Las terminales automotrices agrupadas en Adefa le entregaron al Gobierno un pliego de “iniciativas” para darle impulso al sector, en el marco del programa oficial para alcanzar la producción de un millón de vehículos en 2023. La larga lista de propuestas incluye la reducción de costos logísticos y de los principales insumos, baja de impuestos, incentivos para ganar mercados y planes de capacitación. Pero antes que nada aparece la “fase 1” de “mejora de la competitividad mediante el aumento de la productividad y reduciendo el costo laboral”, cuyos resultados concretos se esperan para este año. Incluye temas como el desarrollo de polivalencia entre puestos, flexibilidad en la contratación de personal temporario o eventual, desarrollar un marco de tercerización de actividades y que el tiempo de comedor no integre la jornada de trabajo. Las empresas profundizan sus usuales exigencias porque saben que tienen buena recepción en el Gobierno. También el contexto regional sopla a su favor: en Brasil se acaba de sancionar una reforma laboral que anula derechos básicos de los trabajadores.

Las terminales automotrices, junto a las autopartistas, vienen teniendo reuniones en el Ministerio de Producción en el marco del plan oficial de crecimiento de la fabricación de vehículos. “Por ahora es juntarnos y charlar. Hay muchas comisiones y poco avance”, se sinceró a este diario un empresario del sector. Las terminales nucleadas en Adefa tienen un pliego de condiciones cuya concreción dependerá de los tiempos políticos.

En el capítulo de “acuerdo con el sindicato”, las empresas proponen “definir un objetivo de ausentismo del 3 por ciento mejorando el control interno” y la “aplicación de metodologías que aumenten la productividad”, como la “medición de tiempos”. Buscan el “aumento del nivel de saturación –redoble de la intensidad de trabajo–”, la “adecuación de actuación gremial (cantidad de horas, cantidad de delegados, micro conflictividad)”.

Convenio colectivo

El segundo capítulo es el de “cambios en el convenio colectivo”. En este punto, las empresas quieren “la subdivisión del convenio colectivo por servicios” y “permitir el desarrollo de polivalencia entre puestos de trabajo y áreas”. Otro renglón remite a “la revisión de incentivos, premios y bonos en relación a cumplimientos de objetivos de calidad, productividad y ausentismo” e “incorporar un nivel de ingreso con menor salario por el período de adecuación correspondiente”. Las terminales quieren que el “tiempo de comedor no integre la jornada de trabajo” e implementar “banco de horas acumuladas en paradas/suspensiones para compensar horas extra”. Las automotrices hace tiempo que vienen presionando para no pagar por el tiempo de almuerzo y ahora buscan dejarlo establecido formalmente.

En el capítulo de “cambios de legislación” se destaca la idea de “reducción de cargas sociales” y la búsqueda de una “mayor flexibilidad en la contratación de personal temporario o eventual”. Las firmas automotrices quieren “desarrollar un marco de tercerización de actividades” y la “revisión de la ley de contrato de trabajo, que permita disminuir las contingencias legales”. Por último, las empresas buscan avanzar en los “incentivos para el desarrollo de convenios de pasantías”.

La intención de maximización de la ganancia lleva a las empresas a la búsqueda del aumento de la explotación de la mano de obra. Esa es su posición en el sistema de producción. Pero el olfato político las anima a ampliar su usual abanico de pedidos de flexibilización: los funcionarios del equipo económico del Gobierno se identifican con las ideas del sector privado y comparten, sino todas, la mayor parte de estas “propuestas”.

Pero además, el contexto regional sopla a su favor. En Brasil se acaba de sancionar una reforma laboral cuestionada por las centrales sindicales, la Iglesia católica y la Organización Internacional del Trabajo y con el apoyo de la Confederación Nacional de la Industria (CNI) y la Confederación Nacional de Agricultura (CNA). El argumento del empresariado brasileño fue similar al que se esgrime en la Argentina: los problemas de creación de empleo tendrían que ver con los costos vinculados al salario y a los convenios colectivos residuales de tiempos de mayor organización obrera. La modificación a la baja sería un requisito para “los inversores externos” mientras que en caso contrario se trataría de una “mala señal”.