Luego de que Página|12 revelara este domingo que una de las secretarias del diputado del PRO, Gerardo Milman, se presentó en Comodoro Py para declarar que no borró de forma voluntaria todo lo que había en su celular tras el intento de asesinato de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, sino que fue llevada a las oficinas de la entonces presidenta del PRO, Patricia Bullrich, donde un perito eliminó todo lo que había en su dispositivo, en el de la otra secretaria y en el de Milman, uno de los abogados de la vicepresidenta, José Manuel Ubeira, adelantó en diálogo con este diario que, a partir de ahora, su defensa tomará "una serie de medidas".
Entre otras cuestiones, van a pedir que se unifiquen las dos causas —la de Revolución Federal y esta— porque, según Ubeira, "querer dividirlas y mandar a juicio oral a Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo no es más ni menos que tratar de impedir la investigación", e incorporarán este episodio al pedido de recusación de la jueza María Eugenia Capuchetti, que la defensa de CFK hizo ante la Corte Suprema. "Esto demuestra que el pedido de recusación a la jueza no era infundado ni caprichoso", dijo el abogado de la vicepresidenta y opinó que "este hecho es el más grave que se ha producido después del atentado".
Ubeira considera que la jueza Capuchetti, con su inactividad, lo que hizo fue encubrir "una circunstancia gravísima", y explicó que, desde la defensa, a partir del nuevo testimonio pedirán la comparecencia de los abogados para saber quién llamó a la secretaria de Milman para obligarla a entregar su teléfono en las oficinas de Bullrich, cuándo y por qué, y ampliar su declaración. También consideran que será necesario que Milman vuelva a declarar y que se amplíe la declaración a Jorge Abello. Abello, asesor del diputado del FDT, Marcos Cleri, fue un testigo clave para la incorporación de Milman a la causa ya que fue quien escuchó, en el café Casablanca frente al Congreso de la Nación, decir a Milman que, cuando maten a CFK, "él ya iba a estar camino a la costa".
Los repudios —en base a los datos que dio a conocer Página12— se multiplicaron a lo largo de toda la jornada. El diputado Leopoldo Moreau explicó en diálogo con este diario que lo que quedó en evidencia es que "ya no solo estamos frente a una deliberada desidia de la investigación por parte del Poder Judicial, sino incluso en la posible complicidad entre funcionarios judiciales y quienes deben ser investigados porque ¿cómo se enteró su excompañera de trabajo que ella se había presentado a la fiscalía a declarar? Aparentemente porque la propia fiscalía le dijo". En segundo lugar, Moreau indicó que "es realmente impresionante que, una vez que la testigo fue a declarar, en el marco de un caso tan grave como este, le hayan respondido que se presente más adelante porque el fiscal se estaba por ir de vacaciones".
Para el diputado, esas dos cuestiones no solo demuestran que "no ha habido en ningún momento intención de investigar", sino que, incluso, existe una complicidad con quienes pueden haber tenido conocimiento o pueden haber participado directa o indirectamente del atentado. "Eso me parece lo más grave", subrayó, aunque explicó que también es sumamente grave que la testigo haya declarado que fue llevada a una oficina de Patricia Bullrich, expresidenta del Pro, a que le borren todo lo que tenía en el celular.
Tanto para Ubeira como para Moreau, es un dato a destacar que, hasta el día de hoy, Bullrich no repudió el atentado. Para ellos, esa actitud --sumada a los nuevos elementos que se dieron a conocer-- constituyen indicios que generan la sospecha de que algo sabía o que, al menos, existió una actitud de tolerancia frente al ejercicio de violencia material contra la vicepresidenta. Ahora, además, consideran que surgirán nuevas pistas que deberán ser investigadas como por ejemplo: quién es el perito que hizo esa tarea y quién es el abogado, de nombre Diego, que aparece como intermediario.
Ubeira considera que la primera de todas las medidas, de ahora en más, debería ser proteger a la testigo. Algo que aún no dispuso la fiscalía. Él recordó que la mujer se acercó a declarar diciendo que había sido presionada "de todas las formas posibles". La segunda vez que ella fue a prestar testimonio a la fiscalía de Carlos Rívolo había dicho que se había asesorado y que por eso había borrado la información de su teléfono. En esta ocasión, sin embargo, dijo que el procedimiento fue en las oficinas de Bullrich y que hubo toda una serie de presiones para que se borrara el contenido de los tres dispositivos. Esta vez, además, ella habría entregado un pendrive que podría contener una especie de "back-up" del celular.
El secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, dijo a Página12 que toda la nueva información "confirma el rol de la jueza Capuchetti, que no avanza con la investigación de quienes se sospecha que son autores intelectuales del atentado". Él explicó que "los fondos que recibían algunas de estas organizaciones; las declaraciones del diputado Milman y las nuevas revelaciones --que indican que se borró información en las oficinas de Patricia Bullrich-- demuestran que algo tienen que esconder". Para el secretario de DDHH "estamos ante una situación muy grave". Opinó que "Bullrich es una mujer muy peligrosa que, en su afán personal de ser candidata, es capaz de hacer cualquier cosa". "Estas acciones y las que llevó adelante como ministra de Seguridad de Mauricio Macri dan cuenta de eso. Es terrible que una persona de estas características sea hoy candidata a Presidenta", finalizó.
La Cámpora también repudió lo ocurrido. En un tweet, la agrupación que lidera Máximo Kirchner, compartió la tapa de Página|12 y escribió: "Pasaron más de ocho meses del intento de asesinato de Cristina. No hay avances en la causa. Encubrimiento; complicidad; corporaciones; casta; mafia judicial: Democracia Mutilada. Todo tiene que ver con todo".
