La Justicia de Mendoza imputó y detuvo a la ex administradora del Instituto Antonio Próvolo, a la que consideró “partícipe primaria en la omisión de garante” en los delitos de abuso sexual cometidos en el establecimiento, y por los cuales ya están detenidos dos curas, una monja y tres empleados. Graciela Pascual fue detenida en su casa, luego de que el fiscal Gustavo Stroppiana formalizara la imputación. El abogado querellante Oscar Barrera explicó que “ella callaba y permitía que los hechos se concretaran con total impunidad”, y que ese tipo de conducta “garantizaba el silencio” acerca de lo que sucedía en el Instituto ubicado en Luján de Cuyo al que concurrían niños hipoacúsicos.
De acuerdo con Barrera, la investigación ya acreditó que “no era cualquiera de los chicos sordos los que eran abusados” sino que “eran especialmente quienes no tenían comunicación con sus padres”. “Se garantizaba el silencio y la participación de esta persona está relacionada con esto. Ella callaba y eso permitía que los hechos se concretaran con total impunidad”, informó el abogado.
La querella reconstruyó que Pascual, que quedó detenida en la cárcel de mujeres de Agua de las Avispas, en Cacheuta, tenía “mucha vinculación con (Nicolás) Corradi”, en referencia al cura de 82 años que cumple prisión domiciliaria por esta causa. Por eso, señaló, la detención de la ex administradora legal del Próvolo da cuenta de la acción sistemática que existía en el establecimiento “respecto de los hechos que sucedieron, cómo se fueron cometiendo, la garantía que tenían de encubrimiento, cómo se fueron generando los abusos y la selección de las víctimas”.
