Las irregularidades en la Obra Social Judicial de la Nación volverán a estar en el centro de la escena este miércoles. En el proceso contra los jueces de la Corte Suprema, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados retomará las audiencias con testigos sobre los desmanejos de la OSJN. Y en simultáneo, el exsecretario de Administración de la Corte Héctor Daniel Marchi aportará su testimonio y documentación ante el juez federal Ariel Lijo en la causa que investiga los hechos.
Marchi se presentó la semana pasada en los tribunales de Comodoro Py y se puso a disposición para declarar como testigo y para "ofrecer prueba" en el expediente "respecto a distintas situaciones que conciernen a la investigación" sobre la OSJN. Por eso, el testimonio del exadministrador del máximo tribunal en la Comisión de Juicio Político no continuará esta semana sino la próxima, el martes 9 de mayo.
Para la audiencia de este miércoles, los diputados citaron nuevamente al extitular de la Obra Social Aldo Tonón; el secretario letrado de la Corte, Sebastián Clérici; el contador Nicolás Serafini, que firmaba los balances de la obra social; el director de Informática de la Corte, Andrés Sacchi; una secretaria del juez Juan Carlos Maqueda y un damnificado por la obra social.
Tonón ya se ausentó en dos oportunidades y la Comisión le envió la tercera citación bajo advertencia de tramitar su presencia por la vía judicial. La presidenta del cuerpo, la diputada Carolina Gaillard (Frente de Todos), avisó que si el exfuncionario vuelve a incumplir con la convocatoria la Comisión votará una resolución donde, dijo, "le comunicamos al juez la incomparecencia y le pedimos que lo traigan por la fuerza pública".
En la primera parte de su exposición ante los diputados, Marchi denunció que fue desplazado como administrador en una "sanción encubierta" por haber revelado las irregularidades en la OSJN y también denunció amenazas y aprietes, por los que responsabilizó al juez Horacio Rosatti y a su vocero, Silvio Robles.
Sobre los desmanejos en la Obra Social, Marchi apuntó contra Maqueda, de quien dependía la entidad, detalló que "no había presupuesto ni un sistema informático para poder hacer controles", y que se realizaban compras y contrataciones millonarias sin licitaciones. También reveló que los supremos intentaron evitar la difusión de una auditoría de la OSJN que muestra cómo las irregularidades persistieron pese a los señalamientos previos. Gaillard le solicitó al Ministerio de Justicia que se "arbitren los medios que resulten conducentes para preservar y garantizar la seguridad laboral e integridad física del testigo".
