El año pasado un juez de la Ciudad de Buenos Aires, Andrés Gallardo, confirmó y denunció que el Ministerio de Seguridad porteño utilizaba de manera ilegal el sistema de vigilancia y reconocimiento facial para acceder a información de miles de personas que no estaban prófugas ni sujetas a ninguna medida judicial. El escándalo pasó rápidamente al olvido entre los intentos de negación del exministro Marcelo D'Alessandro. Pero ahora un nuevo dato salió a la luz, le dio volumen al asunto y descolocó a quienes atribuyen hackeos y espionaje casualmente sobre ese mismo exfuncionario y varios jueces a --dicho con ironía-- una oscura maniobra kirchnerista.
El gobierno porteño se habría apropiado desde 2019 de los datos biométricos de al menos 200 jueces/zas y 80 fiscales/as. Entre ellos los hay de todo tipo de perfil e inclinación política, de Comodoro Py, de tribunales federales provinciales y hasta de la Corte Suprema. Quizá uno de los aspectos más impactantes es la analogía con el sistema de espionaje que desplegó el gobierno de Mauricio Macri, que hizo inteligencia ilegal no solo respecto de sus opositores, como mostraron las investigaciones judiciales, sino de sus propios dirigentes/funcionarios. A lo que hay que sumar otro punto en común, la utilización para esos fines del aparato del Estado.
Parece una broma pero no lo es: una de las juezas cuyos datos biométricos migraron a las bases del ministerio de seguridad porteño es Silvina Domínguez, la primera que tuvo a cargo la investigación sobre el viaje a Lago Escondido --ahora fagocitada por Comodoro Py--. Esta exmagistrada y la fiscala Cándida Etchepare avanzaron hasta dar con pruebas como facturas con fechas posteriores al viaje que se habrían confeccionado para hacerlo pasar como una escapada de un grupo de amigos.
Pero a Domínguez, jueza federal en Neuquén, el gran hermano porteño la había capturado antes de aquel episodio, en julio de 2021, según le notificaron. "Fue cuando me nombraron para subrogar el juzgado federal de Bariloche donde había un amparo de una comunidad mapuche y casos similares", relató a este diario. Le tocaba intervenir en el conflicto en Villa Mascardi, elevar a juicio el caso del asesinato de Rafael Nahuel, entre otros. Todos asuntos que obsesionan a Juntos por el Cambio, que durante el gobierno de Macri desató una campaña de estigmatización de pueblos originarios. Es curiosa, además, la búsqueda de información sobre una magistrada que, además, se mueve lejos de las cámaras de la Ciudad de Buenos Aires. Otro neuquino afectado es el defensor Pablo Matkovic.
Observados
Desde hace algunos días decenas de jueces/zas y fiscales/as comenzaron a recibir una notificación, como la que le llegó a Domínguez, que dice que en el contexto de una investigación de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) "se logró determinar que una terminal del Ministerio de Justicia y Seguridad del GCBA, valiéndose del Convenio de Cooperación Técnica suscripto --en febrero de 2019-- con el Registro Nacional de las Personas, solicitó la información obrante en esa base respecto a su persona. Presumiblemente sin justificativo válido". En la denuncia penal que hizo el titular de la PIA, Sergio Rodríguez, y que compromete en esencia a la cartera de seguridad de la Ciudad, se advierte que aquel acuerdo sólo permitía el requerimiento y uso de datos biométricos para el reconocimiento facial de prófugos o la detección de personas buscadas por orden judicial o del Ministerio Público Fiscal. Quedaba prohibido incorporar imágenes y registros de personas que no estuvieran en la Base de Datos de Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas.
La investigación que comenzó el juez Gallardo, luego recusado por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, y que continuó Elena Liberatori, terminó en una declaración de inconstitucionalidad del sistema de reconocimiento facial confirmada hace dos semanas por la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteña. El amparo había sido promovido por el Observatorio de Derecho Informático Argentino y luego se sumaron otras organizaciones, como Cels.
