"Si no te apropiás de los derechos, te los sacan"

Llegó el día. Será el miércoles 2 a las 19. La pareja que nunca había vivido bajo un mismo techo empieza la convivencia. De un lado, Ajus, la Asociación de Abogados por la Justicia Social que dirige Emanuel Desojo. Del otro, el Cepis, el Centro de Estudios para la Igualdad y las Solidaridad, con Mariano Lovelli de figura central. Para que la convivencia no se empañe por problemas menores, acondicionaron en La Plata una construcción que se llamará “Casa abierta”, en calle 43 entre 7 y 8, y se propone seguir la línea de ambas organizaciones: activismo político y judicial por causas que van desde la salud pública a las tarifas y la energía.

Ni a Lovelli ni a Desojo les da vergüenza decir que encabezan dos organizaciones no gubernamentales. “¿Quién dijo que el único modelo posible de ONG es el Cippec u otras asociaciones del campo del pensamiento liberal?”, pregunta Lovelli. “Existe un territorio de la sociedad civil con distintas formas de militancia. Cuando perdés el Estado te quedás sin territorio. Pero las disputas hay que darlas también en los territorios hostiles. Las nuestras pueden ser vistas como organizaciones libres del pueblo con una característica: estaban bien de papelitos cuando ganó Mauricio Macri. Podían litigar. Podían inscribirse en audiencias públicas. Lo nuestro no son los comunicados, es la acción.”

Las dos ONGs surgieron antes del macrismo y se foguearon litigando entre 2015 y 2019. Ajus es del 2011. Cepis, del 2014.

A fines del 2015 ya estaban en funciones.

El primer acto público de Ajus y Cepis, ya asumido Macri, fue la impugnación de Carlos Rosencrantz y Horacio Rosatti como jueces de la Corte Suprema nombrados por decreto por el Poder Ejecutivo.

“Fue la primera acción judicial conjunta de más de treinta que vendrían después”, cuenta Desojo.

Los dos explican a Buenos Aires/12 que aquel decreto fue “fundante y paradigmático”. “Si un Presidente pone por decreto dos jueces, ya hay un hecho claro: cree que puede actuar sobre la Justicia por decreto, o sea que está dispuesto a todo", dice Lovelli. “Y uno de esos jueces, Rosencrantz, además era abogado de las corporaciones”, recuerda Desojo. “Por eso seguimos padeciendo una Corte al servicio de las corporaciones. Peor que la Corte menemista, porque ahora deciden directamente las corporaciones, sin necesidad de ninguna mediación.”

El Cepis se transformó en un protagonista conocido de la vida política desde que la Corte Suprema hizo lugar a su presentación sobre las tarifas del gas, el 18 de agosto de 2016.

--¿Y ahora por qué quieren seguirla? –pregunta Buenos Aires/12.

--Porque si no te apropiás de los derechos, te los sacan --contesta Desojo--. Los derechos no son dádivas. Se ganan a través de décadas de luchas y muertos. Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, desde el Estado, garantizaron derechos que habían costado la vida de 30 mil personas. Y nosotros, desde nuestro lugar político y profesional, queremos seguir ayudando a que nadie saque derechos.

--¿Se preparan para una derrota de Unión por la Patria?

--De ninguna manera --dice Lovelli--. Lo peor es quedarse quieto. Te empezás a morir de a poco. Y motivos para seguir molestando al poder siempre hay, ¿no? Nos preparamos para seguir creciendo, para seguir profundizando las líneas de trabajo, para formar a nuestra gente y a otra gente y actuar cada vez con más eficacia en lo político y lo jurídico. Para firmar convenios con universidades y participar de diplomaturas y cursos. Siempre nos preocupamos por eso. En la pandemia les dije a varios compañeros: aprovechen el encierro y hagan maestrías. Hay que estudiar siempre.

--¿Parrilla tienen?

--No muy grande, pero para una buena cantidad de choripanes alcanza.

Conte Grand

Los dos abogados son platenses. “Nacimos en La Plata, estudiamos en La Plata, damos clase en La Plata y nos interesa lo que pasa a nivel del país pero nunca descuidamos qué problemas hay en La Plata”, dicen a dúo.

Uno de los problemas, en su opinión, tiene nombre y apellido. Se llama Julio Conte Grand y es el procurador bonaerense que llegó allí de la mano del macrismo, con María Eugenia Vidal. Como el peronismo empata en el Senado con Juntos, nunca consiguió la mayoría necesaria para desplazarlo.

--¿Conte Grand cometió alguna irregularidad, más allá de su ideología o su adscripción partidaria?

