Un total de 4.838.000 hectáreas serán ordenadas y pintadas de rojo, amarillo o verde en la provincia en una reunión del Consejo Asesor del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), que tendrá lugar hoy, entre las 9 y las 15, en el Centro Cívico Grand Bourg. Si bien hoy se espera definir el mapa consensuado, recién en dos semanas más se prevé concluir el trabajo.

Será la conclusión de dos años de talleres y consultas que se realizaron con el propósito de que cerca de 120 organizaciones civiles puedan llegar al máximo consenso posible del mapa de OTBN, que se encuentra vencido desde 2014.

Mientras, desde la sanción de la Ley de Bosques, en 2007, hasta este año, hubo diversas estrategias que terminaron en la degradación del ambiente y al día de hoy continúan los desmontes ilegales.

Ayer, en un encuentro realizado para periodistas, integrantes del Equipo Técnico a cargo de este ordenamiento explicaron cómo se llevará el adelante la jornada de hoy.

En primer lugar, se dividirán cuatro grupos con integrantes de las 120 asociaciones civiles (que involucran desde ambientalistas, pasando por pequeños productores, a grandes productores) que participan en el Consejo Asesor del OTBN. Cada grupo tiene una visión más o menos compartida respecto de los conceptos de: conservación, cultura, producción y estado.

Según esa coincidencia, cada grupo valorará en una escala de entre 1 y 100 el valor que se le da a cada sector de la provincia en los colores rojo (conservación total), amarillo (que permitirá algunas tareas productivas bajo condiciones de reparación del ambiente) y verde (de producción).

La valoración de cada color será cargada en el software. Este hará los cálculos correspondientes y lanzará la cantidad de hectáreas que quedan en cada color según las zonas. Y esos resultados deberán pasar otros “filtros” técnicos. Uno de ellos será la reducción de riesgo de cuenca.

De allí se prevén cuatro mapas que aportarán al mapa final. Primero se definirá por la mayoría de coincidencias. En caso de que haya un empate de coincidencias, cada zona será valorada desde el criterio técnico de base que está en el programa.

La cantidad de hectáreas que puede quedar en verde (la zona para producción y desmontes) “no es más de un poco más de un millón”, dijo el integrante del Equipo Técnico del Instituto de Investigaciones de Tecnología No Convencional (INENCO) de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), Lucas Seghezzo.

Mientras, las zonas amarillas son las que más espacio acapararán según el tipo de desarrollo que se pretenda realizar. Según la explicación que se dio en la conversación con periodistas ayer, y encabezada por el secretario de Ambiente, Jorge Aldazábal, el desarrollo en zonas amarillas se deberá realizar de manera diversificada y bajo parámetros que apunten a la recuperación del ambiente.

“Ya no nos quedan muy buenos suelos agropecuarios”, analizó por su parte el director general de Planificación Territorial de la provincia, Ignacio Goitia.

Un presunto poder de veto

Uno de los criterios que se pedía incorporar para hacer el mapeo es el valor y uso de cada zona por parte de comunidades indígenas y campesinas en las áreas boscosas o colindantes. Seghezzo explicó que si bien ese criterio quedó fuera de los otros 10 que se utilizaron para definir las zonas, existirá un “poder de veto” de estos grupos ante las presentaciones que se hagan para realizar proyectos productivos.

En este punto, mostró que todas las comunidades originarias y criollas que viven en zonas de producción aparecen en el mapeo cargado, y que los proyectos que tengan alguna incidencia en los lugares habitados por comunidades deberán tomar en cuenta las decisiones de estas poblaciones. 

Las zonas de incidencia de los grupos originarios tienen una delimitación aproximada de 18 kilómetros, y las de grupos criollos, de 5 kilómetros. La posibilidad de que las comunidades sepan e intervengan en esos procesos estará en manos a su vez de una comisión conformada por distintas áreas del gobierno provincial. 

Uno de los grandes problemas observados en este punto es la falta de fiscalización de la Secretaría de Ambiente para hacer cumplir la ley y evitar que el proyecto productivo se desvirtúe en perjuicio del ambiente, o directamente que haya actividades ilegales como los desmontes.