“Ustedes nos dijeron que firmemos para abandonar nuestras casas en 10 días sabiendo que eso no es una solución. No tenemos a donde irnos en diez días”, gritó una mujer desesperada en el barrio de Constitución, durante el intento de desalojo de un hotel habitado por alrededor de 70 familias. "Ustedes nos recomendaron que firmemos el papel en blanco”, reprochaba en la puerta de Solís 1834 otra vecina a un hombre que se identificó como trabajador de la Defensoría del Pueblo, aunque no dio su nombre.

Luego de más de seis horas de tensión, el Juzgado Civil 93, que había ordenado el desalojo de las cerca de 70 familias que viven en el inmueble, postergó la decisión hasta el próximo 22 de septiembre. La medida sobrevino tras un acuerdo entre la Defensoría del Pueblo y los vecinos del lugar, informaron fuentes judiciales en diálogo con este diario.

“Nos hicieron firmar un papel en blanco, porque sino entraba la policía a tirar la puerta abajo", advirtió un hombre, que llevaba para entonces al menos media hora discutiendo con representantes de la Defensoría del Pueblo, en la puerta del hotel, junto con otros damnificados. Los vecinos reclamaban insistentemente que se “rompa el papel” que habían firmado algunos de ellos. A mitad de la tarde, alrededor de las 15.20, el vallado que había dispuesto la Comisaría Vecinal 1 de la Policía de la Ciudad a las 4 de la madrugada ya había sido retirado.

"Vivimos en un país donde no podemos comprar pan y quieren que compremos una casa en diez días", lamentó Marina en diálogo con este diario. “En estos diez días pueden cobrar un habitacional para poder mudarse a otro lado. Fue lo mejor que les pudimos conseguir sino la Policía iba a reprimir a grandes y a chicos. Esto es así”, le detallaron, apenas minutos después, representantes de la Defensoría del Pueblo.

Los efectivos de la Policía de la Ciudad que habían llegado a instalar las vallas en torno al edificio fueron vistos a a las 5 de la mañana por una vecina. Fue ella quien dio aviso a los demás habitantes del hotel, que durante la madrugada aún dormían. Los vecinos decidieron poner candados para evitar ser desalojados por la fuerza. “Yo me re asusté, estaba con mis tres nenes durmiendo. Salí a mirar al balcón y cuando vi tanta policía no sabía qué pasaba. Me asusté. No sabía que hacer”, contó Nieves Brignoni a Página|12.

Más de 70 familias pasaron toda la mañana sin salir del edificio. En ese tiempo, personal de la Defensoría del Pueblo y del programa Buenos Aires Presente (BAP) iniciaron conversaciones con los moradores para llegar a un acuerdo. “Amenazaron a los cartoneros, les dijeron que si no se llevaban los carros se los prendían fuego, y ellos con eso comen. Son laburantes”, aseguró Vanesa Hurtado, otra de las habitantes del lugar. “Nosotros no somos delincuentes, somos gente trabajadora. Si por acá te roban, seguro los chicos de este hotel te salgan a ayudar. Por eso la gente nos quiere porque se sienten seguros”, relató Hurtado.

La disposición judicial librada por la secretaría 10 del Juzgado Civil 93, a cargo de la Paula Andrea Castro, estableció el “desalojo de las personas y del retiro de los muebles pertenecientes a los ocupantes, debido al vencimiento de un contrato”, precisaron las fuentes.

Sin embargo, pasadas las 14 del lunes se anunció que esa resolución quedaba sin efecto hasta el jueves 22 de septiembre. En tanto, personal de la Defensoría del Pueblo y del BAP comenzaron a realizar un censo de los habitantes del lugar.

Durante la jornada se acercaron familiares de los habitantes y organizaciones sociales para visibilizar la situación pero no pudieron pasar el vallado. Según explicaron, el desalojo se dio sin aviso previo pese a que los inquilinos pagaban un alquiler por el lugar donde viven.

Informe: Mercedes Chamli.