La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, que preside Carolina Gaillard (Frente de Todos), convocó a una audiencia el próximo jueves para escuchar el informe del juez de la Corte Suprema de Justicia Juan Carlos Maqueda, a quien se lo citó por las irregularidades detectadas en torno a la administración de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN). Aún así se desconoce si el supremo, principal apuntado por este causal del Juicio Político, irá a exponer ante los diputados su descargo o presentará un escrito. La comisión también evalúa para ese mismo día la convocatoria de testigos sobre el fallo de la Corte por la coparticipación federal que favoreció a la Ciudad de Buenos Aires, en caso que Maqueda no concurra a la Cámara baja.

Gaillard convocó formalmente al cuerpo para el jueves 6 de julio a las 11 horas. El mismo día y hora para el que la comisión citó al supremo, con el respaldo de la mayoría oficialista de sus integrantes (16 votos) ante el rechazo opositor, luego de la lectura de los cargos contra el magistrado y en el marco del proceso abierto en la Cámara de Diputados a los miembros del Máximo Tribunal por mal desempeño en sus funciones.

En la resolución, los diputados consideraron que los cargos contra Maqueda por el período en que administró la obra social de los trabajadores judiciales, entre abril de 2008 y octubre de 2021, están fundados a partir de la evidencia testimonial y documental que la Comisión acumuló desde que se inició el proceso a la Corte en febrero pasado.

Según esos testimonios y documentación recogida, Maqueda está acusado por "consentir, por omisión, en el cumplimiento de funciones bajo su dominio, pérdidas y daños a la integridad física y al derecho a la salud de los afiliados y sus familias, así como perjuicios económicos irreparables a la Obra Social del Poder Judicial".

El artículo 13 del reglamento interno de la comisión (que actúa como Cámara acusadora) establece: “Reunidas las actuaciones sumariales se citará al denunciado a fin de que, si así lo considera, informe a la comisión, sobre los cargos formulados agregándose al expediente la versión taquigráfica de la declaración. También podrá el denunciado presentar un informe escrito, el que se agregará a lo actuado. La incomparecencia o inacción del denunciado no constituirá impedimento para la prosecución de las actuaciones. Lo establecido en este artículo no obsta al oportuno ejercicio de defensa por ante el Honorable Senado de la Nación”. La Cámara alta es la encargada del juzgamiento, en caso que avance el proceso contra los supremos.

Testimonios como el del desplazado exAdministrador de la Corte Suprema, Héctor Marchi, y la documentación acumulada, que incluyen cuatro auditorías ordenadas por la propia Corte, una de las cuales los cortesanos intentaron ocultar, así como las comunicaciones, y resoluciones de los jueces que desataron una guerra interna en el propio Tribunal, comprometen seriamente a Maqueda en las graves irregularidades y desmanejos de la OSPJ.

Por esa razón fuentes parlamentarias estimaron que el juez podría no concurrir, para evitar exponerse ante la Comisión y enviar un informe para responder a las acusaciones en su contra mientras estuvo al frente de la administración de la obra social de los trabajadores judiciales. Una situación que también evalúa Gaillard. La titular de la comisión no quiere que el proceso a la Corte se paralice y en caso de un faltazo de Maqueda buscará avanzar con otra de las causales del Juicio Político a los cortesanos: el fallo del Tribunal sobre coparticipación federal que favoreció al Gobierno porteño.

En ese marco, las autoridades de la comisión podrían definir hoy la convocatoria como testigos de Silvio Robles, colaborador y mano derecha del presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti; y el renunciado exministro de Seguridad y Justicia porteño Marcelo D'Alessandro: la filtración de los chat entre ambos muestran como D’Alessandro recibe de Robles información y asesoramiento para que la Ciudad obtenga un fallo favorable contra la Nación.

Así como requerir testimonios de algunos de los gobernadores de 14 provincias que solicitaron ser admitidas como "amicus curiae" ante la Corte para exponer sus argumentos porque un fallo a favor de la administración porteña afectaría sus fondos; pero que los cortesanos nunca atendieron. Además de funcionarios nacionales que intervinieron en el litigio, como el ministro de Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, entre otros.