Ese expediente había derivado en una denuncia penal en Comodoro Py, que está a cargo del juez Ariel Lijo, a la que se sumó la denuncia del fiscal Rodríguez. La principal hipótesis es que desde el Ministerio de Seguridad de la Ciudad se habría armado una base de datos paralela e ilegal, con acopio de datos sobre miles de personas, entre ellas un universo de nombres que llama verdaderamente la atención, porque incluye desde el presidente Alberto Fernández, la vice Cristina Fernández de Kirchner, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo Estela de Carlotto, dirigentes variopintos, periodistas y magistrados, incluido el presidente de la Corte, Horacio Rosatti. Es obvio que no se trataba de prófugos.
Rosatti ahora tendrá otro motivo para preocuparse además del hackeo de su celular y la multiplicación de líneas a su nombre, asunto que investiga otro juez, Marcelo Martínez de Giorgi, que también analiza situaciones similares que aquejan a los supremos Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. En el mismo expediente, denunciaron hackeos dos jueces del juicio de Vialidad que condenaron a CFK, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, además de los visitantes frecuentes de Macri en Olivos Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, entre otros. La causa es presentada por los medios afines a la oposición como un megaespionaje sobre quienes investigan al kirchnerismo. La realidad es que no se sabe aún el origen de las intromisiones y si constituyen espionaje. Algunos insisten en vincular al hacker que reconoció su intrusión en el celular de D'Alessandro.
En el caso del uso cuestionado de datos biométricos se conoce perfectamente que los tramitó y se los llevó el ministerio de Seguridad porteño, que tendrá que explicarlo. La paradoja es que, menos los de Lorenzetti y Giménez Uriburu, se llevó los de todo ese mismo grupo. La lista de cerca de 300 judiciales incluye de todo, al estilo de la AFI que dirigía Gustavo Arribas, que espiaba a propios y ajenos (opositores), además de sindicalistas, dirigentes sociales, eclesiásticos y periodistas.
En la lista de jueces están desde otro supremo, Juan Carlos Maqueda, el camarista trasladado a dedo por el macrismo, Leopoldo Bruglia, el juez de Casación y consejero de la Magistratura alineado con la oposición, Diego Barroetaveña, su compañero Juan Carlos Gemiganani, otro de los jueces de Vialidad, Jorge Gorini, hasta el juez de tribunal oral Adrián Grunberg, que votó por cerrar Hotesur-Los Sauces y el juicio por el Plan Qunita, la jueza que presidió el juicio del caso Memorándum donde se determinó que no había delito, María Gabriela López Iñíguez, el fiscal Félix Crous (que fue titular de la Oficina Anticorrupción del actual gobierno), la fiscala Gabriela Boquin (perseguida por el macrismo a raíz de sus denuncia en el caso del Correo), el juez electoral de La Plata Alejo Ramos Padilla, su padre Juan Ramos Padilla (que encabeza protestas contra la Corte), Daniel Rafecas y María Servini, entre tantos otros de la larga nómina.
Algunos casos han generado suspicacias particulares, como el de la jueza Domínguez, por las circunstancias en que fueron pedidos los datos biométricos desde el gobierno porteño. En el caso del juez de Casación Alejandro Slokar, la PIA le notificó que pidieron su datos el 23 de septiembre de 2021. Ese día estaba firmando un recurso favorable a la vicepresidenta. Al fiscal ante ese tribunal, Javier De Luca, le sucedió cuando definía su posición a favor de Milagro Sala. A la camarista civil Marcel Pérez Pardo --es esposa de Eduardo Freiler, destituido por el macrismo-- , cuando se definía su juicio político.
