Jorge Rafael Videla estaba en la cárcel cuando le dijo a una revista española que su peor momento había llegado con el arribo al gobierno de Néstor y Cristina Kirchner. “(Raúl) Alfonsín cumplió a su manera. (Carlos) Menem llegó después a la presidencia y también, a su forma, cumplió a través de los indultos y los perdones. Ahí llegamos al matrimonio Kirchner, que vuelve a retrotraer todo este asunto a la década de los setenta”. Un año después de fallecido Videla –emblema del genocidio de la última dictadura–, una abogada de 39 años que se había entrevistado con él en varias oportunidades hizo un diagnóstico similar. “Esta negociación se rompe a partir de 2003, cuando los Kirchner reabren el juzgamiento contra los agentes del Estado. Entonces, inevitablemente deberían haber también reabierto la posibilidad a las víctimas del terrorismo para llevar a juicio a los ex terroristas”, reclamó. La abogada en cuestión es Victoria Villarruel, actual candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza (LLA), la fuerza política que recogió más votos en las primarias de agosto.
En 2014, Carlos Maslatón conducía el programa Realpolitik en FM Identidad e invitó a Villarruel a presentar el libro Los otros muertos, que firmó junto con Carlos Manfroni –quien después se convertiría en funcionario de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad. Para entonces, Maslatón y Villarruel compartían un proyecto político. Los dos integraban la lista Bloque Constitucional, que disputaba un lugar en la conducción del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y una silla en el Consejo de la Magistratura. Entonces, Maslatón no la consideraba “procesista” a Villarruel y decía que era una “abogada de derechos humanos en serio”.
Durante el reportaje –que se extendió durante casi una hora–, Villarruel despotricó contra los Kirchner y dejó en claro que la presentación de denuncias contra integrantes de organizaciones político-militares de izquierda fue una reacción a la reapertura de las causas contra los represores de la última dictadura. La abogada incluso relató que el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), que ella fundó, había intentado forzar la anulación del indulto de Mario Firmenich, líder de Montoneros, a través de una presentación que había hecho en la causa por el secuestro del ejecutivo de la Mercedes Benz Heinrich Franz Metz. Sin embargo, la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado rechazó la maniobra.
“El terrorista cuando accede al poder hace dos acciones principales”, se explayó Villarruel. “La primera es la de garantizarse su propia impunidad y la segunda es reescribir el pasado”, completó sin esconder su inquina. La abogada –que durante toda la charla evitó usar frases como “terrorismo de Estado” que sí empleaba su interlocutor– acusó al Estado argentino de estar cometiendo delitos de lesa humanidad.
Curioso para alguien que se refiere a la dictadura como “gobierno de facto” –en línea con la acordada de 1930 de la Corte Suprema que convalidó las irrupciones militares en la vida política argentina– o como “conflicto armado interno”. Cuando se puso cómoda Villarruel, dijo que ella había nacido en 1975. “Soy del ‘75, el año más sangriento de la historia de los ‘70”, dijo, olvidándose que, al año siguiente, la dictadura instaló cientos de centros clandestinos para desaparecer a miles de personas –después de torturarlas, violarlas, asesinarlas o tirarlas vivas al mar.
La impugnación al Nunca Más
Antes de que llegara Villarruel al estudio, Maslatón hizo una larga perorata sobre la responsabilidad de las organizaciones guerrilleras en la llegada de la dictadura. “Los culpables del golpe militar son ellos”, insistió. Sin embargo, reivindicó la política de juzgamiento de Alfonsín –que ordenaba enjuiciar a los integrantes de las cúpulas guerrilleras y a los miembros de las tres primeras Juntas Militares a través de los decretos 157 y 158 de 1983.
Villarruel no estaba de acuerdo. Ella situó el problema del alfonsinismo en la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) –que justamente buscaba dar respuestas sobre los desaparecidos. La abogada criticó que no se hubiera investigado los “crímenes” de las organizaciones de izquierda y afirmó que su segundo libro, Los otros muertos, iba a suplir esa ausencia. “Vendría a ser el Nunca Más de las víctimas del terrorismo”. Según ella, la investigación para el libro le había demandado cinco años.
La impugnación al Nunca Más es de larga data dentro de la familia militar. Un día después de que se televisó el informe Nunca Más –un adelanto de lo que sería la presentación de la Conadep–, Familiares y Amigos de los Muertos por la Subversión (FAMUS) fue a pedirle a Antonio Troccoli, ministro del Interior de Alfonsín, que le diera un espacio similar para presentar su “verdad” ante la sociedad.
FAMUS existió, al menos, entre 1983 y 1991. Se desintegró después de los indultos de Menem –que habían sellado esa “negociación” política de impunidad de la que habla Villarruel y que se rompió con la llegada al gobierno de Néstor Kirchner. Según un sobreviviente de la dictadura, Gustavo Contepomi, la sigla FAMUS fue una creación del represor Ernesto “Nabo” Barreiro en el campo de concentración de La Perla e incluso mandó a imprimir panfletos con ese nombre ante la visita de la funcionaria estadounidense Patricia Derian a Córdoba.
Hay más coincidencias entre Villarruel y Famus. Esa organización editaba una revista, Tributo, en la que daba números de los “actos terroristas”. En esa época –según reconstruyeron los investigadores Sandra Gayol y Gabriel Kessler– FAMUS denunciaba 17.468 actos de las organizaciones “terroristas” entre 1969 y 1979. En el libro de Villarruel, más de 20 años después, se habla de 17.382 “víctimas del terrorismo”.
La impugnación al Nunca Más es constitutiva también de la Asociación Unidad Argentina (Aunar), que en septiembre de 1997 publicó Subversión: la historia olvidada. “Aunar esencialmente se expresa para quienes no vivieron o conocieron los hechos en forma directa o contemporánea, brindándoles la otra voz de la verdad contra el anestesiante compendio del ‘Nunca Más’ de la Conadep y de la propaganda oral, escrita o televisiva con que se pretende sepultar la verdad histórica”, puede leerse en su prólogo.
Villarruel militó en Aunar, como tuvo que reconocer al declarar como testigo en un juicio de lesa humanidad. Aunar estaba integrada por militares que actuaron en la represión. Su principal referente fue Fernando Exequiel Verplaetsen, jefe de inteligencia del Comando de Institutos Militares con asiento en Campo de Mayo. En 2006, Aunar decidió conformar una rama “especializada”: así se creó el Celtyv, que quedó en manos de Villarruel. Aunar, como ya publicó este diario, se incorporó formalmente a la nueva entidad a través de Jorge Alberto Scrigna.
Una obsesión llamada Walsh
En sus libros, Villarruel no consigna haber entrevistado fuentes militares. Ése fue el argumento que dio en el debate del 20 de septiembre cuando Agustín Rossi le preguntó por sus encuentros con Videla –que habían salido a la luz por un posteo de Pedro Mercado, marido de Cecilia Pando. En una entrevista en La Nación Más, Villarruel después afirmó que había visto al dictador “con furia” dos o tres veces. El padre de la candidata a vice de LLA era conocido, tal como surge de su legajo, de Mario Jaime Sánchez, que llegó a ser secretario privado de Videla.
En el reportaje de 2014, Villarruel se quejó porque una estación de subte llevara el nombre de Rodolfo Walsh, a quien únicamente definió como “oficial montonero”. Olvidó que era periodista, escritor y víctima del terrorismo de Estado. En ese momento, Maslatón empatizó con su interlocutora:
--Es como ponerle Almirante Massera a una estación u a otra estación, Triple A, imaginate. Otra, General Camps. ¿Estaría lindo hacer eso?-- se despachó el presentador.
