Un pequeña productora chacarera denunció ayer que el juez provincial Sergio Verdura firmó la orden de desalojo de un predio de seis hectáreas, cuyas familias lo viene trabajando desde desde hace más de cien años. El conflicto tiene al matrimonio de Sandra Gobbo y Oscar Marinucci de un lado y a la Fundación Honorio Bigand del otro. “El poder judicial no puede ser tan latifundista, en este caso apoyando a una fundación que es un verdadero fraude, ya que no cumple con la voluntad de la última heredera. La orden fue muy clara, al igual que las pautas que debía seguir esta fundación, cuestión que no se cumple y doblegando la apuesta avanzan contra una familia que tiene un arraigo en el lugar que data de 1920”, indicó Gobbo a Rosario12.

"Nos encontramos ante un nuevo embate judicial promovido por quienes de manera ilegal e ilegítima se apropiaron de la administración de la Fundación Honorio Bigand", planteó la mujer. Es que luego de desalojar a las 25 familias que vivían y trabajaban en este territorio, hoy van contra Sandra y Oscar, ambos de 60 años y contra su única vivienda. La familia Gobbo-Marinucci es la última que resiste en el territorio donde viven y trabajan en sus tierras hace más de 100 años.

La mujer apuntó contra "Marcelo Jorge Álvarez, como presidente de la Fundación Bigand quien, junto a sus abogados apoderados Valeria Montaldo Maiocchi, Mabel Azar y Diego Haro Matínez, se apoderaron de forma fraudulenta de la Fundación que fue creada para destinar los frutos de este territorio a la 'caridad y el bien público'. En cambio, se apropiaron de las 3500 hectáreas y de las ganancias que generan, y hoy (por ayer) lograron que el Juez Sergio Verdura, de Cañada de Gómez, dispusiera el desalojo".

Para Gobbo, la Fundación no cumple con su mandato original porque "los campos no podian venderse y sin embargo, lo hicieron. Nosotros seguimos resistiendo a pesar de todo, hasta de los tiros que han tirado". 

La mujer explicó que "el desalojo fue firmado y el expediente viene a la jueza comunal de Bigand, Carolina Mozzi, que asumió el 22 de diciembre y va a tener que venir con la fuerza pública a desalojarnos. Lo que vamos a hacer es resistir, porque hasta el mismísimo presidente Alberto Fernández dijo que se iba a reglmentar la ley de agricultura familiar y no lo hizo. Vamos a encadenarnos en la tranquera, porque no tenemos vida afuera de esta tierra, solo sabemos trabajarla y criar animales. Preferimos morir acá antes que terminar deprimidos fuera de esta tierra".

Curiosmente, Mozzi, en manos de quien quedó la orden de desalojo, fue directora del Instituto de la Mujer de Rosario, entre 2016 y 2019.  

Gobbo y su compañero sostienen desde hace décadas que “las tierras pertenecen al fundador del pueblo, Victor Bigand, quien arrendaba las parcelas a distintas familias campesinas. En 2004, al fallecer la última heredera de la familia fundadora, comenzó una estrategia por parte de la Fundación Honorio Bigand para desalojar a los colonos y hacerse de esos terrenos. El accionar de la entidad va en contra del testamento que le legaba los campos y que apostaba a la caridad y el bien público. Esta Fundación no cumple con la voluntad del fundador de nuestro pueblo ni sus hijos, que no dejaron descendencia”.

La familia ya perdió una importante porción de sus tierras en manos de la Fundación y en la actualidad solo cuentan con su hogar y una pequeña parcela, donde crían animales. “Vuelvo a recalcar, una y otra vez, que esto no es solo la defensa a una familia de agricultores familiares, sino qué tipo de modelo país queremos. Si es el del agronegocio que solo piensa en concentrar la tierra para sacar mas quintales, fumigándonos y envenenándonos, o es el de la chacra mixta y la agroecología” concluyó.