--Sí --responde Desojo--. ¿Cómo es la manipulación de los fiscales? Conte Grand crea fiscalías ad hoc. Fiscalías especiales. Entonces ahí aglutina causas que deberían tramitar en otras fiscalías y las maneja. Incluso modificó la forma de sancionar a los fiscales para que el castigo pasara siempre por dos empleados de su confianza. Uno fue secretario de Seguridad de Joaquín de la Torre cuando De la Torre era intendente de San Miguel. Todas estas cosas las vimos y las denunciamos. Y también denunciamos las irregularidades del fiscal Sebastián Scalera.

Scalera es un viejo conocido de los lectores. El 11 de diciembre Buenos Aires/12 publicó una foto que lo mostraba en Miami junto con el ministro de Seguridad de Vidal, Cristian Ritondo, el abogado Marcelo Rochetti. El viaje de amigos, dos del Poder Ejecutivo, porque Rochetti era en 2017 jefe de Gabinete de Ritondo, y otros del Judicial, nunca fue desmentido a este diario por ninguno de los participantes.

El procurador acumula varias denuncias en su contra. Una de ellas surgió de la diputada de Ensenada Susana González, que denunció a Conte Grand porque según ella el procurador se negó a investigar irregularidades cometidas por funcionarios de Cambiemos en Astilleros Río Santiago por un monto de 95 millones de dólares.

Biografías

Desojo es el menor de la dupla. Nacido el 23 de febrero de 1981 (en España sería una curiosidad significativa, porque ese día se produjo el Tejerazo contra la democracia) estudió Derecho y se recibió en 2005. Trabajó en la Fiscalía de Estado de la Provincia y tiene su estudio jurídico especializado en Derecho Civil y en Derecho Contencioso Administrativo. Da clases de Sociología Jurídica.

Lovelli es del 15 de abril de 1975. Fue abogado en la Lotería de la Provincia, es docente de Derecho Político. En su estudio jurídico priman el Derecho Laboral y el Derecho Administrativo.

Los dos comparten la vocación por la intervención en los asuntos públicos con el rigor en la formación, la propia y la de los equipos, y la institucionalización. Ese combo les permitió litigar con personería y no diluirse nunca.

“En plena revolución de la alegría de Macri nos juntábamos a escribir demandas judiciales”, se ríe Lovelli. “Eso nos forjó, nos hermanó y puso a prueba los métodos de trabajo y los argumentos.” Agrega que "entendimos muy pronto que la política tarifaria de gas y electricidad era una de las esencias de los negocios del macrismo y de sus prioridades de gobierno".

Antes del macrismo Ajus participó de demandas judiciales por desalojos en barrios, como el de Villa Alba. "Estaban aplicando mal el Código Penal", dice Desojo.

Y durante el macrismo la relación entre la Justicia y el gobierno los ocupó de manera intensa. “Si somos abogados y no miramos para otro lado no es difícil darse cuenta de que hay un ataque para apropiarse del sistema judicial”, afirma Desojo. “Empezó con los dos ministros de la Corte por decreto y después siguieron los traslados a dedo para manipular causas. Porque existía un sistema de premios y castigos. Instalaron el miedo a los fiscales y a los jueces que no cumplían las órdenes y querían trabajar decentemente.”

Acciones

Desojo recuerda que Diego García Sayán, el relator especial sobre Independencia de los Magistrados de las Naciones Unidas que en noviembre de 2019 escribió un informe sobre el Poder Judicial, ya hablaba de plan sistemático del Ejecutivo para apropiarse del Judicial, y recogía las denuncias sobre ataques al fuero laboral y traslado arbitrario de jueces. Ajus organizó la publicación de "Justicia a la carta", un libro sobre el sistema judicial durante el macrismo editado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.

Lovelli cita el Congreso de Energía que convocó el Cepis y que abrió Axel Kicillof en un planteo que incluyó el concepto de Buenos Aires como provincia petrolera y la energía no solo como fuente de exportación de commodities sino también como forma de garantizar el abastecimiento del mercado interno y la industrialización.

Todavía no está completa la lista de confirmaciones de quienes estarén este miércoles 2 a las 19 en la Casa Abierta, pero los organizadores tienen una lista provisoria de nombres apuntados. Figuran el ex juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni, el intendente de Ensenada Mario Secco, el senador Oscar Parilli, la presidenta de Abuelas Estela Carlotto, el director de la DGI Carlos Castagnetto, el ministro de Justicia y precandidato a intendente de La Plata Julio Alak, la diputada Susana González, el diputado Rodolfo Tailhade, el intendente de Berisso Fabián Cagliardi y representantes de asociaciones de usuarios y consumidores, cámaras de pequeñas y medianas empresas, dirigentes sindicales y directivos y directivas de la Universidad Nacional de La Plata y de varias de sus facultades.