La empresa de seguridad privada del diputado nacional Gabriel Chumpitaz despidió sin causa hace algunos años a un empleado al que tenía registrado de manera falseada, con menos reconocimientos de lo debido. El trabajador demandó, hubo sentencia indemnizatoria pero la compañía del legislador de Juntos por el Cambio incumplió el fallo. Ahora un juez falló en contra y emplazó a la firma, y a Chumpitaz en tanto socio gerente, a pagarle a su ex empleado lo que corresponde por ley. Y la trascendencia de este fallo cobra dimensión por el carácter de legislador nacional del condenado, y porque éste se ganó el repudio forense cuando el 29 de agosto por Twitter saludó a los abogados en su día, menos a los laboralistas, a quienes tildó de "indignos" y acusó de "inflar los reclamos mintiendo descaradamente".

"Esta causa trasciende porque Chumpitaz es diputado, pero en cada estudio jurídico hay una incomensurable cantidad de causas así", aclaró la abogada María Eugenia Caggiano, patrocinante legal del trabajador que sufrió el despido y el incumplimiento indemnizatorio, y en circunstancias de insuficiente registración laboral. 

El caso se remonta a 2010, cuando en Grupo Triana SRL, la empresa de seguridad privada de Chumpitaz con base en Solís al 1500, impidió el ingreso a uno de sus empleados y procedió a su despido sin causa. El trabajador –su identidad se preserva aquí– con más de 8 años de antigüedad, pero reconocido por una jornada inferior a la cantidad de horas diarias que realmente trabajaba, inició un juicio para exigir la indemnización acorde con la registración laboral que se le había negado hasta entonces.

"Él siempre tuvo la posibilidad de defenderse, dos abogadas, se le ofreció prueba, la produjo, la controló, siempre usando las herramientas del sistema. Se llega a una sentencia en la que él pierde por haber despedido a alguien de manera incorrecta y porque esa persona no estaba correctamente registrada. Hubo un falseamiento de los datos en la registración como hacen muchísimos empresarios, que tienen gente por 8 horas diarias pero las blanquean por 4, y les pagan en consecuencia", comentó Caggiano en diálogo con Rosario/12.

La sentencia, favorable al trabajador, salió en diciembre de 2021, firmada por el juez laboral n° 7, Marcelo Gallucci. El monto indemnizatorio se hizo en base a una planilla común de estos procedimientos, en los que constan los ítems a resarcir para el trabajador de acuerdo con las tarifas previstas por ley. 

"Hace un mes que la planilla salió aprobada, se le notificó a la empresa, que no la cuestionó ni tampoco la pagó. Ahora estamos estudiando de qué manera ejecutarla, pero no hay nada de lo que Chumpitaz dijo en Twitter. Acá todo está tarifado por el sistema. Nadie infla nada en un juicio laboral porque, además de que la contraparte puede y debe controlar, también está el control que ejerce el juez", resumió la abogada laboralista con reproche implícito a la diatriba que el diputado de Juntos por el Cambio lanzó la semana pasada en su red social.

"Nada más indigno que un abogado laboralista que infla los reclamos mintiendo descaradamente. Menos para ellos, para el resto feliz día del abogado", posteó esa vez, Y se ganó el repudio de toda la corporación de abogados y magistrados.

Luego, firmó un proyecto de "flexibilización laboral" que ya se da de bruces con los intereses de la clase trabajadora. Propone extender el período de prueba de 3 a 6 meses, sugiere que al empresario que registre a sus trabajadores se le perdone "infracciones, multas y sanciones de cualquier naturaleza, y la baja en el Registro de Empleadores con Sanciones Laborales". Y propone también la exclusión del aguinaldo del cálculo indemnizatorio para nutrir un fondo fiduciario "que busca asistir a las empresas para financiar despidos", y que tomaría dinero del aporte patronal calculado sobre un porcentaje del salario del empleado. Literal del proyecto que impulsa Chumpitaz.

"No hay ingenuidad ni torpeza en el planteo de Chumpitaz. Yo defiendo el derecho protectorio, y él defiende un derecho económico. Pero para eso está la ley", concluyó la abogada que ganó la demanda contra el diputado macrista.