Desde Santiago

El próximo domingo los chilenos decidirán entre aprobar o rechazar la nueva propuesta de constitución que reemplazará a la de 1980, perpetrada en plena dictadura de Pinochet y que, aunque con reformas y modificaciones, mantiene una fuerte impronta a favor de las elites económicas a través de aspectos como derechos de agua, falta de reconocimiento al género femenino, estímulo a la economía extractiva y falta de garantías concretas para una educación, salud o vivienda digna.

Y aunque para sectores conservadores pintan esta propuesta constitucional, consecuencia directa del estallido social de octubre de 2019, en un acuerdo por la paz entre partidos políticos, que fue permitida a regañadientes por el derechista expresidente Sebastián Piñera, como apocalíptica, ha sido reconocida por diversos expertos como un texto modernizador y que fortalecerá la democracia chilena.

Sin embargo, estos últimos meses han sido agotadores para los chilenos, debido al alto flujo de informaciones, en su mayoría falsa sobre esta nueva constitución, redactada por una convención elegida por voto popular donde la derecha obtuvo apenas 37 años de 155. Desde la posibilidad que expropien bienes privados hasta la instalación de un gobierno indigenista (con bandera propia), la desinformación y discursos inciviles se han tomado las redes sociales y la franja televisiva polarizando a los votantes y llevándolos a enfrentamientos en diversas escalas de violencia verbal y física.

De hecho, este domingo partidarios y detractores de la propuesta de nueva Constitución se enfrentaron en el centro de Santiago. Una marcha de ciclistas favorables a aprobar la carta magna llegó a la plaza Italia, epicentro de las protestas desde octubre de 2019, y se cruzó con otra organizada por gente del campo, que a lomo de caballo y en carruajes expresaba su rechazo a la propuesta.

En la céntrica rotonda capitalina ambos grupos se enfrentaron a gritos, se lanzaron piedras e incluso algunos jinetes dieron latigazos a los ciclistas.

Un presidente en acción

Aunque el gobierno tiene prohibido legalmente apoyar una opción concreta, el presidente Gabriel Boric —uno de los protagonistas del “acuerdo” que permitió el proceso constituyente— ha aumentado sus salidas a terreno, visitando en apenas dos meses 38 comunas desde Arica a la región de Los Lagos en el sur, destacando la importancia del voto, de la necesidad de transformaciones del país e incluso firmando ejemplares del nuevo texto constitucional que se ha vendido en librerías (best seller hace meses) y se reparte gratuitamente.

La detención del líder mapuche Héctor Llaitul en un principio pudo verse como una noticia “positiva” para el gobierno ya que acaballaba las voces —de oposición— que señalaban el lento accionar en la denominada macro zona-sur (la Araucanía) donde se registran numerosos incidentes en torno al robo de madera y atentados a camiones en una zona compleja, donde la industria forestal ha destruido el medio ambiente y las comunidades, principalmente de origen mapuche, pero a la vez son una fuente de trabajo precario. El problema vino unas horas después tras filtrarse un llamado telefónico de una asesora de la ministra de Desarrollo Social Jeanette Vega con Llaitul, lo que obligó a Boric a aceptar su renuncia. Una medida que fue leída como “exagerada” por el partido de la ahora exministra (Partido por la Democracia), ya que el propio gobierno ha señalado que hay que dialogar con todos los sectores. El problema es que fue en un contexto donde el dirigente máximo de la Coordinadora Arauco Malleco hablaba de tomar las armas pare hacer sabotajes a las forestales y recuperar las tierras que le pertenecen a su pueblo.

El día después

Por otro lado, el país vive una “veda” legal a las encuestas —que sin excepción daba por ganador al “Rechazo”. Aunque hay al menos tres detalles relevantes: en su diseño, heredado de la metodología del marketing, no se considera a la extrema pobreza ya que no son “consumidores” y que se aproximan a los dos millones. Segundo, que el voto es obligatorio por primera vez en una década. Y tercero que los recintos de votación fueron cambiados para privilegiar la cercanía con el electorado evitando bochornos como los de la última elección presidencial donde no hubo transporte público suficiente, aunque el gobierno de Piñera se desentendió del asunto. Aspectos que podrían dar una sorpresa.

De todos modos y quizá de forma bastante precipitada, hace meses que en Chile tanto el nuevo oficialismo progresista como la oposición, han hablado de la importancia del día después al 4 de septiembre —curiosamente el día que Salvador Allende fue elegido presidente en 1970— y que por una parte no debería hablarse ni de “vencedores” ni de “vencidos”, según palabras del propio Boric y que, pase lo que pase, habrá modificaciones a la Constitución de ganar el “Apruebo” o, de ganar la otra opción, se echará a andar un nuevo proceso constituyente. Por lo que la Constitución de Pinochet ya estaría prácticamente acabada.