Finalmente, el Gobierno mostró el Memorándum de Entendimiento con la empresa Amazon, luego de la polémica generada en torno a los alcances y efectos del intercambio propuesto entre los funcionarios de Modernización y el gigante de Internet, que podría entrar en colisión con la ley de Protección de Datos Personales.

La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) había presentado ayer acceder al texto del acuerdo, que fue divulgado hoy por el sitio Infobae. Según una fuente de Modernización citada por ese medio, lo anunciado por el mánager regional de Amazon Web Services (AWS) sobre la posibilidad de que el Gobierno probara un sistema de cloud computing de dos bases de datos estatales, habría sido erróneo. 

Sin embargo, el mismo funcionario confesó dos párrafos más adelante que Amanzon le prestaría un “espacio en la nube” para “hacer pruebas sin costo” y alojar “programas de innovación o aplicaciones en desarrollo, como la de Precios Claros”. 

Valeria Milanes, directora del área Digital de ADC, no quedó conforme con la respuesta brindada en off por un funcionario de Modernización a Infobae, ya que del texto del Memorándum no se desprende esa información, es decir, no se aclara si lo que se alojará en la nube de AWS serán o no datos personales que posee el Estado. “Cuando es contratación con una compañía extranjera, hay que saber dónde van esos datos, cuál es la legislación aplicable para esos datos”, dijo a Página/12.

Justamente ADC le exigió al Estado que detalle qué “información se almacenará en los servidores provistos por AWS, cuáles son las medidas de seguridad previstas para el resguardo de dicha información, si los servidores se ubicarán en el país o tendrán otra ubicación geográfica, los costos de la contratación y si existió una consulta previa ante la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales”. 

Las dudas no se ciernen sólo sobre la posibilidad de que el Gobierno incumpla con el artículo 12 de la Ley de Protección de datos Personales, que prohíbe la “transferencia de datos personales de cualquier tipo con países u organismos internacionales o supranacionales, que no proporcionen niveles de protección adecuados", sino también sobre la necesidad y conveniencia de avanzar en este tipo de lineamientos políticos en relación al tratamiento de los datos que pertenecen al Estado.

Milanes explicó que son las grandes empresas de tecnología, como AWS, las que están en condiciones de brindar este servicio conocido como la “nube” y que tienen capacidad para procesar los datos. “Por ende lo que buscan es la menor cantidad de obstáculos y brindar mayor cantidad de servicios. Desde la lógica comercial, no está mal. Pero, ¿cómo se para el Estado frente a esto?”, preguntó.

La directora del área Digital de ADC le exigió al Gobierno que explique cuál el marco de la política pública que el Estado argentino quiere llevar delante respecto a las bases de datos públicas. “Eso va a marcar el camino para cuál va a ser el uso que harán los privados”, indicó. Al mismo tiempo, hizo hincapié en la “cuestión técnica”, ya que los “servicios trascienden fronteras”.  

La especialista se refiere a la diferencia entre ceder –muchas veces, en forma liviana y basada en el desconocimiento- una enorme cantidad de datos a aplicaciones que no están alojadas en servidores de la Argentina, y la posibilidad –ahora concreta y en franco avance- de que el Estado haga acuerdos con empresas para alojar datos en servidores cuya jurisdicción se desconoce. “No sabemos si hubo un diagnóstico, un análisis de situación. Bien se podría desarrollar un servicio de nube nacional, promocionado por el Estado. Esto anula ese camino”, advirtió. 

La cuestión de la soberanía se revela en este punto como crucial. Se trata de un debate que aún no fue zanjado en muchos países del mundo y que Argentina, subida al tren de concederle al mercado todas sus prerrogativas, parece estar dispuesta a avanzar en acuerdos que beneficien a los gigantes de Internet. Como explicó a Página/12 la especialista en el mercado informático e integrante de la Fundación Vía Libre, Beatriz Busaniche, este convenio se inscribe en la misma línea que otros similares firmados con Facebook y Alibabá, y se enmarca en “los deberes que está haciendo el Gobierno” para presidir en diciembre la cumbre de la Organización Mundial del Comercio, que se llevará a cabo en nuestro país durante diciembre. 

Evgeny Morozov, escritor e investigador bielorruso que estudia las implicaciones políticas y sociales de Internet, y que compartió en Twitter la preocupación por el acuerdo entre Amanzon y el Gobierno de Cambiemos, ha dicho que “los datos se han convertido en una de las más preciadas mercancías”. “Hay un mercado gigante de la venta de datos, no solo de tipo digital: si no miras lo que firmas cuando ofreces datos, es más que posible que acaben siendo agregados en una base administrada por un puñado de firmas norteamericanas”, señaló. 

Morozov suena hoy premonitorio: “Hoy en día solo algunas grandes empresas son capaces de estudiarlos. Esa información debería estar bajo un control público, que no significa un control del Estado, sino de los ciudadanos”.