En el marco de la democracia las políticas públicas constituyen un ámbito fundamental para asegurar la vigencia de los derechos ciudadanos. A través de las políticas públicas el Estado, mediante la gestión gubernamental, debe atender a las necesidades y demandas de la ciudadanía. En gran parte de nuestros países latinoamericanos vivimos un momento en que las democracias se hacen cada vez más formales y restringidas, acotando los modos de participación. De allí también que las políticas públicas se han transformado en un territorio estratégico de disputa por los derechos.
La comunicación no es ajena a esta realidad dado que el teatro comunicacional –entendido de manera compleja, no restringida solo los medios corporativos y las redes digitales- se ha convertido en un escenario esencial para arbitrar las diferencias, visibilizar los conflictos, buscar los diálogos y debates necesarios para la convivencia en los procesos de toma de decisiones.
Por esa misma razón las políticas públicas democráticas requieren de una comunicación que también lo sea. Porque nadie puede reclamar para sí un derecho que no sabe que le asiste, pero sobre todo porque las políticas públicas en democracia necesitan construirse a partir de la escucha atenta de heterogéneas perspectivas, de voces que expresan necesidades y demandas diferentes. Es allí donde la comunicación debe potenciar diversas formas de escucha para recoger las peticiones que emergen de actores protagónicos de la ciudadanía invirtiendo en consecuencia el sentido propagandístico y publicitario instalado como única manera concebible de la comunicación gubernamental.
Vale también apuntar que a la luz del crecimiento de la conciencia social respecto de la importancia de la integralidad de derechos económicos, políticos, sociales y culturales como base esencial de la democracia, las políticas públicas se han transformado en un territorio irrenunciable de la lucha política y también simbólica por el poder. Es allí donde se consolidan o se resignan los avances en materia de los derechos que los diferentes actores disputan en escenarios diversos, desde la movilización callejera hasta la negociación cara a cara.
Las políticas públicas -cualquiera de ellas a la que nos refiramos- pueden ser leídas como territorios que se van configurando a partir de las relaciones entre los actores que participan de las mismas, porque son lugar permanente de encuentro, de mediaciones, pero también de disputas tanto en el sentido de lo social y cultural, como de lo político y lo económico. En la misma línea se puede afirmar que los actores se construyen y constituyen de manera específica e irrepetible en el ámbito de cada política pública.
Es posible entonces leer las políticas públicas como un territorio comunicacional, partiendo de la base de que estamos frente a un sistema de relaciones entre actores diversos que se vinculan mediante relatos y a través de los mismos no solo construyen y se construyen, constituyen y se constituyen, sino que dan forma al territorio simbólico que emerge de la política pública. En ese y en todos los sentidos la política pública es un ámbito de lucha simbólica por el poder, sobre todo si observamos el recambio y la emergencia permanente de nuevos escenarios y actores para la política en democracia, poniendo especial énfasis en el repliegue de los partidos políticos tradicionales y en el surgimiento de los movimientos y organizaciones sociales, vecinales, ciudadanas en general.
No menos cierto es que, tal como lo señaló en su momento Oscar Oslazk (Políticas públicas, democracia y participación ciudadana, 2007), la agenda estatal se modifica de manera permanente “como un río que fluye constantemente y se transforma, experimenta una continua metamorfosis" porque "la incorporación de cada nuevo asunto genera una tensión que solo desaparece cuando la cuestión se 'resuelve' ".
Desde esta perspectiva la comunicación asume valor estratégico, no solo como herramienta que pretende la eficacia de la gestión en la implementación de la política, sino como inteligencia necesaria y saberes imprescindibles para comprender, en primer lugar, el entramado de las relaciones que permiten montar el relato social que sostiene a las políticas públicas como ejercicio político y como lucha de poder, pero también para desentrañar las matrices constitutivas de los actores intervinientes y, a partir de ellas, comprender las formas en que cada uno de ellos percibe, valora y reconfigura sus modos de participación en ese ámbito de poder.
