"El sistema penal argentino avanza exclusivamente sobre gente humilde, sea culpable o inocente, a las clases acomodadas no les toca un pelo". "La aplicación de una condena penal injusta es el último paso de una serie de injusticias". “La justicia comete más errores que los que la gente cree, por acción o inacción, además de las causas armadas, los fraudes judiciales". "No se puede calcular la cantidad de gente inocente que hubo y hay presa en la Argentina". Sobre estas certezas, formuladas por Manuel Garrido, director de la ONG, trabaja Innocence Project Argentina, creada para reparar condenas mal dictadas, además de tener una función preventiva y formativa. En estos días se hizo pública su defensa de Marcos Bazán, preso durante cinco años y actualmente acusado por el femicidio de Anahí Benítez, luego de la expresa orden política de "detener a alguien rápido, porque hay mucho ruido en los medios” (ver nota aparte). 

Innocence Project Argentina se creó en 2012, tras la película El Rati Horror Show, que mostraba cómo Fernando Carrera fue condenado injustamente a treinta años de cárcel en la llamada Masacre de Pompeya, con un grosero armado policial sustentado luego por los medios. Carrera tuvo la mala fortuna de pasar casualmente por el lugar y en el momento en que la policía perseguía a unos ladrones. Lo confundieron y dispararon 18 veces contra su auto, 8 de esas balas de plomo dieron en su cuerpo. Terminó condenado a treinta años de cárcel, pasó más de siete tras las rejas. Fue absuelto por la Corte Suprema tras un extenso laberinto judicial y dos amicus curiae presentados por quienes entonces formarían Innocence Project, junto a Estela de Carlotto y Enrique Pérez Esquivel.

Integrantes y voluntarios de Innocence Project Argentina.

Enrique Piñeyro, uno de los directores de aquel documental, se involucró junto a Garrido en el caso y así comenzaron a llegar pedidos de personas que decían estar en la misma situación que Carrera: presos injustamente. Se contactaron con Innocence Project de Estados Unidos, donde surgió la red global que trabaja con temas de inocencia. La aplicación de la prueba de ADN había sido, a principios de los 90, el puntapie para la revisión de condenas graves y penas de muerte ya aplicadas, con una abrumadora cantidad de inocentes condenados --algunos, asesinados-- que salieron entonces a la luz. 

"Todo un movimiento de derechos civiles, porque indirectamente cuestiona los sistemas penales por su falta de eficacia y de humanidad: ese sitema penal tan duro, esa justicia que mata o arruina la vida de gente inocente, ¿es legítima?", pregunta Garrido. 

Innocence Project trabaja en la defensa gratuita de personas condenadas por error. También es un proyecto educativo, con pasantías y convenios con carreras de abogacía. "Buscamos generar un perfil de abogado activo, que vaya a investigar al terreno, romper el modelo de abogado de escritorio", dice Garrido. El planteo apunta además a la transformación del sistema legal, a introducir cambios que eviten esos errores que condenan a inocentes y que, en caso de sospecha de error, no transforme la revisión de cada condena en una odisea de años: "Que los reconocimientos sean distintos, que la prueba biológica se conserve después de las condenas, que los juicios se filmen, que los cambios científicos se incorporen", pide Garrido.

Manuel Garrido y Camila Calvo, de Innocence Project, con Marcos Bazán (en el medio).

Otros casos sobre los que trabajó Innocence Project: Jorge González Nieva, un taxista que estuvo preso 14 años porque se le atribuyó una salidera bancaria y asesinato; la Corte Suprema lo terminó absolviendo y hoy litiga --también, interminablemente-- por una reparación económica. Sebastián Rodríguez, un hombre en situación de calle condenado por el copamiento de una comisaria, que "cayó" por homonimia: se llamaba igual que la persona a la que buscaban. Y el caso tal vez más tremendo, Cristina Vázquez, condenada en Misiones por el homicidio de una vecina, quien se suicidó luego de pasar once años presa injustamente y recuperar su libertad. 

"El suyo es un leading case: una de las 'pruebas' en su contra fue que era una 'joven promiscua'. Hay un sesgo de clase, un prejuico que opera en las condenas. El mismo que hace que no se tomen en serio los argumentos de las defensas, o se armen tantas causas, a personas que tienen antecedentes. Como ya delinquió, lo consideran culpable a priori, aunque no haya pruebas", observa Garrido.

En esa línea Marcos Bazán, un joven que vivía en la reserva donde fue hallado el cuerpo de Anahí Benítez, resultó el candidato perfecto para tranformar en el rápido culpable que se buscaba para un caso que conmocionó a la opinión pública, la gota que rebalsó el vaso y que dio origen al Ni Una Menos. 

En estos días se está demostrando en el juicio oral y público, entre otras cosas, cómo el perito Diego Tula indujo a su perro para que marcara el rastro en el lugar donde Bazán vivía. Lla Comisión por la Libertad de Marcos Bazán está convocando a presenciar la audiencia del lunes en los Tribunales de Lomas de Zamora (Larroque 2463), donde testificará el experto estadounidense en rastros con perros Jeff Schettler.