En Escocia, la primera ministra Nicola Sturgeon impulsa una reforma de la Ley de Reconocimiento de Género que, en línea con la normativa pionera argentina, elimina como requisito un diagnóstico médico. También baja de 18 a 16 años el límite de edad para poder acceder al derecho del cambio registral, entre otras modificaciones. El objetivo es despatologizar la ley y simplificar el procedimiento, con una perspectiva de derechos humanos. Se esperaba que fuera aprobada por el Parlamento antes de Navidad pero el debate podría frenarse luego de que la relatora especial de la ONU sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, Rem Alsasmen, le envió una carta de 9 páginas al gobierno del Reino Unido, donde sostiene que con los cambios propuestos se corre el riesgo de “abrir la puerta” a los hombres depredadores que abusan de las mujeres en espacios de un solo sexo, como vestuarios y baños.

En su carta, la relatora Alsasmen escribió: “Tales propuestas potencialmente abrirían la puerta para que los hombres violentos que se identifican como hombres abusen del proceso de adquisición de un GRC (Certificado de Reconocimiento de Género) y los derechos asociados con él. Esto presenta riesgos potenciales para la seguridad de las mujeres en toda su diversidad. El gobierno escocés... no prevé ninguna medida de salvaguardia para garantizar que el procedimiento no sea, en la medida de lo razonablemente posible, abusado por depredadores sexuales y otros perpetradores de violencia. Estos incluyen el acceso tanto a espacios de un solo sexo como a espacios basados en el género”.

En diez años de vigencia de la ley argentina, basada en la autopercepción –como plantea la reforma de la primera ministra escocesa—y en los Principios de Yogyakarta –que se orientan a la aplicación de los estándares internacionales de derechos humanos ya vigentes en la legislación y acceso a loa justicia de cada Estado de parte de personas LGBTTTI--, no se vieron casos de malversación de la norma para cometer agresiones sexuales. Además, si un hombre quiere entrar a un baño para atacar a alguien, lo hará más allá de los carteles de la puerta.

“No hay ninguna evidencia y es totalmente absurdo y basado en prejuicios pensar que hombres quieran autopercibirse de género femenino para atacar sexualmente a mujeres. Hacerse la idea de que alguien va mentir para sacar ventaja es desconocer las vidas de las personas trans, cuyas historias están todavía atravesadas por la discriminación y la vulneración de derechos”, dijo a Página/12 la abogada Raquel Asensio, coordinadora de la Comisión sobre Temáticas de Género del Ministerio Público de la Defensa, cuyo objetivo es ampliar el acceso a la justicia de las mujeres y propender a una mejor defensa de sus derechos.

Consultada sobre esta polémica, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Ayelén Mazzina, recordó que la Ley 26.743, sancionada en 2012, fue “la primera del mundo que no patologiza las identidades trans, facilita el acceso al cambio registral, y establece que la identidad de género es una cuestión de auto-percepción”. Además consideró que “cualquier disposición que exceda el consentimiento libre e informado, especialmente la exigencia de requisitos médicos u otros que demoren el reconocimiento de esa identidad auto-percibida, no solo revictimizan y atrasan, sino que van en contra de los estándares de derechos humanos que la Corte Interamericana ha establecido”. Por eso, agregó “hablar de igualdad es hablar de transfeminismo. En definitiva, se trata de justicia social”.

Una de las voces más potentes en contra de la reforma es la de la autora de la saga de Harry Potter: El mes pasado, J.K. Rowling se pronunció duramente contra la Primera Ministra escocesa, acusándola de "pasar por alto" los derechos de las mujeres y afirmando que ella sería la culpable de la violación y el ataque de niñas al permitir que las personas puedan definir su género según su autopercepción, sin un certificado médico. Desde hace varios años Rowling es señalada como “transodiante” por sus declaraciones. En 2020 estuvo en el medio de una polémica por su novela Troubled Blood, donde el protagonista es un asesino serial que se viste de mujer para cometer crímenes, lo que fue interpretado por sus detractores como otro de sus ataques a la comunidad trans.

“La ley de identidad de género en Argentina fue un hito en nuestra historia jurídica. Lejos de abrir vías distorsivas o generar conductas abusivas, es hoy una herramienta fuerte para prevenir la discriminación contra personas que eligen identidades de género diversas, más allá de que todavía falta asegurar su cumplimiento en todos los ámbitos”, dijo a Página/12 Mariela Labozetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) del Ministerio Publico Fiscal de la Nación.

Quienes se oponen a la reforma escocesa ponen de ejemplo un caso que se registró en una cárcel de mujeres en julio de este año en EE.UU. donde una mujer trans detenida violó a dos presas.

“Este tipo de afirmación omite que la gente tiene noviazgos heterosexuales y matrimonios heterosexuales que derivan en un número escalofriante de femicidios y otras lesiones físicas y psíquicas gravísimas, pero no hay una propuesta de prohibir el matrimonio ni la heterosexualidad porque esos muy numerosos casos siguen siendo vistos como excepcionales y fuera del propósito del matrimonio”, sostuvo la activista María Luisa Peralta, de Akahatá – Equipo de trabajo en sexualidades y géneros.

Y consideró que en la oposición a la reforma de la ley escocesa “hay una doble vara alevosa que solo se explica por transfobia y esencialismo”.

No solo en Argentina no hay antecedentes de una malversación de tal tenor de la ley de Identidad de Género; tampoco en otros países de la región como Chile o Uruguay.

Hay que recordar también que la mayoría de los abusos sexuales contra niñeces los llevan adelante varones heterosexuales de las propias familias de las víctimas, muchas veces padres, o abuelos, o personas de confianza, de su entorno, como curas católicos.

El proyecto actualmente se encuentra en una segunda etapa de debate: una mayoría parlamentaria en una comisión ya expresó su apoyo a despatologizarla. Sin embargo, la relatora Alsasmen instó a que se detenga el avance del tratamiento, e incluso dijo que su impacto en los derechos de las mujeres tendrá consecuencias globales. En una entrevista con The Times, afirmó haber recibido "muchos mensajes de mujeres en muchos países de Europa y más allá" agradeciéndole por plantear sus preocupaciones.

Lo que está detrás de esta polémica es la perspectiva esencialista de un sector del feminismo que reivindica solo a las mujeres registradas como mujeres desde su nacimiento como sujetos vulnerables por los que hay que pelear derechos y reclamar protección, y demoniza a las identidades trans.

El pánico moral, profundizado sobre prejuicios, es mal consejero.