La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata emitió un fallo matizado y complejo que levanta el amparo que desde hace más de un año trababa una de las mayores inversiones en el país. Se trata de la exploración de recursos petroleros, potencialmente enormes, a 300 kilómetros mar adentro de la ciudad. La ida y vuelta de amparos y cautelares demoró la prospección sísmica de la región marítima, con una considerable pérdida de dinero para las empresas y el problema de que se venció el contrato con el barco de exploración, uno de los no tantos disponibles en el mundo.

La historia de este fallo comienza a fines de 2021, cuando Greenpeace y el intendente de Mar del Plata Guillermo Montenegro pidieron un amparo que frenara los trabajos previos de exploración. El juez de la causa, Santiago Martín, emitió el 11 de febrero una cautelar que suspendió la autorización del ministerio de Medio Ambiente para que  la noruega Equinor, asociada a YPF y Shell, comenzara los trabajos en las áreas 100, 108 y 114 de la Cuenca Argentina Norte. El argumento principal del fallo era el posible "impacto de la exposición al sonido irradiado por una campaña sísmica sobre la fauna marina", en particular en las ballenas.

Pocos días después, el ministerio de Medio Ambiente recusó al juez, que apareció festejando su propio fallo en público junto a Daniel Sabsay y al "ambientalista" José Esain, que fuera asesor del ministro macrista Sergio Bergman. La Cámara rechazó la recusación pero levantó la cautelar el 3 de junio de este año con la condición de que el ministerio dictara una nueva resolución y le proveyera al juez Martín cierta información. El 25 de agosto, el intendente Montenegro se retiró de la causa y el 4 de octubre el fiscal Juan Manuel Pettigiani pidió levantar la cautelar definitivamente. 

Pero el 18 del mismo mes, Martín reinstaló la cautelar y pidió todavía más estudios ambientales, pese a que había recibido 400 páginas de información extra del ministerio y las empresas, más una serie de compromisos. 

A todo esto, el barco encargado de hacer los primeros estudios sísmicos seguía anclado en el puerto de Mar del Plata esperando poder trabajar. Estos son barcos con equipos muy especializados y complejos, de los que hay pocos en el mundo. Es que las Areas de exploración adjudicadas en 2019 son de aguas profundas, lo que requiere equipos especiales para estudiarlas y posteriormente explotarlas. No hay tantos buques así equipados, con lo que hay que pedir turno con bastante antelación. La ida y vuelta en el juzgado de Martín le costó a los socios casi seis millones de dólares de alquiler del buque y además perder el turno de trabajo. Con el verano avanzado, hay que ver si es posible realizar los estudios antes de que comience el mal tiempo.

A esto hay que sumarle la inseguridad que crea que Greenpeace pueda bloquear una inversión de más de 700 millones de dólares, que puede transformar a la Argentina en un exportador petrolero de porte. Ni hablar de que la provincia de Buenos Aires, sede terrestre del negocio y la ciudad de Mar del Plata como puerto y helipuerto de referencia, verían un importante pico de actividad en una industria que paga altos salarios.

Evidentemente, la cámara marplatense tiene conciencia de todo esto y permitió la renovación de los trabajos, diciendo que Equinor y sus asociadas sí cumplieron los requisitos fijados por el juez Martín. Pero aún así, fijaron "condiciones esenciales" para la actividad. Una es que se incluya como observadores permanentes de los trabajos a miembros del equipo Pampa Azul, la iniciativa interdisciplinaria del gobierno argentino para el cuidado de la ecología. Estos observadores reciben de la cámara el mandato de velar en especial por el Monumento Natural Ballena Franca y del llamado Agujero Azul. También quedan obligados a denunciar cualquier acontecimiento que pueda afectar estos santuarios.

Otra condición es que los trabajos no le pasen ni cerca al Agujero Azul: la cámara le prohíbe a los exploradores acercarse a menos de cincuenta kilómetros del lugar. Y una más, es que tantos los observadores como los funcionarios y hasta los privados tienen la obligación formal de suspender "inmediatamente" cualquier actividad que "dañe sensiblemente el ambiente".