El juez Pablo Arancibia, de la Sala II del Tribunal de Impugnación, hizo lugar al recurso de apelación presentado por la fiscala penal Claudia Carreras y revocó la prisión domiciliaria de 5 imputados por el crimen en patota del trabajador rural Luis Riso Molina, de 28 años, cometido el 25 de febrero de 2022 en el paraje La Estrella, en el Chaco salteño.

La fiscala Carreras había apelado la resolución del juez de Garantías Francisco Oyarzú de ese distrito, quien el pasado 30 de marzo concedió la prisión domiciliaria, con una caución, a cinco hombres imputados como coautores del delito de "homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas en grado de coautores, agravado por la intervención de un menor de edad" en perjuicio de Molina. Los detenidos nuevamente son Juan Chavarría, Matías Toledo, Osvaldo Juárez, Juan Ferreyra y Facundeo Domínguez Novoa. 

Hay otros tres acusados en relación al hecho, el prófugo Cayetano Domínguez, padre de Facundo y de otro joven que era menor de edad al momento de los hechos. Mientras que el otro acusado es quien accedió a contar el hecho, y cuyo testimonio permitió dar con el cuerpo de la víctima.

La madre del joven asesinado, Mabel Molina, dijo a Salta/12 que la fiscala le explicó que los cinco acusados que volvieron a prisión preventiva efectiva se encontraban en la localidad de Las Lajitas. Luego de que se revocara la prisión domiciliaria quedaron detenidos en la policía local y se esperaba el traslado a la ciudad de Orán. La madre aseguró que mientras estuvieron con el arresto domiciliario los hombres no tenían pulsera electrónica, ni consigna policial fija, y que sólo se realizaban las rondas periódicas para control. 

En la apelación, la fiscala Carreras mencionó un inmueble presentado como caución que es de titularidad del abogado de los cinco acusados, lo que para la funcionaria representaba un riesgo procesal porque el bien no es de propiedad de los imputados ni de sus familias, por lo que su pérdida no tendría repercusión en sus economías ni ejercería presión alguna sobre su psiquis. Sostuvo que había riesgo de fuga y entorpecimiento en atención al monto de la pena previsto para un delito de tal índole.

El juez de Impugnación hizo lugar al recurso presentado por la fiscala y revocó la resolución de primera instancia de Oyarzú, a quien correspondía disponer la inmediata detención de los cinco imputados.

Molina explicó que un solo imputado seguirá con la domiciliaria, y dijo que se trata de una persona de la localidad de Apolinario Saravia que se encontraba con el grupo de los acusados al momento de los hechos, en un campamento en el paraje La Estrella y fue quien reveló lo que había pasado con Riso Molina y el lugar donde había sido abandonado el cuerpo, a la vera de la ruta provincial 13, camino al pueblo de La Unión.

Según detalló la madre, este hombre contó que los agresores eran maquinistas, entre ellos se encontraba el dueño de las máquinas trilladoras, Cayetano Domínguez, quien se fugó, y que también estaba el hijo de este hombre, Facundo Domínguez Novoa, que está imputado, y otro hijo que era menor de edad. 

Mabel Molina dijo que el  hombre que relató el hecho dijo que a su hijo lo habían acusado de haber robado un teléfono móvil y un cargador; lo secuestraron, lo golpearon golpes y torturas y terminaron asesinándolo para después abandonar su cuerpo en un lugar inhóspito.

Aunque este hombre también estuvo ahí, habría expuesto “que (él) no le pegó, no lo torturó y no lo mató. Declaró que vio lo que le hacían y cómo le pegaban. (Dijo que) mi hijo cada vez que lo pateaban en la cara se descomponía, que (él) iba y lo ayudaba. Después lo alzaron en una camioneta y lo fueron a dejar en el desierto. Entre todos, incluso el que declaró, lo tiraron”, dijo la madre en su momento. 

Mabel Molina sostuvo además que su hijo no robó nada, y que quienes habrían sustraído el teléfono y el cargador eran otros dos trabajadores rurales, que terminaron entregando esos elementos a la Brigada de Investigaciones. 

La mujer también dijo que la noche en que fue asesinado, su hijo tenía al menos $70.000 y su teléfono celular, y que estas pertenencias no aparecieron más, al igual que sus zapatillas, entre otras cosas que llevaba consigo.

"Cayetano Domínguez está prófugo hace más de un año, nosotros lo que queremos es que se busque a esta persona", dijo la madre. 

"El juez Oyarzú nunca nos ha querido atender, nos mandaba a que busquemos un abogado", señaló además, y expresó que desea que intervenga otro magistrado en la causa. Ella no tiene representación letrada en el proceso penal. "Hicieron lo que han querido con mi hijo, pido justicia", exigió. Contó que realizaron una marcha hace un mes en Pichanal, donde reside, para reclamar contra la domiciliaria de los acusados.