A 46 años del secuestro y desaparición de Hernán Abriata y tres meses de haber comenzado el juicio por esos hechos, el Tribunal Oral Federal 5 puso fecha de sentencia: el próximo miércoles 21 el represor de la ESMA Mario Sandoval --subinspector retirado de la Policía Federal-- tendrá la posibilidad de decir lo que quiera antes de que los jueces Daniel Obligado, Adriana Palliotti y Fernando Canero comuniquen su decisión respecto de su responsabilidad y participación en el operativo que, en la noche del 30 de octubre de 1976, se llevó para siempre al estudiante de Arquitectura y militante de la JUP.

La jornada del miércoles pasado fue maratónica en el sum de los tribunales de Comodoro Py. Durante tres horas y media, el defensor público Gerardo Miño solicitó la absolución de Sandoval, luego de que las partes intercambiaron réplicas y dúplicas. La hipótesis que sostuvo la defensa de Sandoval fue que él no es quien la familia de Abriata dice que es: el jefe del operativo que irrumpió en la casa de los Dittmar –familia política de Abriata, ubicada en el barrio porteño de Belgrano–, en busca del joven a quien luego atraparon en su departamento, a unas cuadras de allí.

La fiscalía así como las tres querellas opinaron bien distinto y así lo argumentaron en sus respectivos alegatos, expuestos semanas atrás y transmitidos por el medio comunitario La Retaguardia. La querella de Patricia Walsh, Carlos Lordkipanidse y la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, representada por los abogados Ariel Noli y Adrián Krmpotic, solicitaron prisión perpetua para Sandoval por considerarlo responsable del delito de genocidio.

La querella que compartieron el Centro de Estudios Legales y Sociales y el colectivo KAOS pidió para el acusado la pena de 21 años de cárcel por hallarlo coautor penalmente responsable de la privación ilegal de la libertad de Abriata y de la imposición de tormentos que sufrió en la ESMA. “Toda la prueba que se produjo en el debate apunta a Sandoval en cuanto al procedimiento que terminó en el secuestro y desaparición de Hernán, como también en su intervención en la ESMA como parte del grupo de tareas”, aclaró en el cierre de su alegato la abogada del CELS Sol Hourcade, quien añadió que “se comprobó que Sandoval actuó con conocimiento y voluntad de realizar” los hechos. Y que por su cargo (en la Policía Federal) sabía que aquello era ilegal, que había un plan criminal en curso”.

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación solicitó 20 años de prisión para el policía retirado, la misma pena que requirió la fiscalía, a cargo de Leonardo Filippini, a principios de noviembre pasado.

La noche del 30 de octubre de 1976, un grupo de gente de civil munido de armas de fuego irrumpió en la casa de la calle Superí al 2200 en busca de Abriata. El grupo de civil –entre quienes según las declaraciones testimoniales había varios reconocidos represores de la ESMA– estaba apoyado por numerosos agentes uniformados que rodearon la manzana. En la calle, había dos camionetas cuya caja estaba cubierta por una lona en la que podía leerse la sigla de la Escuela de Mecánica de la Armada, recordó Claudia Dittmar durante su testimonio.

En la casa amenazaron a los padres y la hermana de Hernán –que estaban viviendo allí– y la familia de su esposa Mónica, los Dittmar. Bajo amenazas, el padre de Hernán les dijo que su hijo vivía cerca; la patota lo obligó a llevarlos con él. Ante él se presentó Mario Sandoval: le dio su nombre, le mostró su carnet de la Policía Federal que confirmaba la identidad, le prometió que a Hernán solo lo llevarían para interrogarlo por una denuncia de la facultad. Sandoval también le mostró su identificación a Mónica Dittmar, cuando la patota irrumpió en el departamento que ella y su esposo, Abriata, compartían desde hacía un tiempo. Y le hizo la misma promesa.

Hernán Abriata fue trasladado a la ESMA. Compartió cautiverio con, por lo menos, tres hombres que sobrevivieron a ese centro clandestino. Carlos Loza, Oscar Repossi y Rodolfo Picheni estuvieron con él en “Capuchita”, uno de los sectores del infierno en el que la Armada convirtió al Casino de Oficiales de la ESMA durante el terrorismo de Estado. Loza y Repossi pudieron contarlo en su testimonio ante el TOF. Picheni se suicidó hace una década.

Sandoval integró el área de Asuntos Políticos de la Superintendencia de Seguridad Federal de la Policía durante la dictadura y en democracia huyó a París, Francia, en donde logró camuflarse durante muchos años detrás de una carrera forjada como experto en seguridad interior. Fue descubierto por un artículo de Página/12 en 2008 y en 2012 a través de la familia Abriata la Justicia argentina comenzó a pedir su extradición, que logró casi una década después.