El Tribunal Oral Federal de Corrientes dará comienzo este lunes al varias veces postergado juicio de lesa humanidad contra la cúpula del Comando de Brigada de Infantería VII, la estructura del Ejército que planificó y desplegó la represión ilegal genocida en las provincias de Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones durante la última dictadura. El esperado juicio repasará la responsabilidad de diez acusados por un centenar de casos entre los que figuran secuestros y torturas, homicidios y desapariciones. Militantes de derechos humanos locales lo definen como un “juicio histórico”.
Son 104 hechos los que estarán bajo análisis de la Justicia para determinar si siete militares retirados y tres exgendarmes, todos muy avanzados en edad y algunos de ellos novatos en rendir explicaciones a la Justicia por su accionar contra la humanidad durante la última dictadura, son culpables o no. De ellos, ocho hechos culminaron en desapariciones forzadas y tan solo 18 fueron juzgados y por ello recibieron condenas represores durante juicios previos, que se llevaron a cabo entre 2008 y 2009 en la provincia. El resto son casos de privación ilegítima de la libertad y tormentos sucedidos en diferentes centros clandestinos de la provincia, como la Jefatura de la Policía de Corrientes, el exRegimiento de Infantería N°9, comisarías o destacamentos rurales, Entre esos casos, se cuenta el secuestro de dos bebés, uno de ellos nacido en cautiverio. Ambos permanecieron encerrados con sus mamás.
Todos los hechos bajo juicio implican al Comando de Brigada de Infantería VII del Ejército. “La Brigada fue el centro neurálgico de las decisiones represivas durante la dictadura llevadas a cabo aquí”, indicó en diálogo con este diario Marisa Sanabria, integrante de la Comisión de Derechos Humanos de Corrientes y trabajadora de la Unidad fiscal de Derechos Humanos local. Por “aquí” se refiere a la subzona 23 que, dentro de la cuadrícula en la que las fuerzas armadas se dividieron al país con fines represivos durante la dictadura, abarcó las ciudades costeras del Paraná en la provincia de Corrientes, y las provincias de Chaco, Formosa y Misiones.
Hace 15 años, se llevó a cabo el juicio por los crímenes del Regimiento de Infantería número 9, con asiento en la provincia litoraleña. “Aquel fue el primer juicio que en Corrientes juzgó a responsables de crímenes de lesa humanidad vinculados a un centro clandestino, el RI9. Ahora vamos por la Brigada, que es, a la hora de la planificación del terrorismo de Estado, la estructura de mayor responsabilidad. Nosotros decimos que allí se definió cómo se llevaría a cabo la represión en las cuatro provincias del Nordeste argentino, quiénes serían sus blancos y en dónde y cómo desaparecerían los cuerpos de nuestros desaparecidos”, apuntó Sanabria.
Los operativos Toba
Durante la dictadura cívico militar el terrorismo de Estado se esparció en el Nordeste argentino a través de los denominados Operativos Toba. “Fueron acciones psicológicas de inteligencia que planificó el Ejército”, definió Sanabria. En el documento sobre Relevamiento y Análisis documental del Archivos de las Fuerzas armadas que Stella Segado, entonces directora de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, dirigió en 2010, los operativos Toba aparecen como uno de los métodos con los que el Ejército desarrolló su “lucha contra la subversión” y que tuvo como objetivos “recuperar el dominio de la zona”, “aniquilar la subversión” y “ganar la voluntad o apoyo de la población”. Segado pudo reconstruir a través de legajos militares que hubo por lo menos cuatro ediciones del operativo en cuestión, todos desarrollados en la subzona 23, bajo las órdenes del Comando de Brigada de Infantería VII y que el blanco fueron los militantes y las estructuras que las Ligas Agrarias desplegaron en Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones.
“Bajo una fachada de acciones cívicas, como pintar o arreglar una escuela, el Ejército desplegaba tareas de inteligencia, detenía a personas, y llenaba la zona de terror”, resumió Sanabria.
Los acusados
Son siete militares retirados y tres exgendarmes los que finalmente se sentarán en el banquillo, bajo la atención de los jueces del Tribunal Oral Federal de Corrientes, Juan Manuel Iglesias, Eduardo Belforte y Fermín Ceroleni. Los fiscales Flavio Ferrini y Diego Vigay representarán al Ministerio Público, en tanto que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación será querellante. Tres de los acusados integraron la plana mayor del Comando de Brigada VII –José Mechulán, Eduardo Cardoso y Alfredo Farmache– “o sea que son quienes saben en dónde están nuestros desaparecidos”, insistió la trabajadora judicial con amplia militancia en la lucha por la memoria, la verdad y la justicia. Otros cuatro formaron parte del RI9 –Abelardo de la Vega, Juan Carlos De Marchi, Raúl Harsich y Horacio Losito– y el resto formaron las filas de Gendarmería –Raúl Reynoso, Pedro Alarcón y Abelardo Palma.
Esta causa estuvo lista para ser revisada en juicio oral y público desde hace un lustro. En el transcurso de la investigación, murieron cinco acusados: José Oscar Guastavino, Roberto Romeo Bin, Aldo Solís Neffa, Jorge Levatti y Julio Maidana. Y durante la espera del juicio oral, fueron apartados por incapacidad sobreviniente cuatro exmiembros del Ejército Julio Barreiro y Cyris Dalmis Marcelo Feü, Eduardo Gómez y Juan Carlos Ibarrola. El debate oral fue pospuesto por lo menos tres veces.
