Miguel Osvaldo Etchecolatz anotó como contacto a Victoria Villarruel en el cuaderno en el que preparaba su defensa antes de afrontar el primer juicio en el que debió sentarse en el banquillo después de la reapertura de los procesos contra los genocidas en 2006. La información —dada a conocer por la abogada querellante Guadalupe Godoy— refuerza la denuncia sobre los vínculos con los represores de la última dictadura de la candidata a vice de Javier Milei.
Antes de afrontar el juicio, Etchecolatz diseñó su estrategia defensiva. Entre las tareas que registró estaba el contacto con Villarruel y con Cecilia Pando, conocida por su defensa de los acusados por crímenes de lesa humanidad. El nombre y el teléfono de Villarruel aparece junto con la sigla COFA, que es el Centro de Oficiales de las Fuerzas Armadas. Durante los primeros años de este siglo, las organizaciones pro-impunidad tenían una mesa de articulación que se reunía en el COFA.
Villarruel también aparece como una de las personas que visitaba a Norberto Cozzani en la cárcel. El “Beto” Cozzani era la mano derecha de Etchecolatz, su guardaespaldas. En el libro de visitas del penal de Marcos Paz, Villarruel aparece consignada después de Pando.
La información –difundida por Godoy, referente en los juicios de lesa humanidad de La Plata– es parte de la documentación que se secuestró en un allanamiento que se llevó adelante en el penal de Marcos Paz después de la desaparición de Jorge Julio López, ocurrida un día antes de que el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata condenara a Etchecolatz a prisión perpetua.
En ese momento, se supo que había un estándar distinto para las visitas a los presos por lesa humanidad en el Servicio Penitenciario Federal: podían entrar con celulares, no hacían la misma fila que los detenidos comunes e incluso había anomalías en los registros. Mucho de esto surgió en un allanamiento secreto que llevó adelante en Marcos Paz la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) comandada por Marcelo Sain.
Después de la desaparición de López, referentes de organismos de derechos humanos pidieron que se investigara a los grupos que se organizaban para perpetuar la impunidad de los crímenes de lesa humanidad. En 2006 fue especialmente activa la presencia de los sectores que se llamaban de "memoria completa" contra el avance de los juicios. Por ejemplo, organizaban marchas nutridas en la Plaza San Martín mientras acudían a los juicios o se presentaban en las cárceles para coordinar la defensa con los genocidas presos.
"Una de las cosas que reclamamos desde el colectivo de derechos humanos –que llevamos adelante el juicio contra Etchecolatz y la causa por la desaparición de López– es que no queríamos que únicamente cuidaran a los testigos, sino que identificaran a los sectores pro-genocidas que estaban tratando de sostener la impunidad usando distintas herramientas", afirma Godoy. "En algún momento este sector decidió que las caras visibles fueran mujeres –Cecilia Pando o Karina Mujica–. Mujeres jóvenes que copiaron, de alguna manera, el pañuelo, nuestro modelo de derechos humanos. En el caso de Villarruel no estamos hablando de negacionismo. Estamos hablando de una actitud proactiva, que se ve en estos documentos como una militancia actividad para sostener la impunidad de quienes llevaron adelante el genocidio", sostiene.
La diputada del FIT-U Myriam Bregman, que también actuó como abogada querellante en el juicio contra Etchecolatz, sostiene que hay una línea de conducta en el comportamiento de Villarruel. "Nos viene atacando hace años porque siempre defendimos a las víctimas del genocidio perpetrado en nuestro país. Los grandes empresarios, el poder económico para el cual hoy se propone gobernar junto con Javier Milei, son los mismos que estuvieron detrás de la dictadura", dice.
En 2006, Villarruel conformó el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), que busca sentar en el banquillo a los militantes de los años '70. El Celtyv es una derivación de otra organización: la Asociación Unidad Argentina (Aunar), cuyo dirigente máximo fue Fernando Exequiel Verplaetsen, que fue el jefe de inteligencia del Comando de Institutos Militares con asiento en Campo de Mayo. Según el diario La Nación, Aunar era una organización "procesista" por los reclamos que hacían a las autoridades. En 2003, Aunar puso el grito en el cielo cuando Néstor Kirchner decidió dejar sin efecto el decreto de Fernando de la Rúa que impedía extraditar a represores reclamados por jueces en el exterior --particularmente por Baltasar Garzón en España.
Pero la trayectoria de Villarruel no comenzó ahí.
Vínculos non-sanctos
Cozzani –como recuerdan los periodistas Werner Pertot y Luciana Rosende en Los días sin López–había escrito un panfleto celebratorio de su accionar durante la dictadura, Yo asumo, que fue presentado por Karina Mujica, entonces dirigente de la Asociación Argentinos por la Memoria Completa. Según el marido de Pando, Pedro Rafael Mercado, la militancia pro-impunidad de Villarruel comenzó en las huestes de Mujica, pero después se pelearon.
Para finales de 2001 empezaron una serie de reuniones que llevaron a que en 2003 –tras la llegada de Néstor Kirchner al gobierno– se conformara Jóvenes por la Verdad. Este grupo procuraba apoyar a los genocidas: juntaban cartas para el represor de la ESMA Ricardo Cavallo mientras estaba preso en España u organizaba visitas al dictador Jorge Rafael Videla. El propio Mercado contó en un posteo de Facebook que él conoció a Videla a través de Villarruel. Para entonces, Villarruel conducía el programa de radio de Jóvenes, que se llamaba Proyecto Verdad.
En la época de la visita a Cozzani, Villarruel solía codearse con Pando. De acuerdo con la versión de Mercado, fueron juntas a la Casa Rosada el 8 de marzo de 2006, cuando Pando interrumpió a grito pelado un discurso de Kirchner por el Día de la Mujer.
El matrimonio Pando-Mercado suele recordarle a Villarruel otro vínculo con otro ilustre integrante de la patota de la ESMA: Alberto Eduardo González, conocido en el campo de concentración de la Marina como el “Gato” o “González Menotti”. González –condenado a prisión perpetua– es historiador de la Marina, como el abuelo materno de Villarruel, y escribió cuatro libros, según declaró en una indagatoria. Pando dice que los libros que publicó Villarruel fueron escritos, en realidad, por González. Este diario consultó con el defensor de González, Guillermo Fanego, quien reconoció el vínculo con Villarruel, aunque desestimó la coautoría.
Como publicó Página/12, Villarruel actualmente es presidenta honoraria de Oíd Mortales, que es el nombre que asumió el año pasado la Fundación Tridentina para los Valores Clásicos. La Fundación Tridentina había sido conformada en 2011 por Gustavo Corbi, un teólogo que estuvo a cargo de la sección Religión de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) durante los primeros meses de la dictadura de Videla.
¿Nada que ver con lesa?
En una entrevista en Crónica TV de la semana pasada, Villarruel descalificó las versiones que la tildan de negacionista. La abogada explicó que dedicó los últimos 20 años a la representación de quienes sufrieron ataques del "terrorismo", como ella califica a las organizaciones político-militares de los años '70, y que el Celtyv es una organización únicamente de víctimas. "Una forma de ponerle un manto de dudas es relacionarme directamente a mí con los juicios de lesa", dijo la diputada de La Libertad Avanza.
Según Villarruel, su única relación con los procesos contra los genocidas fue haber declarado en una oportunidad como testigo de concepto --no dijo en qué juicio ni convocada por qué parte, aunque se descuenta que habrá sido una defensa--. No mencionó lo que reveló Godoy: que era una fuente de consulta de Etchecolatz o que visitaba a Cozzani en la cárcel.
