"Quiero saber por qué mataron a mi hijo", reclamó Edgardo, en la previa del inicio del juicio que tiene sentados en el banquillo a dos policías y dos patovicas acusados por el homicidio de Carlos "Bocacha" Orellano, cometido el 24 de febrero de 2020, cuando salió a bailar con amigos al boliche Sr. Ming, que funcionaba en La Fluvial. El debate oral y público tiene previsto extenderse durante alrededor de dos meses, ya que hay agendados más de 200 testimonios que escuchará el tribunal integrado por Mariano Aliau, Aldo Bilbao Benítez y José Luis Suárez, durante las audiencias en el Centro de Justicia Penal. Fiscalía y querella piden penas de entre 17 y 23 años de prisión.
Los acusados en el caso de homicidio con dolo eventual agravado son los policías Karina Gómez, de 43 años, y Gabriel Nicolossi, de 40, para quienes Fiscalía solicita penas de 19 años de prisión, al tiempo que la querella pide que se los condene a 23 años. En tanto, para los empleados de seguridad privada Claudio Maidana, de 56 años, y Emiliano López, de 32 años, el fiscal Saldutti pidió que sean penados a 17 años; y para la querella deben ser sentenciados a 20 años.
El fiscal los acusa por el hecho cometido el 24 de febrero de 2020, "en horas de la madrugada, mientras cumplían servicio de policía adicional y seguridad privada para el local bailable, luego de que la víctima fuera retirado del boliche, haber ejercido violencia física contra éste, en cercanías del Muelle 3". La imputación agrega que "tras rodear a la víctima contra la baranda del río, aprovechando la superioridad física y numérica, y habiéndolo golpeado, determinaron con su accionar que Orellano brinque las barandas de protección y caiga a las aguas del río, circunstancias que le provocaron la muerte". El cuerpo emergió dos días después. A ello se suma el accionar irregular de los policías, tales como omitir información y no dar aviso inmediato al Ministerio Público de la Acusación de ninguna de las circunstancias, además de insertar dato falsos en el acta de procedimiento.
El querellante habló de una "secuencia interna de agresión y expulsión forzada" de Bocacha antes de lo ocurrido en el muelle. Además, dijo que "es una deuda de la ciudad trabajar en la normativa y el control de la noche para cuidar a los pibes y no para agredirlos". Y aseguró: "La familia entiende que faltan responsables", en relación a las responsabilidades en el local.
Una bandera al ingreso del Centro de Justicia Penal, donde la familia estuvo acompañada por diferentes organizaciones -entre ellas la Multisectorial contra la Violencia Institucional-, lleva estampado el rostro del joven: "Cómo olvidar esa sonrisa feliz", expresa.
