El 9 de junio, Nadia, de 14 años, desapareció cuando salía de la escuela, la EEM 1 René Favaloro, en Villa Lugano. Ayer, 32 días después, no apareció, fue devuelta. No la encontraron, fue rescatada por los reclamos. No liberada como se entiende coloquialmente, sino devuelta, entregada, apelando a un método mafioso que marca hasta donde llega la impunidad: la nena fue escoltada por dos chicas conocidas, una de ellas vinculada de algún modo a los captores, hasta el lugar donde se encontró con su madre, en Parque Patricios. Antes, durante la búsqueda, para dar una idea de la impunidad, la Policía de la Ciudad había allanado el boliche donde la habían visto. Aquel primer operativo fue cerrado sin haber descubierto lo que todo el barrio sabe, que hay 14 habitaciones que se alquilan para tener sexo con chicas encerradas. La justicia lo confirmó recién en el segundo allanamiento, un poco más preciso que el anterior. Antes, durante la búsqueda, el caso fue enviado a la justicia federal porque todos los datos daban cuerpo a la hipótesis sobre la red de trata. La denuncia le cayó (es la manera más gráfica de decirlo) al juez federal Rodolfo Canicoba Corral. El juez descargó todo su andamiaje investigativo sobre el caso para sostener, en un par de carillas, que la nena se debía haber ido con algún noviecito, y se excusó de tomarlo. La decisión fue apelada. Ayer, apareció la nena. La realidad estalló más rápido que la justicia, cuyo engranaje entumecido juega para la trata. La Cámara ahora deberá ordenar al juez que revise su formación de género, o compartir su criterio sobre la víctima.
El martes pasado por la noche, Nadia se comunicó con su mamá, Elena, y combinó un lugar donde encontrarse. Su última llamada, durante la búsqueda, había sido para alertar a la madre de que desistiera de continuar con la denuncia. Una amenaza. El martes, durante la mañana, Elena –que venía empujando la búsqueda acompañada por una red de mujeres, de organizaciones de la comunidad, de docentes y de estudiantes de la villa 20–, llegó hasta inmediaciones de La Salada, porque había recibido datos de que habían visto a su hija por el lugar. Pero en lugar de su hija fue rodeada por varios hombres que la golpearon, la amenazaron con armas, y le ordenaron “cortála con las denuncias”. Confirmación de que estaba bien encaminada. Elena aseguró que durante la búsqueda, en multitud de ocasiones le hicieron llegar mensajes amenazantes: la empujaban en la calle, la esperaban en un rincón, pasaban a su lado y le decían algo, “era todo el tiempo”, aseguró a este diario Vanina Biasi, del Plenario de Trabajadoras, que acompaña a la familia en la red de organizaciones y personas que se movilizaron para rescatar a la nena.
Después de la desaparición de Nadia, al salir de la escuela, la denuncia de búsqueda quedó en manos de la fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 57, a cargo de Anselmo Castelli. En los primeros pasos de la investigación, las pruebas ya apuntaban al secuestro por una red de trata. Casos de resolución pendientes, como el de Erika Estrada, que aún sigue desaparecida de la misma zona, o el de testimonios de niñas que fueron rescatadas. O las declaraciones en el expediente de docentes y directivos de la Favaloro, en las que sostienen que es habitual que las chicas desaparezcan durante uno o dos meses y después vuelvan.
Castelli, la Protex (fiscalía especializada en trata), el fiscal federal Federico Delgado y la querella, a cargo del abogado Facundo Vicente, en representación de Elena, consideraron que se trataba de un caso federal ya que era evidente la participación de una red de trata. El caso recayó en el juzgado del juez federal Rodolfo Canicoba Corral, quien rechazó la argumentación.
“El juez cree que no hay delito suficiente para investigar una red de trata cuando tanto el fiscal anterior (Castelli), el fiscal Delgado, la Protex y la querella sostenemos que sobran las pruebas. La madre fue amenazada a punta de pistola”, le explicó a PáginaI12 Vicente, abogado de la madre de Nadia. Para el abogado, los antecedentes sobran: las chicas desaparecen bajo el mismo patrón. “Aparece un captor que las seduce. Primero les regala un celular, después les facilita estupefacientes, se les hace el novio y eso a una chica de 14 años la halaga, la confunde. Después les piden que vendan droga y terminan con la explotación sexual. Son chicas de 12 ó 14 años, siempre captadas con la misma dinámica y después las amenazan”, explicó el abogado.
“Hay tipos que están atrás de estas redes, ya les pasó a varias chicas, y en la Comisaría 52 no se mueven. Hay mamás que no reclaman la desaparición de sus hijas y pasan meses y meses y las chicas no vuelven”, dijo la madre a este diario. La policía dio pruebas efectivas sobre su inercia. El primer allanamiento al local donde la habían visto, en Liniers, terminó en la nada misma, un “todo en regla”. Recién en el segundo allanamiento se comprobó que se habían pasado por alto 14 habitaciones utilizadas para mantener sexo.
La situación de la madre también es crítica. Según sostuvo el abogado, la madre alquilaba una pieza en la Villa 20, pero ya no pueden volver porque allí reside parte de la red que mantuvo cautiva a Nadia. “El Estado está totalmente ausente y la madre completamente desprotegida. Sobrevive a base de la solidaridad de las organizaciones de mujeres que la están alojando. Desde que se sancionó la ley de trata no fue desmantelada ninguna red, porque operan con connivencia policial. Nadia apareció por la presión de los amigos, los docentes y las organizaciones”, finalizó el abogado.
La situación en la causa ahora depende de la Cámara Federal. El fiscal Delgado y el abogado Vicente apelaron el intento de paso al costado de Canicoba. La Cámara deberá decidir si queda en el fuero federal para investigar la red de trata o si hay que sermonear a un noviecito.