Quizá sean meras casualidades, o quizá no. Cuando Gallardo explicó el mecanismo en una resolución, señaló casos muy sospechosos de personas muy públicas cuyos datos biométricos no migraron solo una vez sino que hubo muchas consultas: sobre CFK hay 226 consultas (número récord), 18 sobre Patricia Bullrich, 10 sobre Elisa Carrió, 76 sobre Alberto Fernández, 12 sobre el ministro de seguridad Aníbal Fernández, 3 sobre el ministro Wado de Pedro, 24 sobre el gobernador Axel Kicillof, 9 sobre Florencia Kirchner, 12 sobre Máximo Kirchner, 32 sobre Javier Milei, 9 sobre el periodista Gustavo Sylvestre. Hay más periodistas, dirigentes y empresarios. Y un caso muy llamativo: 92 consultas sobre Arshak Karhanyan, el policía desaparecido de la Ciudad de Buenos Aires, que no estaba precisamente prófugo.
¿Para qué? ¿Por qué? Y otros enigmas
Todavía no se sabe para qué se usó esa información personal y reservada (los datos biométricos) que tiene el Renaper, pero el solo acopio podría funcionar como amenaza, amén de que violaría la protección de datos personales. Uno de los investigadores señaló a Página/12 que a través de las 200 cámaras que hay en la CABA y que hacen reconocimiento facial se puede seguir perfectamente a una persona. De hecho, es lo que se hace con los prófugos. ¿Sería también una modalidad de espionaje? Será un punto de discusión. Por lo pronto, el juez Lijo le pidió al nuevo ministro de Seguridad porteño, Eugenio Burzaco, un informe que detalle cómo funciona el sistema, qué personas están autorizadas a pedir datos biométricos y a consultar la base, en qué condiciones se puede hacer, qué claves utilizan, entre otras cosas. Un punto relevante es que cuando dictó su resolución, la jueza Liberatori advirtió que un peritaje había revelado que así como hubo datos biométricos cargados en forma manual, también cientos fueron borrados del mismo modo.
Cuando Gallardo suspendió el uso del sistema de reconocimiento facial en abril del año pasado, el exministro D'Alessandro intentó defenderse diciendo que el sistema había estado sin uso por la pandemia. Sin embargo, uno de los hallazgos más llamativos de la pesquisa fue que, precisamente, durante el período de aislamiento por la Covid 19 migraron datos biométricos al gobierno porteño de manera incesante. Rodríguez, el titular de la PIA, mostró en un cuadro que en 2020 hubo 5.420.590 consultas, el doble que en 2019, y en 2021 fueron casi 7 millones.
En la causa original se constató que las personas incluidas en la Conarc eran cerca de 40.000, cuando el juez Gallardo pidió la información. Sin embargo, el Ministerio de Seguridad porteño había hecho 9.392.372 consultas de datos biométricos entre abril de 2019 y marzo de 2022, un período en que supuestamente el sistema de reconocimiento facial había estado supuestamente inactivo.
Todo esto fue recapitulado y constatado por el fiscal Rodríguez para sostener su denuncia. También remarcó que Flavio Brocca, director de Tecnología en el Renaper, dio su testimonio y brindó elementos que permiten suponer que los "datos obtenidos ilegítimamente" fueron utilizados "para un fin diferente al que originariamente se autorizó".
Esto podría incluir muchísimas cosas. Por ejemplo, se pudieron haber "comunicado estos datos a otras áreas de gobierno con fines diferentes al convenido", desde usar esa base para actualizar el domicilio de infractores de tránsito, "como así también que se procuró la foto de uno de los autores del hecho conocido como la 'violación grupal en Palermo' para difundir en los medios de comunicación".
Lo más probable es que otros tantos usos se desconozcan o que el mero acopio haya sido una finalidad, para tener datos disponibles con fines extorsivos u otros. Algunos de los jueces espiados suponen que --más allá de una posible persecución-- con el tipo de datos obtenidos por el Ministerio de Seguridad porteño, usando la identidad de las personas afectadas, se podrían hacer gran cantidad de operaciones truchas. Rodríguez sostuvo que, de mínima, se habría violado la ley de protección de datos personales y se habrían utilizado/revelado datos secretos.
Hay quienes analizan presentarse como querellantes en esta causa que, dadas sus implicancias políticas, no se perfila sencilla.
