“Todos dijimos no a la impunidad. Que la Corte diga no al 2x1”, es el lema en el que los organismos de derechos humanos condensaron el rechazo masivo al fallo con el que los jueces del tribunal supremo beneficiaron al represor Luis Muiña y el reclamo a los supremos de que reviertan la doctrina que esa sentencia sentó. El pedido es el eje de una campaña pública que lanzarán hoy, a casi tres meses de la resolución y el primer día hábil tras la feria judicial. “Así como sucedió en cada plaza del país cuando salió el fallo nefasto del 2x1 esperamos que la sociedad vuelva a decirle a la Corte que debe corregir el error cometido”, remarcó la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.

Se trata de una campaña virtual. Con el objetivo de visibilizar que aún se encuentra vigente el antecedente judicial que sentó el fallo supremo del pasado 3 de mayo –que posibilitó el recálculo de la condena a Muiña, sentenciado a 12 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino que funcionó en el predio del Hospital Posadas, y lo dejó en libertad–, los organismos de derechos humanos pondrán en circulación virtual argumentos de referentes de la justicia nacional e internacional que sostienen por qué la Corte debe revertir el fallo Muiña y asegurar que el 2x1 no se aplique a personas condenadas por delitos de lesa humanidad. 

“Buscamos recuperar el amplio repudio social y político al fallo que habilitó el beneficio del 2x1 a represores de la última dictadura porque entendemos que el riesgo sigue vigente hasta tanto la Corte no revierta su posición. La campaña se propone como un medio para canalizar y sostener las voces que se expresaron contra la impunidad en el mes de mayo pasado para reclamar a la Corte que diga No al 2x1”, evaluó Verónica Torras, la directora ejecutiva de Memoria Abierta, la alianza de organismos de derechos humanos coordinadora de la campaña.

Los organismos esperan que los testimonios, difundidos en formato audiovisual continuados por una reflexión sobre la vigencia del fallo Muiña y la necesidad de que la Corte pronuncie uno nuevo, se viralicen. Entre los testimonios que empezarán a circular a partir de mañana figuran el de Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien plantea que “los crímenes de lesa humanidad requieren un conjunto de respuestas diferenciadas. Debe ser una respuesta proporcional a la gravedad de estos hechos”. O el de la consejera de la Magistratura Gabriela Vázquez, quien augura que “para seguir construyendo una Argentina comprometida con los derechos humanos es fundamental que el más alto tribunal se pronuncie rápidamente”. El referente del Colegio Público de abogados porteño y de la agrupación Gente de Derecho, Jorge Rizzo, suma que el fallo Muiña “es una grave involución que tuvo la Corte Suprema”.

La campaña está impulsada por Abuelas, la línea de fundadora de Madres de Plaza de Mayo, el Centro de Estudios Legales y Sociales, Familiares de desaparecidos detenidos por razones políticas, Hijos, la Comisión memoria, Verdad y Justicia Zona Norte, Fundación Memoria Histórica y la Liga Argentina por los derechos del hombre, entre otros. “Desde que se conoció esa nefasta idea de poner en práctica el 2x1 salimos a la lucha y la sociedad nos acompañó maravillosamente. Pero pasaron meses y las cosas siguen igual así que lo primero que queremos contarle a la gente es que aún el fallo Muiña tiene vigencia y aún los organismos pedimos que modifique la situación. Lo más importante es que el pueblo adhiera a este pedido de que la Corte diga no al 2x1”, completó Carlotto.

El fallo Muiña generó una catarata de pedidos similares de parte de numerosos represores condenados –el bonaerense Miguel Etchecolatz presentó el suyo, entre varios otros– que, tras ser rechazados en primeras instancias, se fueron acumulando en despachos supremos. Casi en simultáneo, la decisión de habilitar el 2x1 cosechó fuertes y multitudinarios rechazos. Una semana después, cientos de miles de personas en plazas de todo el país expresaron su desacuerdo, mientras que el Congreso convirtió en ley la inaplicabilidad del beneficio a condenados por delitos de lesa humanidad.

Luego de que el Congreso diera ese paso, la Corte unificó las solicitudes de represores –el genocida bonaerense Miguel Etchecolatz es uno de ellos– que fueron se fueron acumulando en esa instancia tras el fallo Muiña, y solicitó la opinión de las partes intervinientes en las causas afectadas. Hace semanas que el máximo tribunal cuenta con esas opiniones, incluido el dictamen de la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, quien sostuvo la inaplicabilidad de la ley 24.390 para delitos de lesa humanidad.