Marihuana, un debate que hay que fumarse
“El Estado no quiere cambiar”
Además de su uso medicinal, en Uruguay se apela a la regulación de su uso industrial, que podría generar una nueva economía sustentable y alternativa.
Imagen: Cecilia Salas

Esta semana se incumplió una vez más el plazo que había dispuesto el Estado uruguayo para comenzar a vender marihuana legal en farmacias. Parece un detalle, cuando ya hay 4539 adquirentes legales inscriptos en el Instituto de Regulación y Control de Cannabis, 6908 autocultivadores y 63 clubes de membresía; pero es el punto central de la ley aprobada en diciembre de 2013. Al menos lo era para el Estado, que desde el inicio puso el foco en la comercialización; mientras que los organismos de la sociedad civil buscaban el autocultivo. Juntos abrevaron en dos puntos: sacarle el mercado al narcotráfico –ante el probado fracaso de la veta prohibicionista– y la reducción de daños en la población.

Algunos dicen que hay resistencias propias, otros que Tabaré Vázquez no es Pepe Mujica; lo cierto es que se han puesto y pospuesto al menos cuatro fechas desde que se inició el proyecto. ProDerechos, una de las organizaciones pilares en el apoyo a la iniciativa, pasó hace unos días por Buenos Aires para el encuentro internacional de Economías Colaborativas y Cultura Libre Comunes, organizado por el Goethe Institute, y dejó su mirada al respecto, así como interesantes argumentos económicos por los que la legalización es beneficiosa.

Todo un campo a explotar en materia de desarrollo industrial sustentable con el cáñamo, la planta de marihuana sin THC o con bajas proporciones de sustancias psicoactivas. El cáñamo industrial, similar al lino, con propiedades alimentarias y medicinales, con fibras útiles para la industria textil y hasta para armar cueritos de canillas, es punto nodal del proyecto enfocado en el uso económico del cannabis no psicoactivo, que puede servir como base para producir incluso biocombustibles y hasta celulosa para papel. Es un foco novedoso.

Desde ProDerechos han estimado que el mercado de marihuana ilegal proporciona más de 300 mil millones de dólares anuales al PBI mundial y más de 30 a Uruguay, y sostienen que se podría “apropiar socialmente” esa riqueza que ya se genera. Y potenciarla con la industria derivada. Batallar contra el narcotráfico y desarrollar la economía al mismo tiempo parece demasiado bueno para ser real. Más si se tiene en cuenta que, según aseguran especialistas de todo el mundo, el Estado, con sus rincones insondables, es uno de los actores salientes del narcotráfico.

“Después de la ley se vino un cuerpo a cuerpo porque el Estado no quiere cambiar. Una parte sí y otra no, hay una resistencia”, explica Vicky Verrastro, de ProDerechos, sobre el caso uruguayo. El Gobierno otorgó dos licencias, a Iccorp y Simbiosys, firmas con capitales mixtos que producen en un predio estatal militarizado.

En la presentación de ProDerechos también apareció la necesidad de regular la marihuana para usuarios medicinales. “Hoy en día se ha creado un mercado gris”, explica la socióloga y criminóloga Clara Musto, miembro de la organización, desde Montevideo. “En la medida en que la venta no se implemente es muy difícil evaluar el impacto de la aprobación de la ley frente al mercado negro”, sostiene Musto a la hora de un balance, aunque observa acceso a marihuana de mejor calidad para más población: “Más flores y menos prensado, con las herramientas que sí se han desplegado, autocultivo y clubes de membresía”.

Aquí el argumento económico se vuelve a unir al de la salud pública: el control sobre sustancias salva vidas y se piensa incluso en el uso de marihuana como reemplazo de sustancias más dañinas como la pasta base. “La única experiencia seria es la del Achique de Casavalle, ahí algunos de los usuarios de pasta base sustituyeron su consumo con marihuana. Ha tenido buenos resultados pero es muy micro aún”, explica otro miembro de ProDerechos, Diego Pieri.