatro actividades consideradas “sensibles”: textiles, calzado, electrónica y muebles; y cuatro consideradas “latentes”: automotriz y autopartes, maquinaria agrícola y medicamentos. En ambos casos el objetivo central radica en mejorar la productividad para competir con los precios internacionales. ¿Cómo pretende Cambiemos lograr ese aumento de la productividad? Será el resultado de la reducción del 50 por ciento del personal manteniendo los niveles de producción. El plan apunta a “reconvertir” 364.000 puestos de trabajo entre las actividades “latentes” y “sensibles”. Es decir, empleos que “están de más”.
Hasta tal punto la “reconversión laboral” es sinónimo de desempleo, que el mismo documento detalla que la reconversión significa “el 20 por ciento del empleo industrial”; es decir, “2 puntos en el desempleo”. El documento llega incluso al punto de cuantificar la cantidad de empleados “en exceso”. Por un lado, el 31 por ciento de los empleos de los sectores sensibles: es decir, 255.000 trabajadores deben “reconvertirse”. Por el otro, el 38 por ciento de los sectores latentes: es decir, 109.000 trabajadores son los que deben atravesar este proceso. Si consideramos que desde noviembre de 2015 la industria manufacturera expulsó 48 mil trabajadores, es posible estimar en 312 mil los puestos de trabajo entre ambos sectores que aún “exceden” el nivel esperado por el Gobierno.
Finalmente, es el mismo documento el que considera que la desocupación derivada de su plan es sencillamente un efecto no deseado, insistiendo en que “el 60 por ciento del empleo privado podría ser automatizado en los próximos 15 años” justificando la mencionada reconversión.
La destrucción de ramas económicas que son fuertemente dependientes del mercado interno, como es el caso de la industria argentina, se basa en un modelo económico que confía en la capacidad exportadora como principal motor de la demanda. El único Plan Productivo Nacional de Cambiemos no estima, no promueve, ni menciona diagnóstico y/o política alguna en relación al mercado interno o la producción destinada al mercado local. En este sentido, tras la búsqueda de la tan mencionada competitividad, se esconde la destrucción del empleo industrial como parte de la agenda económica de gobierno nacional.
* Economistas de Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
