La inmigración descontrolada es presentada por Polonia como la gran amenaza a la seguridad europea que Bruselas no sabe entender, pero una trama de corrupción desatada en la diplomacia polaca, que supuestamente vendió ilegalmente más de 250 mil visados, pone en entredicho el papel de Varsovia como "guardián de Europa". Los planes de reubicación de inmigrantes propuestos por Bruselas convertirían, en palabras del primer ministro polaco Mateusz Morawiecki, "a las calles polacas en campos de batalla" y darían lugar a "imágenes como las de París pero en Varsovia", en relación a los disturbios registrados en la capital francesa.
Varsovia se arrogó el papel de "guardián de la frontera oriental de la Unión Europea" al custodiar la frontera con Bielorrusia y la construcción, completada hace poco, de un muro de vigilancia con un sistema electrónico que costó más de 350 millones de euros. Una barrera similar está en proceso de construcción a lo largo de la frontera con el enclave ruso de Kaliningrado, al norte.
Las actuaciones de la Guardia Fronteriza polaca y de la agencia europea Frontex que, con sede en Varsovia, vigila las fronteras exteriores de la Unión Europea, fueron criticadas en varias ocasiones por llevar a cabo devoluciones "en caliente", tratar con brutalidad a inmigrantes y refugiados y obstaculizar la labor de organizaciones humanitarias. Son "tontos útiles que benefician a Moscú", en palabras de Morawiecki.
El peligro que pueda suponer la llegada de cientos de miles de inmigrantes a Polonia llevó al derechista Ley y Justicia, que gobierna el país desde 2015, a plantear un referendo junto a las elecciones generales del 15 de octubre, en el que se les harán a los polacos dos preguntas sobre este tema. "¿Está usted a favor de eliminar la barrera en la frontera entre la República de Polonia y la República de Bielorrusia?"; y "¿apoya la admisión de miles de inmigrantes ilegales procedentes de Oriente Medio y África, de acuerdo con el mecanismo de reubicación forzosa impuesto por la burocracia europea?".
¿Qué pasó con los visados?
Esta retórica, alimentada de manera consistente desde el Ejecutivo y su entorno, quedó en entredicho al descubrirse una trama de venta de visados que usó a la red diplomática polaca en varios países, precisamente de Oriente Medio, África y Asia. Ese ardid sirvió en teoría para que más de 250 mil personas de esas regiones consiguieran visados Schengen de manera ilegal.
Según los detalles publicados por la prensa polaca todo empezó con la mediación de Edgar K., un joven de 25 años que, con permiso expreso del viceministro de Relaciones Exteriores Piotr Wawrzyk, eligió a un grupo de trabajadores extranjeros para emplearlos en la empresa de su padre mediante un proceso preferencial que los eximía de realizar trámites.
Meses después Edgar K., que fue nombrado embajador de la juventud polaca para las Naciones Unidas, extendió sus actividades como facilitador a gran escala y participó en un entramado de entrega de visados a cambio de dinero en países como Egipto, Nigeria, Jordania, Uzbekistán, Tayikistán o la India, entre otros.
En los correos electrónicos que supuestamente reenviaba a diario Wawrzyk a las embajadas correspondientes figuraban decenas de nombres de personas que habían accedido a pagar una cantidad que iba de los tres mil a los seis mil euros que, como pantalla, iban a parar a empresas subcontratadas por las embajadas polacas para gestionar el proceso de adjudicación de visados.
152 mil de las personas que solicitaron y consiguieron un visado de trabajo polaco en 2021 jamás llegaron a buscar empleo en Polonia, y al año siguiente hubo 82 mil casos similares. El flujo de inmigrantes con visado polaco que terminó en Estados Unidos o Alemania llevó a estos gobiernos a pedir explicaciones a Varsovia a través de sus embajadas, lo que contribuyó a destapar el escándalo.
Warwrzyk fue forzado a renunciar y es uno de los siete investigados por un caso cuyos extremos aún están por descubrirse. Aunque hasta el momento el escándalo parece haber afectado poco a la intención de voto de los polacos, lo cierto es que la imagen internacional de Polonia como abanderada de la lucha contra la migración ilegal quedó en duda. Para el líder de la oposición, Donald Tusk, se trata de "el mayor escándalo de corrupción en Polonia del siglo XXI".
La comisaria europea de Asuntos de Interior, Ylva Johansson, envió una carta pidiendo explicaciones al Ejecutivo polaco, que tiene hasta el tres de octubre para responder. Y el canciller alemán Olaf Scholz pidió a Varsovia que esclarezca con rapidez la situación considerando la posibilidad de que muchos de los migrantes que adquirieron esos visados de forma irregular se hayan desplazado después a otros países del espacio Schengen. Desde Varsovia le exigieron que "no se meta en los asuntos internos de Polonia".
El gobierno polaco prepara desde hace tiempo una ley que ampliaría el número de países cuyos ciudadanos podrán solicitar un visado a Polonia con menos trabas, con la mención especial de Irán, Emiratos Árabes o Nigeria. La llamada "ciudad container", un centro donde se alojan cerca de seis mil trabajadores mayormente extranjeros y que están empleados en una planta química de propiedad estatal en la ciudad de Płock, apenas fue publicitada por el gobierno polaco a diferencia de otras inversiones de mucho menor calibre.
