María Isabel Gau Aguer de acuerdo a su legajo N° 20.083 ...El 22 de noviembre de 1976 fue asesinada junto a su compañero Adolfo José Berardi en su domicilio de calle 63 entre 15 y 16 donde funcionaba una casa operativa de la organización. Al momento de su muerte, María Isabel estaba embarazada. El día del operativo que llevaron a cabo las fuerzas conjuntas, secuestraron también a Nicolás Berardi, hijo de Maria Isabel y Adolfo José Berardi, que fue recuperado en diciembre del mismo año por sus abuelos. 

El fragmento pertenece a la Resolución 500/19, titulada 'Reparación de legajos de víctimas del terrorismo de Estado de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación' de la Universidad de La Plata (UNLP). Este documento es parte de una iniciativa de la institución académica platense y que ya cuenta con más de 600 legajos reparados y entregados en todas sus unidades académicas desde el 2016. La meta es la claridad: dejar signado el motivo por el cual parte de su comunidad dejó de transitar por sus pasillos. El 9 de junio será la oportunidad para que los familiares de 60 víctimas del terrorismo de Estado que integraron la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la UNLP reciban el legajo reparado de sus seres queridos.

“No es una reparación de los legajos nada más, sino una reparación institucional”, destaca Guadalupe Godoy, Directora de Políticas de Memoria de la universidad. Luego de ser intervenida por la Marina en marzo de 1976, señala que hay que comprender a “la universidad como víctima, pero también como victimaria de sus estudiantes”.

En este marco, a partir de la Resoluciones 259/15 y 260/15, la casa de estudios platense desarrolló el "Programa de Reparación, digitalización y preservación de legajos de estudiantes, graduadxs y trabajadorxs de la UNLP víctimas del terrorismo de Estado". Esta decisión conllevó un trabajo de investigación que permite “consignar en cada documento las verdaderas razones que obligaron a interrumpir la trayectoria estudiantil o laboral” de las casi 800 personas que, según la información recapitulada por la Universidad, sufrieron secuestro, desaparición u homicidio. O la combinación de todas. “Se trata de corregir algo que no fuera real”, cuenta Godoy. “Por ejemplo, a los no docentes les ponían ‘cesantes’ como abandono de servicio.”

El proceso de búsqueda de información que describe la funcionaria es amplio y complejo. “La documentación estaba dispersa por distintas áreas dentro y fuera de la Universidad”, relata. Explica que cada unidad académica de la institución es independiente, por lo cual se respetó y respeta los tiempos de cada una para recapitular los datos. Además, algunas cuentan con un archivo, otras no. Algunas han tomado la iniciativa desde la gestión de la propia Facultad, por ejemplo, mientras otras cuentan con Comisiones de Memoria que están abocados en la materia. “Cada Facultad tiene sus particularidades”, sintetiza Godoy, pero remarca que se viene trabajando y dando seguimiento a cada órgano que integra la UNLP.

La búsqueda

Dentro de la universidad, la documentación puede estar en la división de alumnos, en el sector de Títulos en el caso de los egresados, pero también se pudo acceder a información a través de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires, detalla la directora. En algunos casos, cuenta que intervine el Archivo Histórico provincial, según la complejidad del caso. “Con toda la documentación que encontramos de las personas buscamos redactar una suerte de biografía en la resolución, que dé cuenta del recorrido vital, militancia, y circunstancias de secuestro de la persona”. El fragmento citado al principio de esta nota gráfica este trabajo.

Dentro de cada legajo se entrega una copia de la resolución que, en sus fundamentos, realiza un recorrido histórico que motiva a la decisión de llevar a cabo esta iniciativa. "Desde la intervención de la UNLP en el ‘76 “la persecución y el desaliento al estudiantado se manifestaron en las restricciones para el ingreso, el aumento de aranceles administrativos, los cupos y la prohibición de actividades políticas o gremiales dentro del ámbito académico, la desarticulación de los centros de estudiantes, la obligación de dejar el DNI en el ingreso a los edificios”, expone su texto.

Para Godoy, la reparación que se lleva a cabo no es sólo personal en el plano de un legajo, sino que es más “amplia”. Incluso no se trata de solo “reparar algo que pasó, sino también del presente, porque la disputa del sentido es permanente”. 

Respecto al pasado, habla de dimensionar lo que significó la dictadura cívico-militar alrededor de la UNLP. “Las decisiones que tomaron en aquel entonces era la de tener una universidad elitista, donde el ingreso fuera más difícil”, cuenta. Según la información que expone la propia institución educativa, en 1975 la matrícula era de 13.000 estudiantes ingresantes. En 1983 se redujo a 4.800. “Hay que pensar en los exiliados, en quienes dejaron la universidad por miedo, quienes no venían a estudiar porque la ciudad de La Plata era invivible”, reflexiona la funcionaria que su ve es abogada en causas en materia de derechos humanos.

Según consta en la documentación trabajada por el equipo comandado por la Secretaria de Derechos Humanos y Políticas de Igualdad de la UNLP, cuya titular es Verónica Cruz, por Resolución N° 329/76 se resolvió mantener cerrado el Comedor Universitario y por Resolución N° 364/76 se redujeron los cupos de vacantes fijados para el ingreso. Ese mismo año, fueron cerradas las carreras de Cinematografía y Pintura Mural, por Resoluciones números 928/76 y 2813/76, respectivamente.

Mediante la Resolución N° 490/76, en consonancia con el Decreto-Ley 21.276, prohibió la admisión como alumnos a quienes desarrollaran actividad que "asuma formas de adoctrinamiento, propaganda, proselitismo o agitación de carácter político o gremial, docente, estudiantil o no docente" y dispuso la expulsión en caso de que se realizaran tales actividades, con prohibición de ingresar por cinco años, y la comunicación a todas las universidades del país”. 

La Resolución N° 1487/76 fue por más y modificó el régimen disciplinarlo incorporando como faltas a "actos que denoten peligrosidad actual o potencial para la seguridad nacional, los que deberán estar fehacientemente acreditados por vía de información producida por las fuerzas de seguridad", sean cometidas tanto en el ámbito universitario o fuera de éste.

Todas estas reformas al funcionamiento de la universidad no podrían haberse llevado a cabo, según Godoy, si hubiesen permanecido en el claustro “los tipos que habían creado las bases para una universidad popular y que integraban organizaciones militantes”. Por eso, destaca en su trabajo que los 60 legajos reparados y que serán entregados a los familiares de quienes transitaron por la Facultad de Ciencias Naturales y Museo fueron “militantes políticos” de FAL22 -que luego integraron el PRT ERP-, Juventud Univesitaria Peronista-Montoneros, Federación Juvenil Comunista, Partido Comunista Marxista Leninista, y OCPO (Organización Comunista Poder Obrero).

Negacionismo

Sobre las expresiones negacionistas que se han vuelto a escuchar por estos últimos años, Godoy es certera: “no me sorprende”. “Este trabajo de reparación es una herramienta de disputa de sentido que hay que darla siempre”. Cita la obra de Daniel Feierstein, sociólogo argentino, que en su libro ‘ Seis estudios sobre genocidio. Análisis de las relaciones sociales: otredad, exclusión y exterminio’ habla de las seis etapas mediante las cuales se construye un exterminio como el que se planificó en la Argentina de la última parte de los setenta. “La última es la simbólica, la de hacer pensar que algo no existió, como algo que no fue”, resume la directora. “Se habla de superar etapas, y es evidente que no es así”, afirma, al tiempo que vuelve a aclarar que es importante pensar esta medida en términos de presente.

Más allá del dolor que atraviesan estas historias, Godoy señala que hay “cosas lindas” y algunas que muestran el alcance de una iniciativa reparadora. Cuenta que, al momento de recapitular documentación, en el caso de los graduados figura la ficha del título. Aquí, deducen desde el equipo de trabajo, les habrían solicitado a los estudiantes las típicas cuatro fotos carnet. “Al momento de entregar el legajo los familiares quedan impactados porque son fotos que nunca vieron”, cuenta. 

También dice que en la Facultad de Arquitectura se encontraban archivados los exámenes de ingreso. En el caso de esos estudiantes, sus parientes pudieron reencontrarse con la letra sus seres queridos, “y hasta dibujos” propios de la carrera relata Godoy.

Pero uno de los hechos que cambió parte de la historia de la Universidad sucedió en la Facultad de Artes. Hoy de Artes, pero era de Bellas Artes. “En el trabajo de investigación sobre los legajos de reparación se descubrió que el nombre Bellas Artes lo había establecido la dictadura, con una idea de las artes vinculada a la belleza, más conservadora”, relata Godoy. El 3 de diciembre de 2019, el Consejo Superior de la UNLP cambió el nombre.